El enigmático vínculo del imputado por crimen del “Rey de Meiggs” con importante líder criminal

A pesar de llevar más de 14 años en trámite, el expediente digital de la causa contiene apenas dos páginas. Una curiosidad –por decir lo menos–, considerando que el caso partió en noviembre de 2011, en una investigación por tráfico de drogas tramitada ante el Quinto Juzgado de Garantía de Santiago.

Aparte del nombre de los litigantes, la única información que aparece en el registro son tres autorizaciones de medidas intrusivas de interceptación telefónica –aprobadas por las magistradas Paulina Gallardo y Sandra Rojas–, en contra de los supuestos involucrados: Gabriel Durán Padilla, los hermanos Yerko y Albano Silva Toro, y Wilson Verdugo Díaz.

Este último se encuentra en la actualidad en prisión preventiva, como autor intelectual del homicidio de José Felipe Reyes –comerciante y prestamista del barrio Meiggs– y es sindicado por la Fiscalía como la persona que habría encargado contratar a tres sicarios para dar muerte a quien, según la indagatoria, le debía más de mil millones de pesos, caso en el cual la Fiscalía Oriente allanó recientemente tres edificios en Independencia, en búsqueda de más implicados.

Para identificar a la víctima, Verdugo entregó una fotografía de Reyes, los datos de su vehículo y la dirección de su departamento en Ñuñoa, elementos esenciales para que los tres sicarios venezolanos pudieran identificar a quien todos conocían como el “Rey de Meiggs”. Una operación que –según la Fiscalía– habría sido digitada por un intermediario ecuatoriano solo conocido como “Lucas”.

En ambas historias se repite el mismo actor: un comerciante dueño de restaurantes, con vínculos transversales en el mundo del hampa, acusado en la actualidad de planificar un sicariato y sujeto de interés en una antigua investigación por drogas. En esta última, aparece vinculado a Yerko Silva, un narco que derivó a la “industria del portonazo” desde la cárcel y que lavaba su dinero en el mismo rubro en que trabajaba Wilson Verdugo.

Giro delictual

Al menos desde el año 2011, Wilson Verdugo ha sido sujeto de interés en varias investigaciones realizadas por la Brigada Antinarcóticos de la PDI, debido a que en el interior de su restaurante, “La Vaquita Sabrosa”, se reunían bandas delictuales dedicadas al narcotráfico y el alunizaje.

La investigación iniciada en 2011 en su contra –según indica la misma página web del Poder Judicial– sigue activa, pese a no contar con más movimiento que el indicado y a tener solo dos páginas. De hecho, realizadas las consultas en el propio tribunal –el Quinto de Garantía de Santiago–, se limitaron a decir que la causa es “reservada” y que, por ende, no pueden referirse a ella.

El sujeto con el cual Verdugo es investigado desde hace 14 años no es cualquiera en el mundo delictual chileno, pues Yerko Silva es un narcotraficante que se hizo conocido un par de años más tarde –en el 2013–, cuando fue detenido tras la incautación de 814 kilos de cannabis sativa proveniente de Bolivia, en una operación de entrega controlada donde participó un agente encubierto.

En el juicio en su contra, Silva aseguró que había sido testigo del Ministerio Público en una causa paralela que involucraba a varios funcionarios del OS-7 de Arica acusados de narcotráfico –todos los cuales fueron finalmente absueltos–, los mismos que previamente habían participado en la detención del narcotraficante por tráfico de marihuana, causa en la cual Silva fue finalmente condenado a 5 años y un día. Dicha condena se suma a otra que sufrió en 2017, de la misma cuantía, y a la que recibió a fines de 2024, por casi 20 años.

La historia, que involucraría a policías, un narco-informante y un empresario gastronómico sometido a escuchas telefónicas, explicaría el hermetismo en torno a la primera causa que vincula a Yerko Silva con Wilson Verdugo y que mantiene el caso judicial abierto después de 14 años.

Ha transcurrido tanto tiempo que Yerko Silva comenzó a especializarse en nuevos negocios delictivos, pasando de la venta de drogas al robo de vehículos, luego de conocer al interior de Santiago 1 a Ilich Chopa, un supuesto ingeniero comercial que le habría enseñado el “modus operandi”.

