Impunidad por secretaría: los informes por falsa demencia de los presos de Punta Peuco

El 3 de marzo del año 2000, a las 10:25 de la mañana, un avión proveniente de Londres aterrizó en el aeropuerto del Grupo 10 de la Fuerza Aérea de Chile en Pudahuel. Desde la aeronave descendió, en silla de ruedas, el entonces senador designado Augusto Pinochet Ugarte, después de pasar 503 días detenido en Londres. Para sorpresa de los presentes –y del mundo entero–, el exdictador, liberado por no encontrarse apto para enfrentar un juicio, se levantó y caminó en dirección a los comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas. “Hombre muerto caminando”, tituló irónicamente el semanario The Clinic.

En efecto, la súbita “resurrección” del enfermo planteó serias dudas respecto a su real estado de salud, pavimentando una estrategia jurídica que sería utilizada en el futuro por otros militares condenados por violaciones a los derechos humanos en Chile.

El concepto hoy tiene nombre y apunta a todos aquellos acusados por crímenes de lesa humanidad que buscan zafar de la acción de la Justicia simulando patologías físicas o síquicas, a través de informes de dudosa calidad técnica.

El término es impunidad biológica y se aplica también a los casos que no han podido resolverse judicialmente, pese a transcurrir largos años –en algunos casos décadas–, debido a la muerte de testigos y victimarios. Esto último, siguiendo la misma idea, impide asegurar el debido proceso y termina garantizando la impunidad, sobre todo en aquellos casos donde estuvieron involucrados altos mandos que son los de más avanzada edad. Las cifras al respecto señalan que, hasta abril de 2024, según el último Informe de Derechos Humanos de la UDP, 457 exagentes fallecieron en alguna etapa del proceso judicial.

Si bien el paso del tiempo sigue siendo un factor determinante para sepultar las causas sin responsables, la elaboración de informes que aluden a una incipiente demencia o alguna otra patología psiquiátrica o de salud mental, han crecido exponencialmente durante los últimos tres años. “La fiebre de los informes”, le llaman los abogados de derechos humanos que deben lidiar con estas estrategias.

Simulación

Aparte de Pinochet, otro caso paradigmático es el de Edwin Dimter Bianchi, coronel en retiro del Ejército conocido como “El Príncipe” –acusado del homicidio de Víctor Jara y del director del Servicio de Prisiones durante la Unidad Popular, Littré Quiroga Carvajal–, quien se mantuvo fuera de prisión debido a una serie de informes que lo diagnosticaron con enajenación mental.

La Unidad de Investigación de El Mostrador accedió a uno de los informes periciales que confirman el diagnóstico realizado al exoficial del Ejército. El documento señala que la metodología empleada incluye una entrevista, lectura de expediente de causa y análisis de caso “por una hora”. El informe concluye que Dimter padece un trastorno neurocognitivo mayor de curso progresivo e irrecuperable. “Dichos déficits cognitivos interfieren con la autonomía y actividades cotidianas”, explica el informe.

Pese a las lapidarias conclusiones del documento, las diligencias solicitadas por la ministra en visita Paola Plaza comprobaron que Dimter no solo acudía frecuentemente al supermercado a realizar las compras de su hogar, sino que se trasladaba al lugar conduciendo un vehículo propio.

La indagatoria, en definitiva, permitió desechar los informes elaborados por el Servicio Médico Legal y el Instituto Psiquiátrico Dr. José Horwitz. “El Príncipe” (como le decían en el Estadio Nacional), condenado a 25 años de prisión, ingresó el 17 de octubre del año pasado a Punta Peuco.

A propósito del ingreso del exuniformado a la cárcel, este medio realizó una nota dando cuenta del hecho, solicitando un pronunciamiento al Poder Judicial, desde donde respondieron que “se procederá con especial cuidado en estas materias, disponiendo medidas de corroboración ante cualquier diagnóstico que merezca dudas, a fin de dar certeza de que las decisiones judiciales adoptadas se fundan en evaluaciones irrefutables”.

Pese a las buenas intenciones de los encargados de impartir justicia, la capacidad de simulación de exagentes de inteligencia es un tema que todavía preocupa a los abogados de derechos humanos. “Si la persona efectivamente tiene una situación de salud mental, no hay nada que hacer. La Justicia no puede reclamar, pero si la persona está simulando, eso implicaría salir de la cárcel por secretaría y constituye una forma de impunidad por motivación fraudulenta”, explica el abogado Francisco Bustos.

