Corte Suprema comienza a ordenar la casa antes de la llegada de Chevesich

¡Hola! Bienvenidos a una nueva edición de +Política, cuando ya entramos en los últimos días de este 2025, un año marcado por el cambio de ciclo en el poder.

• La semana navideña fue intensa para el Presidente electo, quien sostuvo reuniones bilaterales con la Cancillería peruana y el mandatario de Ecuador. En Santiago, en tanto, José Antonio Kast visitó a la expresidenta Michelle Bachelet y recibió al Fiscal Nacional, Ángel Valencia, a la presidenta del Banco Central, Rossana Costa, y a la contralora general de la República. De hecho, Dorothy Pérez dejó invitado a Kast a una jornada de capacitación para las nuevas autoridades, la misma inducción a la que el Gobierno del Presidente Gabriel Boric declinó asistir en su momento. +Política accedió en exclusiva a los contenidos de dicha capacitación, parte de los cuales seguramente serán utilizados en la próxima jornada de inducción.

En paralelo,  la Corte Suprema aprobó un texto que regula el empleo a contrata en el Poder Judicial, lo que ha sido leído como una de las últimas jugadas de Ricardo Blanco para “ordenar la casa” antes del traspaso de mando a Gloria Ana Chevesich.

• Los comentarios de Irina Karamanos sobre María Pía Adriasola como futura primera dama reabrieron la discusión sobre el rol institucional de la esposa del presidente. En esta edición repasamos las principales obras y el legado de Leonor Oyarzún, Luisa Durán, Marta Larraechea y Cecilia Morel.
• En el plano internacional, el Gobierno fijó postura con respecto al despliegue militar en el Caribe. En una sesión extraordinaria del Consejo de Seguridad solicitada por Venezuela, la embajadora de Chile ante Naciones Unidas, Paula Narváez, manifestó el rechazo de nuestro país a cualquier acción armada que pueda poner en peligro la estabilidad y la paz de la región.

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Corte Suprema “ordena la casa” y redefine reglas para personal a contrata del Poder Judicial

Foto: Agencia UNO.

Restan pocos días para el cambio de mando en la Corte Suprema. El próximo 8 de enero, Ricardo Blanco cumple los dos años que establece la ley como presidente del máximo tribunal, dando paso a Gloria Ana Chevesich, quien se convertirá en la primera mujer en encabezar la Suprema.

• En un contexto marcado por una profunda crisis de legitimidad del Poder Judicial –que ya suma cuatro magistrados destituidos por el Senado–, la Corte Suprema ha comenzado a adoptar decisiones administrativas orientadas a “ordenar la casa”, según se comenta en los pasillos de tribunales.

En lo que algunos consideran una de las últimas acciones de Blanco, el Pleno del máximo tribunal aprobó un nuevo auto acordado que regula el empleo a contrata en el Poder Judicial, con el objetivo de corregir y reemplazar una normativa dictada en septiembre de este año que había generado reparos entre los gremios judiciales.

• El nuevo texto establece reglas claras sobre nombramientos, renovaciones, término anticipado y reasignaciones del personal a contrata, ajustando la regulación a la legislación vigente –especialmente a las leyes de presupuesto– y evitando eventuales afectaciones a derechos adquiridos de funcionarios y funcionarias con extensas trayectorias en esa condición.

De acuerdo con cifras de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, a agosto de 2025 existían 461 funcionarios titulares desempeñándose en cargos a contrata, de los cuales 157 acumulaban cinco o más años en esa calidad.

• Uno de los puntos centrales del nuevo auto acordado es la renovación automática de las contratas para quienes registren cinco años consecutivos en dicha condición y hayan figurado en lista de méritos durante ese período. En esos casos, la administración deberá tramitar la prórroga, incluso si el cargo se financia con recursos temporales, siempre que exista disponibilidad presupuestaria.

“La Corte Suprema busca ordenar un sistema tensionado”, comenta a +Política un conocedor del área administrativa de los tribunales. “Dar estabilidad a funcionarios con buen desempeño y reforzar criterios de transparencia y legalidad en la gestión de personas al interior del Poder Judicial”, agrega.

