Atrapado sin salida: la encrucijada del Director General de la PDI

¡Hola! La política no para, tampoco en Semana Santa. La carrera es contrarreloj y la estrategia por inundar la zona sigue adelante, aunque sin garantizar salvavidas contra el propio anegamiento.

Eso fue lo que pasó esta semana, con la fallida remoción de Priscilla Carrasco, directora de SernamEG, a quien se le solicitó su renuncia –pese a estar en tratamiento oncológico– y luego se la puso en pausa tras la presentación de una licencia médica. El nuevo traspiés del Gobierno se suma a la falsa tesis del Estado en quiebra durante la semana pasada y al repliegue en el recorte del presupuesto en Seguridad.

• En los primeros casos el responsable es el mismo: Cristián Valenzuela, el encargado de las comunicaciones de La Moneda, quien prepara junto a su equipo una nueva agenda de copamiento enfocada precisamente en seguridad, en donde recibieron fuego amigo tras frustrada intención de reducir presupuesto en el combate contra el crimen organizado.
• El foco ahora estará puesto en reformas a la justicia militar y bajadas comunicacionales a las auditorías que prometen salir a la luz en los próximos días. Estos temas, por cierto, son parte de la estrategia del Gobierno para recuperar la agenda e integran el repertorio de esta nueva edición de +Política.

Quien tampoco la ha tenido fácil es Eduardo Cerna, el director de la PDI, quien enfrenta una dura encrucijada ad portas de su visita el lunes a la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputadas y Diputados. Todo indica que él será el encargado de asumir el costo político del desaguisado provocado por la ministra Trinidad Steinert. Atrapado sin salida es el título que mejor sintetiza esta trama en donde el jefe policial en ningún escenario sale bien parado.

• Para cerrar, dos temas candentes. El primero es sobre el hackeo a la cuenta de X del Presidente José Antonio Kast, un ciberataque en pleno debate sobre los recortes en seguridad, y el segundo aborda la carrera sin retorno de Bachelet a la ONU, pese a la negativa del Mandatario de apoyarla, cuya trastienda te la contamos in situ con lujo de detalles.

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Atrapado sin salida

Un exintegrante del alto mando de la PDI define de este modo, aludiendo al título de la película que lanzó al estrellato a Jack Nicholson, el escenario que enfrentará el actual director de dicha institución, Eduardo Cerna, cuando comparezca el lunes ante la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja: negro o muy negro.

• “Si él tenía alguna intención de contar los hechos tal como fueron, quedó sin espalda política cuando el Presidente Kast dijo que la renuncia de la subdirectora Consuelo Peñafue resorte de Cerna”, agrega otra fuente, respecto del problema en el cual está metido el director de la policía civil, que se reduce a salir a confirmar la versión oficial –según la cual fue él quien cursó la renuncia de Peña, después que esta removiera a los detectives favoritos de la exfiscal y ahora ministra Trinidad Steinert– o simplemente  negarla.

La primera opción es la más sensata desde la perspectiva de la supervivencia, señalan personas de su entorno, las cuales apuntan a que, si Cerna dice que el despido de Peña fue efectivamente producto de la presión de Steinert –como todo lo indica–, no solo estará golpeando a la ya debilitada ministra, sino que lo realmente complejo es que estaría desmintiendo al Presidente Kast “y eso es la crónica de una muerte anunciada”, apunta otro policía.

Ante esta compleja situación –al menos hasta este fin de semana–, todo indica que eso será precisamente lo que hará Cerna: asumir el costo político de lo ocurrido.

• Sin embargo, hay un margen de duda, muy pequeño, que dice relación con la compleja situación interna que se vive en la PDI, donde el propio Cerna ha sido constantemente atacado por medio de mensajes anónimos difundidos por WhatsApp y atribuidos a “Los Lobos” (exoficiales de Narcóticos, incluyendo a varios de alta graduación, llamados a retiro por el director), grupo al cual pertenecen los oficiales de la Policía de Investigaciones de Iquique que trabajaban con Steinert en el caso contra el “Clan Chen”.

De hecho, los problemas con “Los Lobos” de Iquique comenzaron antes incluso del operativo que se ejecutó en enero, pues Consuelo Peña les desmontó el plan de allanamientos que tenían, para evitar que el grupo comandado por Mauricio Fuentes (sindicado como alguien muy cercano a la actual ministra) y Juan Flores pudiera allanar viviendas donde se sospechaba que había mucho dinero en efectivo.