El exsecretario ejecutivo del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y exconsejero del INDH Francisco Ugás, expresó el mismo punto de vista en una reciente columna de opinión publicada en este medio. “Las medidas dirigidas hacia una correcta examinación deben ser extremas y rigurosas, teniendo en consideración, primero, que gran parte de los agentes tienen especialización en inteligencia y han sido formados para simular… buscan burlar y abstraerse de la acción de la Justicia, lisa y llanamente, mintiendo respecto de su estado de salud”, señaló.

Equipos multidisciplinarios

Existen sentencias judiciales que también ahondan en el análisis de informes presentados por victimarios. En el caso del homicidio del obrero agrícola Pedro Curihual Paillán, cometido en septiembre de 1973 en la comuna de Pitrufquén, se condenó a 12 años de cárcel a Carlos Moreno Mena, pese a que los exámenes del Servicio Médico Legal apuntaban a la existencia de un diagnóstico de demencia en la primera atención ambulatoria del exteniente de Carabineros. El problema, añade el documento, es que “no aparece en las siguientes evaluaciones, ni se condice con el examen clínico actual”.

Este tipo de incongruencias en los peritajes, según la sicóloga y abogada Natalia Roa, se deben a la inexactitud de los diagnósticos. “Para diagnosticar hay que hacer los exámenes mínimos, no basta con decir que la persona padece alguna patología en base a un par de entrevistas o impresiones. Hay casos en que no se pasa ni una prueba para acreditar un diagnóstico. Por eso, la preocupación que tenemos, es que exista un estándar mínimo para justificar una consecuencia jurídica tan relevante, como un sobreseimiento o cumplimiento alternativo de condena”, asegura.

Otro de los déficits detectados en los informes es la participación de un solo médico en el diagnóstico. En el caso de César Manríquez Bravo, jefe de la Brigada de Inteligencia Metropolitana de la DINA, condenado como uno de los autores de la desaparición de la asistente social Jacqueline Binfa y el veterinario Jorge D’Orival en el año 1974, uno de los informes que le diagnosticó enajenación mental, el 10 de enero de este año, fue firmado por un solo psiquiatra del Servicio Médico Legal.

Para el neurosiquiatra Luis Fornazzari –consultor de la Clínica de la Memoria y del Programa de Geriatría Psiquiátrica del Hospital St Michael en Canadá y uno de los encargados de los peritajes al exdictador Augusto Pinochet–, los informes periciales en estos casos deben ser multidisciplinarios. “En la actualidad, todos los centros asistenciales que evaluamos a pacientes con cualquier tipo de demencia, lo hacemos con equipos multiprofesionales con el objetivo de tener una visión múltiple del trastorno cognitivo y analizarlo desde varios ángulos”, explica.

Respecto de los diagnósticos, aseguran algunos especialistas, hay otro factor no siempre bien ponderado: no todo trastorno cognitivo es sinónimo de cambio de medidas cautelares, ni tampoco corresponde a una enfermedad incurable. “Hay casos donde se diagnostica un delirium, pero como la conclusión no se basa en exámenes, no se hace una distinción que es muy relevante: la enfermedad se puede tratar con medicamentos y se pasa. La demencia, en cambio, por definición, no es reversible. Entonces, poder diferenciar ambos cuadros es muy importante”, explica Natalia Roa.

Fornazzari, incluso, va más allá de la inexactitud del diagnóstico. “La culpabilidad no expira debido a que son más viejos. No hay que olvidar que se trata de crímenes de lesa humanidad que tienen dos caras: el respeto a las víctimas, por un lado, y que los pacientes puedan tratarse al interior de las cárceles, con una buena calidad de vida, aunque tengan demencia. Esto no se trata de venganza, se trata de justicia. Y los crímenes de lesa humanidad no prescriben”, plantea.

El informe del exlíder neonazi

Informes hay para todos los gustos y algunos –sin temor a exagerar– son realmente inclasificables. Es el caso del peritaje neurológico realizado a Raúl Iturriaga Neumann en el Hospital Militar, a mediados de este año, por el médico y perito judicial Hugo Lara Silva, en el contexto de la investigación por el secuestro calificado de Jorge Herrera Cofré, que se investiga en la Corte de Apelaciones de San Miguel.

