Abogados, arquitectos y un exdelegado presidencial: arriendos de Bienes Nacionales a menos de 50 mil

Sin herederos conocidos ni testamento escrito, el departamento de María Elsa Sanhueza, ubicado en la comuna de Independencia, pasó a manos del Estado una vez que la mujer falleció. El procedimiento judicial, conocido como herencia intestada, se concretó el 12 de enero de 2016. Desde entonces el fisco es el dueño de la propiedad.

Casi dos años después de la muerte de la mujer –el 20 de diciembre de 2017–, una empleada del Ministerio de Bienes Nacionales, Verónica Carvajal Muñoz, solicitó formalmente arrendar el inmueble al mismo organismo donde trabajaba, un departamento de 68,55 metros cuadrados, en el quinto piso de un edificio en avenida Hipódromo Chile.

Antes de realizar la solicitud, sin embargo, Verónica Carvajal –asistente de la División Jurídica del Ministerio de Bienes Nacionales (RM)– ya ocupaba la propiedad junto a su familia, un hecho que ella misma reconoció durante las gestiones que realizó para adjudicarse el inmueble de María Elsa Sanhueza.

Pese a la ocupación irregular de la vivienda, la repartición pública encargada de administrar los bienes del Estado terminó igualmente arrendando el departamento a la funcionaria, solicitándole a cambio un pago retroactivo de $810.000 –parcelado en 24 cuotas de $33.750– y fijando un canon de arriendo mensual de $135.000.

El decreto exento de adjudicación advierte que –pese a ejecutarse el contrato– la cartera de Bienes Nacionales no renunciaba a “ejercer las acciones penales que correspondieren”. Consultado al respecto, el ministerio aseguró a este medio, sin embargo, que “al no haber falta, ni tampoco perjuicio fiscal, no se ejecutaron acciones penales ni administrativas” en contra de la funcionaria.

Sobre la ocupación irregular del inmueble, se señaló desde BBNN que existía un permiso de ocupación provisorio. Lo que no especificaron, sin embargo, es que el instrumento aludido fue emitido de manera posterior a la ocupación de la vivienda. En cualquier caso, el arriendo se mantuvo vigente hasta septiembre de 2021.

La situación descrita resulta inverosímil para algunos abogados, quienes aseguran que lo que correspondía era realizar un sumario y haber entregado los antecedentes al Ministerio Público. “Es una verdadera frescura y sinvergüenzura”, dice un experto en derecho administrativo que prefiere omitir su nombre. “No se entiende, por lo demás, por qué funcionarios ocupan un inmueble antes de arrendarlo si se supone que en la administración pública prevalece el principio de publicidad de los actos“.

El caso, en verdad, no es un hecho aislado al interior del organismo. La Unidad de Investigación de El Mostrador recopiló una serie de antecedentes –por solicitudes vía Transparencia– sobre arriendos fiscales aprobados a funcionarios de la cartera de Bienes Nacionales, durante los últimos cinco años, en todas las regiones del país.

Se trata de 21 inmuebles repartidos a lo largo de todo Chile, utilizados por distintos funcionarios –arquitectos, abogados, administradores públicos y hasta un exdelegado presidencial–, cuyos arriendos mensuales parten desde los $25.896 y que en promedio no superan los 50 mil pesos.

Mantención y vigilancia

Hace dos años desalojaron a un adulto mayor y su esposa de una enorme propiedad de 833 metros cuadrados, ubicada en la comuna de La Reina, cuyo avalúo fiscal superaba los $230 millones. El matrimonio había residido en el lugar casi 50 años, desde 1973, una parte de ellos de manera ilegal. Técnicamente, eran okupas, tal como el caso anterior.

Lo llamativo de la historia era que uno de los habitantes de la vivienda, Manuel Miranda, había sido secretario regional ministerial (seremi) de Bienes Nacionales durante el Gobierno de Patricio Aylwin –entre 1992 y 1994– y el inmueble en cuestión había sido arrendado por su esposa, cancelando el alquiler de manera intermitente hasta que su marido fue nombrado seremi. Desde entonces, dejaron de pagar el arriendo.

En el año 2001, a raíz de este incumplimiento, la familia suscribió un nuevo convenio de pago, cuyas cuotas se cancelaron hasta 2004 y derivaron en un juicio que terminó con el desalojo de la propiedad en el año 2023. Bienes Nacionales, aquella vez, aseguró que el exfuncionario y su esposa se encontraban “lejos de estar en condiciones de vulnerabilidad, cuentan con recursos económicos y una red, tanto familiar como social, de apoyo”.

Respecto de esto último, el propio ministerio aseguró a El Mostrador que para adjudicar una vivienda del fisco a sus trabajadores no operan “criterios sociales”, pero sí otros factores, como privilegiar a los funcionarios de planta, que la vivienda se encuentre en el lugar donde el empleado trabaja y que tanto él como su cónyuge no sean propietarios de un inmueble en la misma ciudad.

Es por esto que un número importante de funcionarios podría acceder al beneficio. Fue el caso del exdelegado presidencial de la provincia de General Carrera (Chile Chico), Daniel Fernández Márquez, quien ingresó a trabajar a la sede regional de Bienes Nacionales en Coquimbo en octubre de 2023, siendo beneficiado con un arriendo fiscal nueve meses después de su arribo al servicio.