• Tras la diligencia, que culminó con casi 50 detenciones y el allanamiento de 73 inmuebles, los cuatro oficiales cercanos a la entonces fiscal fueron trasladados a distintas partes del país, debido a la existencia de un informe de la contrainteligencia de la PDI, el que, sin embargo, no ha sido judicializado.

Internamente tampoco se cree que eso pueda ser investigado, dado que el actual inspector general de la institución, de quien depende todo el Departamento V de Asuntos Internos, es muy cercano a Flores, a tal punto que incluso lo tuvo trabajando en la Dirección de Personal de la institución durante un tiempo.

• Todo lo anterior es sabido al interior de las filas policiales y no son pocos los detectives que esperan que el director salga –literalmente– a poner el pecho a las balas y que, aunque le termine costando el cargo, por el bien de la credibilidad de la institución explique sin omisiones lo que sucedió con la salida de Peña y, además, que ponga a disposición del Ministerio Público los antecedentes recopilados por la contrainteligencia respecto de los funcionarios cercanos a Steinert, a fin de que sea la Fiscalía la que determine si hubo o no delitos.

Más allá de estos entretelones, la mera comparecencia de Cerna en el Congreso lo expone al tironeo político de los parlamentarios, un escenario que expertos en seguridad consideran perjudicial: una policía tensionada y su jefe bajo presión y a merced de “Los Lobos”, son situaciones que abren espacio al avance del crimen organizado.

Operación Retorno: el plan del Gobierno para volver a controlar la agenda

Los números no mienten. La gente está irritada por el “bencinazo” y el 64% de los ciudadanos desconfía del relato oficial sobre el alza de los combustibles. Un mensaje que en política suele decodificarse cambiando de tema, sobre todo cuando el control de la conversación se pierde. Y eso es exactamente lo que el el gobierno del Presidente Kast ha ordenado con su “Operación Retorno”, estrategia que busca volver a controlar la agenda.

El plan apunta a enterrar el precio del petróleo bajo una batería de proyectos de seguridad y orden público –temas donde el Gobierno se siente a sus anchas–, buscando desprenderse de la imagen que ha predominado estas últimas semanas: la de una administración fría e indolente.

• Para sacudirse de esta impronta, el Gobierno pretende reforzar el relato económico –“no hay plata para subsidios porque los anteriores nos dejaron el Estado en la ruina”– con una nueva épica de “coraje civil”, concentrada en conceptos como patria, orden, seguridad extrema y control migratorio, pero sin dejar atrás el mantra sobre la “cruda verdad” económica.

Cambio de eje estratégico. El plan será visible tras Semana Santa, apostando a que la relevancia del orden público desplace el malestar por el “bencinazo”. El núcleo de esta ofensiva incluye medidas de alto impacto, como reponer la aplicación del Código de Justicia Militar en Estados de Emergencia, impulsar nuevas Reglas del Uso de la Fuerza (RUF), replicar el modelo salvadoreño en casos de criminales violentos y recuperar el control de los liceos, exigiendo a los padres la firma obligatoria de reglamentos de convivencia.

Redefinición del relato. Para neutralizar la imagen de un Mandatario desconectado de la realidad doméstica –como el despido de la directora de SernamEG en tratamiento contra el cáncer–, el diseño gubernamental propone pasar de la “batalla cultural” a la “batalla social”. Ante la “fuerte estrechez fiscal” heredada, el mensaje apunta a que el dinero no puede destinarse a agendas de género o derechos LGBTQ+, buscando transformar la percepción de insensibilidad en un acto de “honestidad” que prioriza a los más pobres y desposeídos.

Auditorías de choque. Para validar el ajuste fiscal y el fin de subsidios al Mepco, el Gobierno utilizará las auditorías a la gestión anterior como una herramienta política, apuntan observadores. El objetivo será transmitir que el Estado quedó “en la ruina”, sirviendo de bálsamo social para justificar por qué no se pueden frenar las alzas de precios inmediatas. Como contraparte, el Ejecutivo apostará por la reactivación, destrabando proyectos por más de US$ 20.000 millones para generar empleo formal, por ejemplo, iniciativas de energía renovable como los parques eólicos Rinconada y Los Coihues.