Las conclusiones del documento descartan algún tipo de discapacidad mental, asegurando que desde el punto de vista neurológico el exmilitar –condenado a un total de 515 años de cárcel por diversos delitos– puede ser imputado de manera normal en cualquier causa de carácter penal.

Sin embargo, el informe se extiende en una serie de razonamientos sociopolíticos ajenos al tenor de este tipo de peritajes.

Uno de estos puntos concluye que Iturriaga Neumann es esencialmente una víctima: “Un adulto mayor de 87 años, pensionado, que no representa ningún peligro para la sociedad ni para la izquierda, porque el 11/09/73 pasó a la historia hace rato (más de 50 años), ahora no es un soldado, es un anciano exsoldado, siendo la condena actual clara venganza”.

Luego, el informe sigue ahondando en el rol que tuvo el exoficial en la historia sociopolítica del país. “No es un delincuente, es un ex soldado de la patria… que cumplió con la reglamentación vigente en su tiempo y lugar, para su institución y para la República, dentro del contexto de su trabajo como militar especializado y en periodo de guerra irregular (propia del marxismo internacional), en base a un claro quiebre del estado de derecho por el gobierno marxista de Salvador Allende”, explica textualmente el informe neurológico.

A continuación, el documento plantea algunas inquietudes que el médico intenta destacar: “¿Es que los Militares y Carabineros que salvaron a Chile de un asalto marxista al poder a través de un flagrante atropello a la constitución y que evitaron una Guerra Civil, son objetos de Odio y Venganza y los Rojos asesinos de Militares y Carabineros son merecedores de Indultos y Beneficios por estos 8 gobiernos incluido el de ‘PIÑERA y BORIC’?” (sic).

Hugo Lara Silva además explica que “la legislación internacional de la deconstrucción, de los llamados ‘crímenes de lesa humanidad’” no debe aplicarse con efectos retroactivos y que “por justicia pareja aplicada por las Naciones Unidas, tendría que hacerse con efecto retroactivo también en la ex URSS, China, Cuba, Camboya, Corea del Norte, Viet-Nam, Checoslovaquia, Hungría, etc.” (sic).

Todas estas estrategias, según Lara Silva, han condenado a Iturriaga Neumann a una “odiosa muerte por reclusión”. “Es un problema político y médico que involucra a un preso político militar, haya participado o no en una detención de subversivos marxistas, cosa que no me corresponde juzgar como perito neurólogo. Detención que no cuenta con ninguna evidencia o testigos según informa el Mayor General, porque él nunca detuvo a nadie y es lo que consta en su hoja de vida que para las FFAA es de imprescindible veracidad”, plantea textualmente.

Antes de terminar el informe, el perito asegura que el documento redactado fue hecho “sin odiosidades de ninguna especie, sin odiosidades de venganza marxista que pericia no a un delincuente con discapacidad médica leve a moderada sino a un Mayor General (r) que actuó en tiempos especiales de Guerra Irregular contra el Marxismo Internacional por orden del legítimo Gobierno de la República, que restableció el Estado de Derecho” (sic), finaliza.

Cabe mencionar que Hugo Lara Silva asumió en 1997 como líder del que fue uno de los principales grupos neonazis de Chile, el Movimiento Nacional Socialista Obrero (MNSO), y que en el juicio en contra de los neonazis que en 2006 asesinaron al joven Tomás Vilches en el Persa Bío Bío, uno de los imputados, Héctor Herrera, contó la conversación que tuvieron ese día con Lara, con el cual se encontraron en una tienda: “Esteban lo saludó y le preguntó por su hija, comentando que no se veían hace tiempo, desde las reuniones del Nacional Socialista [sic]. Hablaron también sobre otras reuniones neonazi. El doctor Lara le entregó una tarjeta de presentación, indicándoles que si querían podían ir al restaurante Lili Marlen, al que iba gente importante, como empresarios poderosos. El saludo entre Esteban y el doctor Lara fue muy particular, se tomaron de las manos y se saludaron de beso”, dijo Herrera (quien recibió una condena de seis años), en referencia a Esteban González, más conocido como “Tito van Damme”.

El Mostrador se comunicó con el Servicio Médico Legal, buscando aclarar las inquietudes planteadas en este reportaje, pero desde el organismo aseguraron que no harían declaraciones al respecto.