Fernández es abogado y fue fundador del Partido Comunes en Coquimbo. Su sueldo es de casi 3 millones de pesos ($2.752.943) y paga un arriendo de $54.885 mensuales. Consultado BBNN sobre los criterios de asignación en este caso en particular, atendiendo al breve periodo que llevaba en la región, respondieron que “la normativa no establece que los inmuebles deban entregarse a funcionarios producto de traslados, ni tampoco establece una cantidad mínima de permanencia en la institución”. Aclararon, además, que la “tramitación de estas asignaciones corresponde a cada Secretaría Regional Ministerial”.

La normativa a la que se refiere el ministerio –y que en la práctica regula el arriendo de inmuebles– es el artículo 91 del estatuto administrativo, reglamento que permite al funcionario ocupar con su familia la vivienda donde funciona la institución, cuando “la naturaleza de sus labores sea la mantención o vigilancia permanente del recinto y esté obligado a vivir en él”.

Para el abogado Miguel Depolo, no obstante, la ley no tiene dobles lecturas. “La mantención es mantención, es decir, atender a las necesidades de funcionamiento del recinto como el aseo, la apertura, el cierre, colocar la alarma o cadenas a la reja. Y la vigilancia significa vigilancia, es decir, el cuidado que debe mantener el funcionario sobre el recinto, para evitar el robo o invasión de delincuentes”, explica.

Ninguna de estas funciones, por cierto, aplica al caso del exdelegado presidencial.

El inciso segundo apunta a que, en caso de no estar obligado a habitar la casa destinada al servicio por sus funciones, el funcionario deberá pagar “una renta equivalente al diez por ciento del sueldo asignado al cargo, suma que será descontada mensualmente”, pero ante ello hay que tener en cuenta que en la administración pública el sueldo bruto se compone de un sueldo base –por lo general muy menor– y de una serie de asignaciones y bonos, gracias a lo cual ese 10% en realidad se calcula sobre una porción menor del sueldo real.

Así, de acuerdo con las estimaciones realizadas por El Mostrador, en realidad lo que se paga es del orden del 2% del sueldo líquido mensual, en la mayoría de los casos.

Menos que el valor de una pieza

En el listado de beneficiarios al que tuvimos acceso en El Mostrador aparecen diversos profesionales, entre ellos dos abogados, dos arquitectos, tres ingenieros, dos topógrafos, un cartógrafo, un contador, una administradora pública, un mecánico y tres administradores. Todas, profesiones que no encajan en los conceptos de “mantención y vigilancia”, contemplados en el artículo 91 del estatuto administrativo, y que cancelan por las viviendas menos del precio que se paga habitualmente por una pieza.

Gabriel Vial, por ejemplo, es arquitecto fiscalizador en la Región de Tarapacá. En junio de este año recibió un sueldo de $2.381.467 y por concepto de arriendo paga $50.822. Otro arquitecto del organismo, Juan Pablo Vargas, gana $2.950.892 en la Región de Atacama y desde marzo de 2022, debido a su sueldo base, paga $37.351.

Michael Cortés es topógrafo, trabaja como técnico de la Unidad de Regularización de Propiedad Raíz en Bienes Nacionales de la Región de Coquimbo y, desde mayo de 2022 arrienda un departamento en La Serena por $47.057, un inmueble que llegó a habitar dos meses antes de la firma del convenio y por el que tuvo que pagar una indemnización de $191.050. El canon de arriendo es equivalente a un poco más del 2% de su sueldo real que, en junio de este año, fue de $2.156.522.

Norma Olivares Jorquera es ingeniera en Gestión de Recursos Humanos y trabaja como asistente administrativa en Bienes Nacionales en Coquimbo. Desde abril de 2023, a su sueldo de $2.599.575 le descuentan $47.057 y, como en otros casos, la resolución exenta de adjudicación habla de una ocupación previa del inmueble. Consultado el Ministerio de Bienes Nacionales por su caso, aseguraron a este medio que la funcionaria tenía un acto administrativo de la propiedad desde el año 2007.

En este tipo de casos, según el manual de arriendos del Ministerio de Bienes Nacionales, el arrendatario debía manifestar por escrito su voluntad de perseverar en el arriendo, ingresando una solicitud de renovación 30 días antes del vencimiento. Al no hacerlo, el caso deriva en una ocupación irregular. Un trámite que termina, generalmente, con pagos retroactivos y renovaciones de arriendo que llevan casi dos décadas, como en este caso.

De los valores más reducidos en materia de arriendo destacan los inmuebles destinados a funcionarios de Bienes Nacionales en Coyhaique. El más bajo de todos los arriendos registrados por funcionarios en el país corresponde a Deisy Almonacid, ingeniera en Administración Pública, que cancela $25.896. Le sigue la administrativa asistente de catastro, Verónica Calderón, que paga $32.017; y el encargado de la Oficina de Partes, Juan Furrianca, que tiene un descuento de $34.578 por concepto de arriendo fiscal.

De todos los casos analizados, hay uno bastante particular. La secretaria ejecutiva del servicio en Santiago, María Moncada, arrienda un departamento en Peñalolén al que llegó a vivir antes de firmar el convenio. Al igual que en el primer caso expuesto en este reportaje, la funcionaria tuvo que cancelar un monto retroactivo ($583.350) por la ocupación previa del inmueble, bajo amenaza de que el ministerio iniciara acciones legales en su contra, tal como aparece en la resolución exenta del 23 de marzo de 2020.

Lo curioso de la situación es que María Moncada ya no trabaja en Bienes Nacionales, pero el arriendo de la vivienda aún sigue a su nombre. La razón: el inmueble pasó de uso habitacional a comercial, una estrategia que le permite mantenerse en él, pese a que ya no es una funcionaria activa del organismo.