Ofensiva migratoria. El retorno a los pilares fundacionales incluye una nueva ofensiva migratoria que transitará hacia un “sistema continuo de expulsión” masiva, evaluando traslados por tierra para optimizar recursos. La estrategia buscaría “asfixiar” la vida cotidiana de los irregulares, prohibiendo arriendos a quienes no tengan documentos, para forzar su salida voluntaria del país.

Según fuentes oficialistas, la nueva apuesta del Gobierno descansa en la percepción de que la ciudadanía privilegiará, en un escenario de rudeza económica, la imagen de un líder “duro y honesto” que los protege contra la delincuencia y la migración. Una tesis que, por cierto, debe encontrar un correlato en su implementación, una faceta donde la nueva administración no ha estado fina y ha debido enfrentar gruesos errores.

Cristián Valenzuela, la estrategia del “titiritero” tras las auditorías

En el trazado de la cuenta regresiva, instalada por el propio José Antonio Kast durante su campaña, se prevé que las primeras auditorías al aparato público comiencen a aparecer a contar de la segunda semana de abril. Con esto, se cumple una de las fases iniciales del diseño que busca instalar el denominado Gobierno de Emergencia.

• La lógica detrás de las auditorías pretende convertir estas indagatorias en una prueba fehaciente –o chivo expiatorio, según se mire– que justifique una intervención mayor en el aparato público. Una medida que ha pretendido instalar una retórica del descalabro, buscando higienizar el Estado de parásitos y malas prácticas.

La estrategia es fundamental para recuperar el orden y, en ese ideal portaliano, es donde el Ejecutivo pone todas sus fichas. Para esto –dicen cercanos a la nueva administración–, hay que mantener la tensión para justificar el reordenamiento, que no es otra cosa que la puesta en práctica de un planificado diseño comunicacional que tiene a las auditorías como uno de sus principales caballitos de batalla.

• Y es en este clima de urgencia –o doctrina de shock– donde el nombre de Cristián Valenzuela, asesor del Segundo Piso en el Gobierno de Kast, figura como el articulador.
• El hombre detrás de la tesis del “Estado en quiebra” y la minuta que calificó el cáncer de la exdirectora del SernamEG como un asunto privado –dos instancias que obligaron al Gobierno a recular–, será el encargado de generar las bajadas comunicacionales sobre las distintas auditorías que se presume comenzarán en los ministerios de la Mujer, Justicia y Vivienda, buscando no solo eventuales forados económicos sino sobre todo responsabilidades políticas.

Al margen de que las indagatorias puedan o no arribar a la justicia, se estima que lo principal es mantener la narrativa de crisis y, a partir de este relato, justificar otro aspecto no menor: el recorte de programas sociales, relacionados con pueblos originarios y otros con perspectiva de género. Esto, buscando matar dos pájaros de un tiro: cumplir con el recorte presupuestario del 3% y eliminar todo vestigio de cultura woke en el Gobierno.

• Aunque las auditorías parecen ser piezas fundamentales para sostener la agenda de copamiento, tampoco está claro si van a aportar antecedentes nuevos a la hora de iniciar una investigación. 

Aunque en la oposición apuestan al agotamiento en la estrategia de “inundar la zona” –particularmente por los efectos del anegamiento en el propio Gobierno–, en el oficialismo apuntan a mantener la táctica más allá de cualquier decaimiento, por una razón que a estas alturas ya forma parte del leitmotiv de la neopolítica: el ocaso de la “dictadura” de los acuerdos y el advenimiento de nuevas formas de control político. “Vinimos a hacer lo que tenemos que hacer”, dicen varios, sin complejos.

¿Personal o institucional?: el dilema que dejó el hackeo a la cuenta del Presidente

El hackeo –o “acceso de terceros”, como lo llamó Presidencia– a las redes del Mandatario terminó pesando como antecedente en la marcha atrás del recorte en Seguridad que iba a afectar a la Agencia Nacional de Ciberseguridad, pero también trasladó el flanco comunicacional desde el Gobierno al ciberespacio.

• El episodio no solo volvió a poner sobre la mesa el historial de ciberataques –como la masiva filtración del Estado Mayor Conjunto en 2022–, sino que además reabrió el incómodo tema de los miles de usuarios bloqueados que arrastraba el Presidente.

La cuenta @joseantoniokast en X, creada en 2010, y la de su Instagram, están congeladas tras la publicación de un mensaje falso contra Trump. Aunque el Gobierno asegura que ambas fueron recuperadas, desde mediados de marzo ya no se usan.

