Investigación
Imagen de contexto (archivo)
Se extiende la metástasis: PDI detiene a exdetectives por vender datos a narcos
El cáncer de la corrupción vinculada al tráfico de ketamina alcanzó ahora a un detective que estaba en servicio activo y que fue dado de baja. El otro es un excomisario que está sindicado como quien pidió al primero que ingresara al sistema informático de la policía civil.
Convertida en una de las drogas sintéticas más vendidas y más rentables de los últimos años en Chile, la ketamina ha mostrado además ser una en cuya comercialización se ha observado la existencia de una alta capacidad de corromper los estamentos estatales, como sucedió con el caso de los militares de Alto Hospicio o los funcionarios de la FACH de Iquique, que fueron imputados por traficar esa droga desde el norte hacia Santiago.
En las últimas semanas, la metástasis que se genera en torno a la corrupción de la ketamina se extendió a otra institución: dos exoficiales de la PDI fueron detenidos por personal del Departamento V de la misma institución (Asuntos Internos), acusados de entregar información extraída de los sistemas informáticos internos a traficantes de ketamina. Uno de ellos, se encontraba en servicio activo al momento de ser detenido, mientras que el otro llevaba años en retiro.
Ambos se hallan imputados y bajo arresto domiciliario en una causa que indaga desde el año pasado la Fiscalía Regional de Arica y que comenzó el 1 de abril, cuando Michel Córdova Marileo fue detenido en el complejo Chacalluta llevando siete kilos de ketamina en polvo adosada a su cuerpo en forma de fajas. Esta le había sido entregada en Tacna, desde donde llega casi toda la ketamina que se trafica en Chile. Córdova viajó desde Tacna a Chacalluta en un taxi y fue descubierto por personal de Aduanas. Posteriormente se estableció que junto a él viajaba otro sujeto que, sin embargo, logró llegar a Santiago.
Doce días más tarde, personal de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (Brianco) de la PDI de Arica detuvo en el aeropuerto local a otro imputado, John Williams Reyes Carroza, quien llevaba ocho kilos de la misma droga. De acuerdo con la indagatoria, Reyes había viajado legalmente al menos 20 veces a Perú. Asimismo, se estableció que había realizado 33 viajes aéreos entre Arica y Santiago.
Se estima que, entre mediados de agosto de 2024 y abril de 2025, la organización de la que ambos formaban parte internó a Chile más de 220 kilos de ketamina, por un valor superior al medio millón de dólares. Tal como ha quedado en evidencia en otras investigaciones, el trabajo de los burreros que trasladan droga desde Tacna o Arica a Santiago es lucrativo, pues, aparte de los pasajes, alojamiento y comida, en este caso les pagaban sobre el millón de pesos por viaje.
De a poco, los detectives fueron sumando más detenciones, incluyendo la de Felipe Orellana Sánchez, que a juicio de los investigadores es el cabecilla del grupo, quien distribuye la ketamina en las comunas de Conchalí y La Granja, específicamente en la población San Gregorio.
Así, fueron cayendo también distintas personas acusadas de otros delitos, como lavado de activos, entre ellas, Krishna Vega Ramírez, la pareja de Orellana, quien compró al efectivo –sin tener cómo justificar el dinero– un Audi de 41 millones, además de pagar por la misma vía –billete sobre billete– una cirugía estética que le costó 10 millones de pesos, así como una casa en Renca, que fue adquirida por un testaferro identificado como Diego Bustos Guerrero, según la documentación judicial disponible.
Otro sujeto que es sindicado como parte de la organización compró al contado un BMW de 26 millones de pesos. Entre los autos, dinero en efectivo y distintos enseres, la policía incautó más de 200 millones de pesos luego de una serie de detenciones efectuadas en octubre del año pasado.
Tras la detención de Orellana (aprehendido el 14 de octubre), los policías y fiscales del caso se encontraron, sin embargo, con algo fuera de lo común: fotografías de una incautación de dinero y un chat del 03 de octubre entre este y un sujeto que posteriormente fue identificado como Buddy Miranda Escobar, en donde Orellana le pedía que le averiguara si él y su pareja estaban siendo investigados.
Cuatro días después, Miranda reenvió a Orellana una conversación por WhatsApp con alguien que aparecía como “Tío Rafa”, quien le informó que existían órdenes de detención en contra de Orellana y Vega, por infracción a la Ley de Drogas, y que eran blanco investigativo de la Brigada Antinarcóticos de la PDI.
Al respecto, el Fiscal Regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, explicó a El Mostrador que “de los análisis de los teléfonos que fuimos incautando, nos dimos cuenta de que había imágenes que no podían sino haber provenido de alguien vinculado al sistema penal y fue en ese sentido que activamos todas las alertas”.
Ante ello, relata, “nos pudimos dar cuenta efectivamente que había un exfuncionario de la policía y otro funcionario activo en ese momento, digamos, que tendrían participación en esta organización criminal vinculada al tráfico de ketamina. Por el propio trabajo de la misma Policía de Investigaciones, por cierto, pudieron ser individualizados, y hoy están formalizados”.