De este modo, según explica una sentencia de 2024, ambos detenidos “iniciaron el negocio ilícito que devino en la organización criminal, en la medida que Yerko aportó el capital e Ilich los conocimientos, experiencia y contactos”. Un giro delictual que desde el año 2015 se mantiene al alza en el país y que –solo en 2023– reportó más de tres mil vehículos robados en portonazos o encerronas.

Chopa –tal como informó un reportaje de El Mostrador– participó en la inscripción y compraventa de vehículos, constituyendo empresas ficticias con testaferros reclutados en los bajos fondos, siendo condenado el año 2016 tras vender 12 vehículos robados en las regiones Metropolitana y de Valparaíso, utilizando el mismo mecanismo de blanqueamiento.

La investigación determinó que la organización había generado una verdadera “industria del portonazo”, creando una red de 16 empresas de fachada, comercializando más de 200 vehículos y lavando dinero a través de un restaurante especializado en carnes ubicado en Estación Central, denominado “La Parrilla del Gaucho”, el mismo tipo de negocio que manejaba Wilson Verdugo.

Ariel y Albano Silva, hermanos de Yerko, eran quienes inyectaban el dinero proveniente de los ilícitos en al menos dos restaurantes de fachada, “Alto Machu Picchu” y el mencionado “La Parrilla del Gaucho”, buscando blanquear los aportes derivados de la compraventa ilegal de vehículos. Los negocios –de acuerdo con datos aportados en la investigación– estaban a nombre de las parejas de ambos hermanos.

Carolina Cornejo, la administradora de uno de los restaurantes, facilitó sus cuentas bancarias para ser utilizadas en el proceso de lavado de activos, acción que fue complementada por su pareja, Víctor Quezada Bravo, un oficial de la PDI que recibió 84 depósitos por 62.5 millones de pesos, provenientes de las cuentas de Albano Silva. Al igual que los otros miembros de la banda, el ahora exfuncionario de la policía civil fue condenado por lavado de activos.

Los involucrados en los ilícitos, apunta la sentencia, “se organizaron para desarrollar un sofisticado y lucrativo plan delictual consistente en vender vehículos producto de robos, la mayoría de ellos, con intimidación o violencia, conocidos popularmente como ‘portonazos’ o ‘encerronas’, previa reinscripción como vehículos nuevos y sin uso en el Registro Civil, obteniendo nuevas placas patentes”.

Para este efecto, los involucrados utilizaban facturas de empresas automotoras falsas, generadas a través de la plataforma “Tu empresa en un día”, lo que les permitía proyectar negocios de fachada, adulterando los números de motor y chasis de los automóviles –la verdadera identidad del vehículo–, con la finalidad de venderlo en el mercado automotriz formal en montos superiores a las 40 UTM.

Las estafas se realizaron entre marzo de 2017 y octubre de 2020. Los involucrados –Yerko Silva, sus hermanos, Ilich Chopa, el exdetective y tres personas más– fueron finalmente condenados por asociación ilícita, recepción de vehículos, estafas reiteradas y lavado de activos. Lo último que se supo del líder de la “Industria del portonazo” fue cuando su nombre apareció en los noticieros como uno de los residentes de las denominadas celdas vip de Colina 2, recintos de reclusión que contaban con frigobar, televisores y consolas de juego.

El Mostrador se comunicó con el Ministerio Público, buscando corroborar si era efectivo que Yerko Silva fue informante de la Fiscalía. Desde la Dirección de Comunicaciones del organismo indicaron que “por su naturaleza, no es posible referirse a casos particulares relacionados con testigos protegidos. Revelar información podría poner en grave peligro a las personas, y el objetivo precisamente es salvaguardar su integridad física y emocional, así como la eficacia de las investigaciones en las que participan, ya que generalmente colaboran en casos de alto perfil relacionados con el crimen organizado, la corrupción o delitos graves. Además, mantener en reserva su identidad y participación es fundamental para evitar represalias y garantizar que más personas se animen a cooperar con la justicia bajo la confianza de que estarán protegidas”.