• Así se consolidó un giro: operar exclusivamente con las cuentas oficiales creadas para el cambio de mando (@Oficina_Pdte y @presidente_kast) y dejar las “personales” fuera del circuito.

¿Coincidencia? Kast arrastraba miles de usuarios bloqueados en X, lo que choca directamente con un instructivo de Contraloría: si una cuenta funciona como canal público, no puede bloquear.

Pero ¿son personales o no? En los hechos, fue el propio equipo presidencial el que tuvo que intervenir para recuperar los accesos.

• Presidencia ha evitado confirmar si habrá acciones legales, argumentando que se trata de cuentas personales, aunque trascendió que se habría presentado –o al menos instruido– una denuncia ante la PDI por eventual suplantación de identidad.

El responsable sigue siendo un misterio, aunque no siempre es así: basta recordar el hackeo del grupo internacional Guacamaya al Estado Mayor Conjunto.

En ese cuadro aparece el actual subsecretario de Defensa, Rodrigo Álvarez Aguirre –exvicealmirante y exjefe del EMCO (2018-2020)–, cuya trayectoria coincide con los años en que se desarrollaron parte de las capacidades de ciberdefensa que más tarde quedarían expuestas.

• Por ahora, en Palacio intentan bajar el tema, pero lo que partió como un problema comunicacional terminó mostrando otra cosa: debilidades en ciberseguridad, dudas sobre protocolos… y una frontera cada vez más porosa entre lo personal y lo institucional en la cuenta del propio Presidente.

La carrera sin retorno de Michelle Bachelet a la ONU

Rodeada de adherentes y junto a gran parte de las ministras que la acompañaron en la instalación de su primer Gobierno, la expresidenta Michelle Bachelet se robó todas las miradas este martes, en el marco de la conmemoración de los 20 años desde que llegó por primera vez a la Presidencia de la República y nombró al primer gabinete paritario en la historia del país.

• En el público se visualizaban pancartas con la frase “Bachelet a la ONU” y la atención estuvo puesta en si se pronunciaba o no sobre su carrera a la Secretaría General de las Naciones Unidas, luego de que el Presidente José Antonio Kast decidiera retirar el apoyo del Estado de Chile a su candidatura.

Y la exmandataria no defraudó.

• Con carpeta y micrófono en mano, no solo deslizó críticas al Gobierno por temas de contingencia, sino que además se tomó el tiempo de contar una anécdota con Piñera “que no muchos saben”, dijo, relatando la vez en que el fallecido exmandatario le propuso postularse para ser la próxima secretaria general de las Naciones Unidas. “Yo te apoyo y te propongo”, relató la expresidenta sobre la propuesta de Piñera.

La historia fue rápidamente difundida por los medios y buscó remecer al sector de la derecha que presionó por quitar el respaldo a su postulación. El mensaje era claro: sigo en carrera y con determinación.

• “Cuento con el apoyo de Brasil y México y, espero, de otros países. Y vamos a seguir adelante, porque, cualquiera sea el resultado, vale la pena dar la pelea por la primera mujer secretaria general”, cerró en medio de una ovación.

La expresidenta sabe que no será un camino fácil y aclaró que se trata de una “selección”, no una “elección”, donde vota el Consejo de Seguridad con sus cinco miembros permanentes (con derecho a veto) y los 10 países no permanentes. “Eso nadie sabe cuándo va a pasar, porque va a depender de cuando los cinco grandes se pongan de acuerdo y lleven a cabo la votación”, precisó.

• Pero quien fuera alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos tiene claro que disputar el cargo le permite instalar la visión de muchos países que buscan recuperar el poder del diálogo y el multilateralismo, y que no están dispuestos a rendir pleitesía a Estados Unidos.

La próxima gran prueba estará en los “interrogatorios” a los candidatos frente a los países que integran las Naciones Unidas. Esta instancia comienza el próximo 20 de abril en Nueva York y, para ello, Bachelet se está preparando junto a un grupo asesor conformado por excancilleres liderados por Heraldo Muñoz, quienes apoyarán el intenso despliegue de la candidatura.

Llegamos así al final de este número de +Política, con una semana marcada por fuertes tensiones y nuevas definiciones que se avizoran en el horizonte próximo. Si tienen algún comentario, duda o información que quieran compartir, pueden escribirnos a maspolitica@elmostrador.cl.