Viaje al fondo del horror: querella por 110 víctimas inhumadas en Cuesta Barriga

El agente de la desaparecida DINA (Dirección de Inteligencia Nacional) Héctor Valdebenito Araya, más conocido como “El viejo verde”, estaba nervioso el 7 de febrero de 2007, cuando prestó declaración por primera vez ante personal de la Brigada de Derechos Humanos de la PDI. 

Recién se acababa de descubrir que durante los años ’70 la DINA había mantenido un recinto dedicado exclusivamente a exterminar opositores políticos, el famoso cuartel de Simón Bolívar, ubicado en La Reina, donde operaba la Brigada Lautaro.

Esta se encontraba al mando de Juan Morales Salgado, un mayor de Ejército que era de la máxima confianza de Augusto Pinochet, puesto que había sido su escolta.

Según el testimonio de Valdebenito, en 1975, cuando estaban tratando de detener a Andrés Pascal Allende (uno de los máximos líderes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR), que se escondía en una casa de seguridad en Malloco, a él y a otros hombres les correspondió realizar un rastreo del lugar. 

“De esta forma, en horas de la noche, llegamos a la Cuesta Barriga, encontrándonos con unos lugareños que cazaban conejos instalando trampas. Nos percatamos por una fogata que mantenían encendida. Al acercarnos nos mostraron el lugar, caminando por los alrededores, hasta llegar a una cueva que nos enteramos correspondía a una mina, en donde verificamos que no se encontraban los fugitivos”.

Tras ello, Valdebenito comentó la existencia de ese lugar, ubicado muy cerca de Curacaví y muy cerca -por ende- de Santiago. 

Poco después, relataba Valdebenito, llevó a Morales a conocer el lugar y posteriormente, una noche, le indicaron que le mostrara el sitio a dos oficiales de la Brigada Caupolicán, los exagentes Ricardo Lawrence y Germán Barriga. Él iba adelante, en un auto que conducía un agente de la DINA de apellido Almendra, y detrás de ellos iban tres o cuatro móviles más. 

Cuando llegaron al acceso de la antigua mina los agentes de la otra brigada descendieron de sus vehículos y descargaron de ellos tres o cuatro bultos, que lanzaron hacia el pozo ubicado al interior de la mina. Los bultos olían a quemado, recordaría ante los detectives el exrepresor, quien cuenta que Almendra le dijo que seguramente los habían quemado después de matarlos, para luego hacerlos desaparecer en las entrañas de ese cordón montañoso.

Este testimonio, el de “El viejo verde”, explica cómo la DINA comenzó a utilizar ese lugar para hacer desaparecer los cuerpos de los prisioneros políticos que asesinaba. La declaración forma parte de la querella recientemente presentada por la Subsecretaria de Derechos Humanos, Daniela Quintanilla, y la jefa del programa de DD.HH., Paulina Zamorano, ante la Corte de Apelaciones de San Miguel, en contra de todos los que resulten responsables de la inhumación y exhumación ilegal de un centenar de personas que se sabe fueron hechas desaparecer allí tanto por la DINA, como por el Comando Conjunto Antisubversivo y también por parte de Carabineros de la tenencia de Curacaví, en hechos acaecidos entre 1973 y 1977. 

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Los detalles 

La querella reúne los testimonios de 15 agentes de distintos organismos represivos, prestados en 10 causas judiciales distintas, los que reconocen el uso de la Cuesta Barriga como un lugar donde frecuentemente iban a dejar cadáveres, especialmente en la zona ubicada en el kilómetro 12 de la Ruta 68.

Al respecto, Quintanilla expresó que la querella es “en contra de los responsables, directa o indirectamente, en la inhumación ilegal y exhumación ilegal. Son  110 víctimas por las cuales estamos presentando este escrito”.

A su vez, Zamorano explicó que las querellas previas, relacionadas con la Cuesta Barriga, decían relación con investigaciones “que se centraban en buscar a los responsables de los delitos de secuestro y homicidio de las víctimas, pero hoy apuntamos a la investigación del delito de inhumación y exhumación ilegal y con ello, la búsqueda”. 

Por cierto, la acción legal no solo se refiere a la inhumación de las víctimas en dicho lugar. También incluye la exhumación, dado que, luego del hallazgo de las víctimas escondidas en los hornos de Lonquén, en 1978, Augusto Pinochet ordenó la operación “Retiro de televisores”. Esta maniobra consistió en que muchos ejecutados políticos fueron retirados de los sitios donde los habían ocultado previamente y llevados a otros lugares o bien, lanzados al mar desde helicópteros o quemados y triturados, como sucedió en el caso de Colonia Dignidad.

