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AGENCIA UNO
Banco devolvió $7 millones por fraude y luego perdió la demanda para recuperarlos en La Serena
La Corte de La Serena confirmó que cliente de Santander no debe devolver $7,1 millones por transacciones no reconocidas.
La Corte de Apelaciones de La Serena ratificó que un usuario del Banco Santander no está obligado a reintegrar más de $7,1 millones, luego de desconocer transacciones realizadas entre el 22 y el 24 de febrero de 2022.
El fallo detalla que el 25 de febrero el cliente reportó la pérdida de su tarjeta, activando el procedimiento establecido por la Ley 20.009. En ese momento, el banco restituyó los fondos, cumpliendo con la normativa para operaciones no reconocidas.
Posteriormente, la institución bancaria investigó y determinó que las transacciones se habían efectuado con la tarjeta física y la clave correcta, descartando fallas de seguridad del banco. Alegando negligencia del usuario por aviso tardío y falta de denuncia de robo o hurto, la institución presentó una demanda ante el Segundo Juzgado de Policía Local de La Serena para recuperar 35 UF (aproximadamente $7.113.785).
El tribunal de primera instancia rechazó la acción, señalando que existían indicios objetivos de fraude y que la entidad no demostró haber implementado todas las medidas de seguridad requeridas por la ley, incluyendo sistemas de monitoreo y alertas ante operaciones inusuales. La jueza destacó que en pocos días se realizaron múltiples compras y giros de alto monto, lo que debería haber activado advertencias internas.
Santander apeló, insistiendo en la supuesta descuido del cliente, pero la Corte confirmó la sentencia. Se indicó que el retraso de tres días en el aviso era razonable, ya que el usuario solo se percató de la situación al encontrar bloqueada su aplicación. El fallo subrayó que la responsabilidad no podía trasladarse totalmente al cliente cuando existían antecedentes de fraude y fallas de seguridad del banco.
Con ello, quedó firme que el cliente no deberá devolver los $7,1 millones, y la entidad financiera asumirá la pérdida. La resolución fue redactada por la abogada integrante Pía Paulina Bustos Fuentes.