• La normativa también reafirma la incompatibilidad general entre cargos titulares y a contrata, estableciendo que quien sea titular y postule o asuma una contrata deberá renunciar previamente a su cargo de planta. No obstante, incorpora disposiciones transitorias que permiten mantener ambas calidades a quienes se encuentren en esa situación desde antes de 2016, así como a ciertos cargos directivos y proyectos especiales, bajo condiciones específicas.

Finalmente, el auto acordado introduce incentivos para la transición desde contrata a planta, otorgando preferencia en concursos de cargos titulares al personal con derecho a renovación automática, en igualdad de condiciones frente a postulantes externos.

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Control público, probidad y transparencia: los ejes de la capacitación de Contraloría a Kast

José Antonio Kast se reunió con la contralora general en la Oficina del Presidente Electo. Foto cedida.

El entonces contralor general, Ramiro Mendoza, fue el encargado de dar la bienvenida a la administración pública a los funcionarios del primer Gobierno de Sebastián Piñera en 2010. Lo propio hizo en 2018 el contralor Jorge Bermúdez, en una jornada que a esa altura proyectaba convertirse en una tradición institucional. Eso, hasta 2022, cuando la administración entrante de Gabriel Boric declinó asistir a la inducción preparada por el Centro de Estudios de la Administración del Estado de la Contraloría.

• Según se lee en el documento al que tuvo acceso +Política, el Programa de Inducción para Nuevas Autoridades 2022, que serviría como base de la nueva jornada de capacitación, tenía como propósito “fortalecer el ejercicio de la función pública mediante la promoción del control público, la probidad, la transparencia y el buen uso de los recursos del Estado”.

El eje conceptual del programa era lo que al interior del organismo se conocía como “Control público para una mejor democracia”, enfatizando el rol de la Contraloría como organismo autónomo encargado de controlar la juridicidad de los actos de la Administración del Estado.

• El contenido se estructuraba en torno a una serie de módulos y fichas temáticas, entre ellas: la Estrategia Nacional Anticorrupción y la Alianza Anticorrupción; la Radiografía de la Corrupción; el sistema de Declaraciones de Intereses y Patrimonio (DIP); el funcionamiento del Sistema de Información y Control del Personal de la Administración del Estado (SIAPER); la función jurídica de la Contraloría, dictámenes relevantes; y la función de auditoría.
• De acuerdo con el programa, el contralor realizaría una presentación general de las funciones del organismo, seguida de una revisión de dictámenes relevantes en materia de descentralización, gobiernos regionales, municipalidades y corporaciones, a cargo de la División Jurídica.

La capacitación reservaba además un bloque para temas específicos, como dictámenes sobre medio ambiente, obras públicas, urbanismo, educación, salud y equidad de género.

• Finalmente, la inducción dedicaba un segmento a las compras públicas, bajo los conceptos de eficiencia, eficacia y economicidad, así como al empleo público, destacando lo relativo a la confianza legítima y al rol de los funcionarios a honorarios.

Quienes conocen la interna de la Contraloría comentan a +Política que la actividad, programada inicialmente para fines de febrero, podría incorporar un segmento especial dedicado al análisis masivo de datos, a raíz del impacto generado por el Consolidado de Información Circularizada (CIC) y el Consolidado de Resultados de Auditoría (CRA), informes que advirtieron el uso irregular de licencias médicas y, más recientemente, desórdenes financieros en diversas reparticiones públicas.

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Fundación Integra, Sonrisa de Mujer, Museo Interactivo Mirador y Elige Vivir Sano: el legado de las primeras damas desde 1990

Foto: Agencia UNO.

Desde el retorno a la democracia, la figura de la primera dama ha mantenido un estrecho vínculo con la acción social del Estado en áreas como infancia, mujer, cultura, salud y familia. Sin embargo, la decisión de la expareja del Presidente Boric de desinstitucionalizar el cargo cerró un ciclo que ahora volverá a abrir María Pía Adriasola.