Las víctimas de la DINA 

De las 110 víctimas que menciona Quintanilla, 92 son personas que fueron detenidas y desaparecidas por la DINA, cuatro de ellas en el contexto de la operación Colombo, como sucedió -por ejemplo- con el chileno-suizo Alexei Jaccard, quien fue detenido en Buenos Aires y entregado a la DINA por el SIDE argentino.

María Angélica Guerrero, quien también fue agente de la DINA confesó en su momento que “integré el equipo de agentes que sacó dos cuerpos sin vida, envueltos en sacos paperos, los cuales fuimos a dejar al interior de una cueva que había en la Cuesta Barriga, según mi recuerdo. Allí entré en una cueva que tenía un túnel por el cual ingresamos, para luego arrojar los cuerpos en un hoyo que tenía, siendo probable que le hayan echado cal encima”.

Jorgelino Vergara, quien dio a conocer la existencia del cuartel Simón Bolívar, confesó por su parte que “en ese periodo todo el personal que estaba en la Brigada Lautaro, incluyendo las unidades de Barriga y Lawrence, seguían trayendo detenidos, los cuales eran llevados a los calabozos habituales del cuartel, donde se les interrogaba y después se les ejecutaba, se les ensacaba, a algunos se le ponían rieles, de lo cual yo deducía que iban directo al mar, y los otros no, por lo que entendía que eran llevado a las minas de cal de Lonquén o Cuesta Barriga”. 

Otro agente, Eduardo Reyes Lagos, confesó haber inhumado cadáveres ensacados allí en dos ocasiones, a los cuales previamente les quemaban las manos con sopletes, a fin de eliminarles las huellas dactilares.

Según su testimonio, en el primer viaje que participó las víctimas eran 10, al menos. En una segunda ocasión, llevó dos víctimas desde Villa Grimaldi hasta la cueva. Al final de esta, detalla que había “un socavón que tenía más de dos metros de ancho y que era profundo”. Mucho más adelante, comentó, cuando se ordenó el retiro de los cadáveres, “ese operativo lo cumplió personal de la Brigada UAT; es decir, Unidad Antiterrorista”. 

El propio director de la DINA, el ya fallecido Manuel Contreras, más conocido como “El Mamo”, confesó que habían arrojado cadáveres en la Cuesta Barriga y que -según su versión- en 1979 el entonces director de la Central Nacional de Informaciones (CNI), Odlanier Mena, ordenó el retiro de los cuerpos “porque la Vicaría de la Solidaridad andaba muy cerca de encontrarlos. Inicialmente le había dado la orden al mayor Sandoval, de ponerle explosivos, pero se llegó a la determinación de sacarlos, ya que los explosivos iban a dejar restos, que iban a permitir reconocer a los cadáveres allí sepultados. El mayor Sandoval cumplió la orden, para lo cual tuvo que solicitar cuerdas y elementos de montaña a la Escuela de Montaña del Ejército, ya que debían bajar alrededor de 50 metros dentro de la mina. Se sacaron 80 sacos con alrededor de 200 cadáveres, los que fueron trasladados a Peldehue, donde en helicópteros fueron lanzados al mar”.

Enrique Sandoval Arancibia, el exagente que menciona Contreras, declaró en 2004 que efectivamente él estuvo a cargo del operativo, porque -tal como dijo “El Mamo”- un informante avisó de la fosa clandestina en la vicaría de la solidaridad. Ante ello, Sandoval fue a revisar y encontró algo indescriptible: “yo llegué a ese lugar, que era un pique de una mina, y comprobé que era efectivo. Estaba lleno de roedores, murciélagos, restos putrefactos y había olor en consonancia con los restos”.

Ante ello, efectivamente se manejó la idea de poner explosivos, lo que fue desechado, igual que la idea de llenar el sitio con ácido. Junto a otros nueve agentes de la CNI, Sandoval estuvo tres días metido en el pique, aunque las cifras que entregó a la justicia son mucho menores: “encontramos al fondo del pique numerosos cuerpos. No tengo idea cuántos serían”, agregó, asegurando que “sacamos 50 sacos de papas aproximadamente. Nosotros trabajamos de noche. Recuerdo que había huesos, restos de ropas, algunos estaban en bolsas plásticas grandes, la mayoría en todo caso estaban sin ser envueltos, e incluso tengo la impresión que sin ropas”.