Un hombre de la BIA
“El tío Rafa” no era cualquiera, sino que –de acuerdo con la carpeta judicial– se trataba de un comisario retirado de la PDI, Claudio Solans Marchant, quien en su juventud formó parte de una de las unidades más polémicas de la historia de la policía civil: la desaparecida Brigada Investigadora de Asaltos (BIA).
En el libro Cazar al cazador, de la periodista Pascale Bonnefoy, el exasesor de los primeros directores de la PDI tras el regreso de la democracia, Jorge Morales, explicaba que al finalizar la dictadura la BIA era un “bolsón de corrupción” que, además, estaba vinculada a la CNI. El mismo texto recuerda que el Gobierno de Estados Unidos pidió la extradición del jefe de la BIA, el prefecto Sergio Oviedo Torres, acusado de tráfico de cocaína (sin embargo, la Tercera Sala de la Corte Suprema denegó dicha solicitud, por lo cual Oviedo siguió en la PDI).
De acuerdo con lo que pudo establecer la investigación de la Fiscalía de Arica, Solans visitaba frecuentemente distintos cuarteles policiales y en su poder se encontró una especie de tarifario, en el cual figuraba –por ejemplo– el valor mínimo (300 mil pesos) por revisar los antecedentes de alguien en el sistema informático de la PDI, denominado “BRAIN”, que alberga antecedentes de Interpol, del Registro Civil, las órdenes de detención y mucho más.
Ante ello, la Fiscalía de Arica encargó pesquisas al Departamento V, las cuales arrojaron que había un funcionario en servicio activo de la institución implicado en el caso.
Se trataba del ahora exsubcomisario Leoncio Oporto Durant, quien el 7 de octubre de 2025 ingresó al sistema BRAIN desde la Brigada Investigadora de Robos (Biro) ubicada en La Reina, constatando la existencia de las órdenes de aprehensión en contra de Orellana y Vega, por tráfico de drogas, así como los antecedentes que de ellos mantenía la PDI.
El Departamento V también constató que existían dos depósitos realizados desde una cuenta de Solans a la de Oporto, por 200 mil y 2 millones de pesos. Asimismo, Oporto fue acusado también de violación de secreto, debido a las fotos que envió a Solans de lo incautado en una causa en la cual participaba como investigador. Se trata de una indagatoria relativa a casinos clandestinos manejados por ciudadanos chinos, causa que está a cargo de la Fiscalía Metropolitana Occidente.
Oporto fue detenido a fines de enero de este año, acusado de delito reiterado de violación de secreto, lavado de activos y tenencia ilegal de municiones, dado que en la habitación en la cual pernoctaba (ubicada al interior de otra unidad policial, en Las Condes) sus excolegas encontraron además un cargador de pistola Sig Sauer y 13 municiones que no tenía autorización para mantener en su poder, frente a todo lo cual la Policía de Investigaciones lo dio de baja de inmediato.
Solans y Miranda, en tanto, fueron aprehendidos el 12 de febrero, constatándose que el segundo realizó una transferencia por 1.8 millones de pesos al primero, quien ha sostenido –según fuentes vinculadas al caso– que el dinero que él le envió a Oporto (los 2.2 millones) fue un préstamo de amigos.
Pese a ello, el excomisario de la BIA fue acusado de asociación ilícita y también estuvo un par de semanas en prisión preventiva, pero posteriormente tanto él como Oporto quedaron bajo la medida cautelar de arresto domiciliario.
Además de ellos, hay otras seis personas en prisión preventiva y se estima que la organización que encabezaba Orellana se componía de al menos otras 10 más, que son intensamente buscadas, sobre todo en la zona sur de Santiago.
La desvinculación
Al respecto, el jefe de Asuntos Públicos de la Policía de Investigaciones, el prefecto inspector Óscar Bacovich, dijo que respecto de la detención de Oporto, realizada el 21 de enero, “esta se originó por una denuncia realizada por la misma institución al Ministerio Público, en el marco de una detección de actuaciones que podrían constituir delito por parte del funcionario. Estos hechos fueron investigados y la detención también fue ejecutada por el Departamento V de Asuntos Internos de esta policía”, agregando que el imputado “fue desvinculado de la institución a los pocos días de ser detenido”, pues efectivamente fue dado de baja el 26 de enero.
Sobre la situación, el oficial indicó que “la PDI tiene una política de transparencia absoluta ante hechos que revisten características de delitos y se encuentren involucrados funcionarios de nuestra institución. Este caso demuestra, una vez más, que los procesos de control e investigación son rigurosos y estrictos, sin importar a quienes estén dirigidos”, aseverando también que “cualquier conducta que transgreda la ética, valores y probidad funcionaria no tiene cabida alguna y siempre se tomarán las más drásticas medidas respecto a quienes se aparten de la ley y la doctrina institucional”.