• El rol de la primera dama se inicia en 1990 con Leonor Oyarzún, esposa del expresidente Patricio Aylwin, quien sentó las bases de lo que luego se conocería como la Dirección Sociocultural de la Presidencia. Durante ese período, trabajó en la reorganización y fortalecimiento de la red de fundaciones ligadas a la Presidencia, consolidando, por ejemplo, la Fundación Integra, orientada a la educación parvularia de niños y niñas en situación de vulnerabilidad. Además, impulsó Prodemu, enfocada en la promoción y autonomía de las mujeres, y se creó la Fundación de la Familia, con énfasis en cohesión social y prevención.
• Durante el Gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Marta Larraechea incorporó con fuerza la cultura y la ciencia a la gestión de la primera dama. En ese ámbito, el legado más visible fue el impulso al Museo Interactivo Mirador (MIM), inaugurado en 2000 como un espacio pionero de divulgación científica. Otro eje relevante fue el envejecimiento: Larraechea lideró el Comité Nacional para el Adulto Mayor, antecedente directo del actual Senama, y promovió políticas tempranas en favor de la primera infancia.
• Con Luisa Durán, durante el mandato de Ricardo Lagos, el rol adquirió un sello cultural y de inclusión social. Uno de los programas más recordados es Sonrisa de Mujer, orientado a mejorar el acceso a atención odontológica para mujeres de bajos recursos. Asimismo, se fortalecieron fundaciones emblemáticas como la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles (FOJI), Artesanías de Chile y Chilenter, centradas en educación musical, rescate patrimonial e inclusión digital.
• Finalmente, Cecilia Morel, esposa de Sebastián Piñera, ejerció el rol en dos períodos (2010-2014 y 2018-2022). Durante esos años impulsó el programa Elige Vivir Sano, enfocado en promover hábitos de vida saludable mediante alianzas público-privadas y, posteriormente, lideró Adulto Mejor, que tuvo como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas mayores, promoviendo su autonomía, participación social y envejecimiento activo.

El rol de María Pía Adriasola aún se encuentra en etapa de definiciones. Al interior de la Oficina del Presidente Electo comentan que una de las áreas que se barajan es abordar el significativo número de niños en edad escolar que no están matriculados, lo que podría convertirse en un foco activo de su gestión.

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Chile manifiesta “preocupación” por operaciones militares en el Caribe y cuestiona legitimidad del régimen de Maduro

Paula Narváez, embajadora de la Misión Permanente de Chile ante la ONU. Foto: Cancillería.

Nueve países de la región, incluido Chile, participaron como invitados en una sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, realizada el 23 de diciembre a solicitud de Venezuela.

• La embajadora de Chile ante Naciones Unidas, Paula Narváez, expresó la “profunda preocupación” del país por el despliegue de operaciones militares a gran escala en el Caribe y manifestó el rechazo de Chile a cualquier acción armada que pueda poner en peligro la estabilidad y la paz de la región.

En su alocución, la embajadora reafirmó el apego de Chile a los principios fundamentales del orden internacional, subrayando la necesidad de respetar “el derecho internacional, la soberanía y la integridad territorial, la solución pacífica de las controversias” y la “prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza”.

• No reconoce al régimen de Maduro. Respecto de la situación política en Venezuela, Narváez reiteró la posición que el Gobierno del Presidente Boric ha mantenido de forma constante: “Chile no reconoce la legitimidad del actual régimen encabezado por el señor Nicolás Maduro”, citando como fundamento “la ausencia de condiciones democráticas, garantías electorales y respeto pleno al Estado de derecho”.

No obstante, la declaración enfatizó que esta postura no implica desconocer el sufrimiento de la población, ya que la política exterior chilena se orienta “siempre a la defensa del pueblo venezolano, cuyos derechos y dignidad deben situarse en el centro de cualquier consideración internacional”.

• Frente a este escenario, el Gobierno chileno pone especial énfasis en los riesgos de una eventual confrontación armada. Una escalada militar, advirtió la embajadora Narváez, tendría “consecuencias humanitarias devastadoras”, profundizando el sufrimiento de la población civil y agravando “las dinámicas de desplazamiento, inseguridad y vulnerabilidad”. Por ello, Chile ha sostenido que “cualquier diferencia debe abordarse exclusivamente a través de medios pacíficos”.

Finalmente, la posición chilena también destacó el valor del multilateralismo como herramienta de prevención de conflictos.chat

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