Tras ello, relató, “cargamos los sacos en un camión que me conseguí y llevamos todo a la parcela de Malloco, que era la que antes había pertenecido a la gente del MIR. Antes de abandonar la mina, yo tiré cuerpos de unos cinco perros muertos en el lugar para justificar la presencia de huesos allí”.

Posteriormente, detalla la querella, los cuerpos fueron trasladados desde Malloco hasta Peldehue.

Cabe indicar que en 2001 se encontraron varios restos óseos en la mina, y hasta la fecha se han hallado 12 perfiles genéticos distintos en la Cuesta Barriga, de los cuales 11 están identificados, y corresponden a Jenny del Carmen Barra Rosales, Lincoyán Yalu Berríos Cataldo, Horacio Cepeda Marinkovic, Ángel Gabriel Guerrero Carrillo, Juan Fernando Ortiz Letelier, Hernán Sántos Pérez Álvarez, Matilde Pessa Mois, Ricardo Ignacio Ramírez Herrera, Hernán Soto Gálvez, Jacobo Stoulman Bortnik y Jorge Andrés Troncoso Aguirre.

El Comando Conjunto 

El famoso desertor del Comando Conjunto, Andrés Valenzuela, quien en 1984 fue entrevistado por Mónica González en la desaparecida revista Cauce, explicó que, sin embargo, dicha organización, dependiente de la FACH, poseía un modus operandi distinto.

Cuando la Premio Nacional de Periodismo le preguntó dónde habían sepultado a Carlos Contreras Maluje y a otras víctimas, Valenzuela respondió: “en una Cuesta en el camino a Melipilla. Es una bifurcación del camino principal y nosotros doblamos a la derecha. Recuerdo que hay un desvío, avanzábamos por ese camino hasta un puente, pasando el puente empezaba la cuesta. Como en la tercera o cuarta curva había un camino secundario, una huella. Había que internarse por allí unos 100 metros. Allí procedíamos a dejar los detenidos y los fusilábamos en el lugar. Allí mismo eran enterrados”.

Ante otra pregunta de González, detalló que él llevó allí a “dos personas, pero anteriormente había ido con otros detenidos al mismo lugar, unas ocho personas más o menos. En la operación en la que yo participé había un olor típico de cementerio. Se notaba que antes habían ido a hacer otras operaciones. Esas operaciones se hacían en conjunto con el SICAR y la Armada”, explicó en referencia al Servicio de Inteligencia de Carabineros.

En otro testimonio de Valenzuela, entregado a la Comisión Rettig, este contó que en ese viaje a dejar víctimas se dio cuenta de que estas no solo eran lanzadas al foso, sino que varias estaban incluso casi a ras de tierra: “en un momento me alejé unos 10 ó 15 mts. a orinar, ocasión en que ‘Dany’ comentó: ‘estás meando sobre los muertos’. Al observar el lugar con detención noté un montículo en que obviamente había dos o tres personas enterradas recientemente”.

En el caso del Comando Conjunto las víctimas son 17, incluyendo a José Weibel Navarrete, secretario general de las Juventudes Comunistas, así como al ya mencionado Carlos Contreras Maluje, que se lanzó en contra de un taxibús en movimiento, en el centro de Santiago, con el fin de escapar de sus captores, lo que no logró.  

Ester Araneda, cuyo marido Alfonso Araya Castillo también fue detenido por el Comando Conjunto, dijo respecto de la querella que “mi esposo desapareció el 9 de septiembre de 1976, y por eso está en este listado. Con la agrupación hemos presentado todas las querellas posibles, toda la vida, con el tiempo conocimos más o menos quiénes eran los culpables… Pero esto, lo de hoy, para mí es súper importante, porque lo que busca el plan de búsqueda es saber el destino final de cada uno de nuestros familiares”.

A todas esas víctimas se suman siete hombres que fueron detenidos tras el golpe de Estado por Carabineros de Curacaví, los que fueron llevados el 16 de septiembre de 1973 hasta la cuesta, donde les dispararon y dejaron abandonados. Dos de ellos (José Barrera y Enrique Venegas), sin embargo, sobrevivieron, pero Barrera fue detenido nuevamente en marzo de 1974 y hoy se desconoce su paradero, al igual que el de una de las víctimas del fusilamiento en la cuesta, Nicolás Gárate Torres.