El plan del Partido Republicano para reformar la justicia militar

En medio de la avalancha de anuncios que ha dejado la instalación del nuevo Gobierno en materia de derechos humanos, como eventuales indultos a uniformados condenados durante el estallido social, llamó la atención una reciente entrevista al presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, donde argumentaba que esta medida era el primer paso “para ganarle a la delincuencia”.

A continuación, el actual senador por la Región de Valparaíso agregó al debate un componente que hasta ahora ha pasado prácticamente inadvertido y hace preguntarse si detrás de la idea de aplicar indultos a militares o conmutar penas a presos de Punta Peuco hay una estrategia mayor. “El paso siguiente va a ser corregir la ley”, aseguró a Radio Bío Bío respecto de una eventual reforma a la justicia militar.

Squella no solo confirmó que se había acabado el tiempo en que las autoridades daban vuelta la espalda a “nuestras policías”, sino que además planteó que en casos similares “se les aplique la justicia militar, para que tengan al menos un juzgador que conoce del uso de la fuerza”.

El mandamás del Partido Republicano puso en tela de juicio la idoneidad de los jueces civiles para medir el uso racional de la fuerza, asegurando que era importante contar en estas resoluciones con alguien que “conoce los protocolos”. “No hay que complicarse, hay que avanzar en esa línea, porque es lo que los chilenos eligieron”, argumentó.

Durante esos mismos días, Squella escribió en X: “El indulto a carabineros es el primer paso, pero habrá también que ajustar normas y reglas a la voluntad soberana de millones de chilenos que quieren un país en orden donde los overoles blancos, los saqueadores y encapuchados sean los que van a la cárcel y no los que defienden la patria”.

El presidente del Partido Republicano no ahondó en los mecanismos para llevar a cabo la propuesta, pero sí fue explícito en el titular principal: extender el debate sobre los indultos para que aquellos casos donde estén involucrados civiles vuelvan a ser revisados por tribunales militares, tal como sucedía dos décadas atrás.

Desde el caso Palamara Iribarne (2005), cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado de Chile limitar la justicia militar solo a tiempos de paz –dirigida exclusivamente a funcionarios activos–, que los tribunales militares no resuelven casos con participación de civiles. El Proyecto de Ley fue firmado por el expresidente Sebastián Piñera, en septiembre de 2010, y marcó un límite entre ambas judicaturas.

Para analistas y abogados de derechos humanos, la propuesta pone en el tapete una discusión que se creía superada, activando reminiscencias de los peores tiempos de la dictadura y tergiversa los relatos judiciales con una afán de construir una nueva “verdad histórica”.

Un retroceso enorme

Sobre la propuesta planteada por Squella, el abogado de derechos humanos Nelson Caucoto considera que es una medida “absurda” y sostiene que la propuesta contiene en sí misma una paradoja fundamental: “¿Por qué vamos a tener un sector privilegiado que no se someta a una justicia que juzga a todos por igual?”, se pregunta el abogado. “No podemos volver atrás, hemos avanzado… No me cabe duda de que hay una estrategia, yo creo que esto está diseñado así y tengo una visión bastante negra respecto al tema de los derechos humanos, que ya ha sido bastante relativizado por la sociedad en su conjunto”.

El académico del centro de Derechos Humanos de la UDP y máster en derechos fundamentales, Francisco Ugás, coincide en que detrás de los indultos, y ahora la idea de reformar la justicia militar, existe una estrategia que busca establecer un relato respecto a hechos que ya han sido juzgados.

“Decir que estos hechos fueron ejecutados por personas que trataron de hacer cumplir la ley, servidores de la patria que fueron injustamente condenados y que por esto debemos otorgarles estos indultos –y de esta forma, además, combatir la criminalidad–, es una forma de reescribir la historia”, explica Ugás.

La táctica, asegura el exconsejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y exdirector del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, busca “desconocer o tergiversar ese relato histórico establecido desde el Estado democrático de derecho”.

“No hay que confundir las cosas”, añade Caucoto. “Ellos están presos porque la justicia determinó que habían atentado contra sus semejantes, contra otros ciudadanos, al margen de la ley. Nadie está preso porque obedeció la ley”, dice el abogado de emblemáticos casos de derechos humanos.

Es el caso del capitán de Ejército José Faúndez, condenado a 15 años de presidio por la muerte de Romario Veloz en La Serena el año 2019, cuyo nombre ha sonado como eventual beneficiario de indulto, cuya única falta habría sido –junto a otros militares– “defender a la ciudadanía”, como sostuvo hace unos días el ministro del Interior, Claudio Alvarado.

Esta retórica, asegura Adriana Rojas, la abogada de la familia del joven ecuatoriano asesinado, tampoco se condice con la realidad. “En este caso en particular, ninguno de los militares que fueron condenados estaban en algún tipo de defensa de la ciudadanía. Si vemos los videos, hay una línea de tiro de 30 militares disparándole a la gente. Entonces, tampoco se cumple eso”, explica la abogada.

Sobre el legítimo uso de la fuerza –otro concepto en cuestión–, Adriana Rojas señala que instalar en la opinión pública la noción de que los fallos de los tribunales de justicia carecen del conocimiento de normas es “una falta de respeto”. “Es complejo, porque finalmente lo que se quiere plantear es un cuestionamiento a la decisión de los tribunales de justicia, apelando a la ignorancia de documentos, reglamentos, normas e incluso tratados internacionales”, argumenta.

El uso de la fuerza está absolutamente reglamentado, añade Rodrigo Bustos, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile. “Por lo tanto, lo que requerimos es tener policías e instituciones que hagan uso de la fuerza de manera legítima, proporcional, de acuerdo a la normativa legal y no con personas que claramente han vulnerado los protocolos o las normas del Código Penal establecidas en nuestro país”, aclara.

Por esta razón, agrega el exjefe jurídico del INDH, “no puede existir una jurisdicción especial (justicia militar) para conocer de delitos comunes que pueden afectar a la ciudadanía en general”. Un avance contrario en esta materia “vulneraría el debido proceso de personas que no son militares y, por otro lado, claramente esta justicia no goza de imparcialidad. Se trataría de un retroceso enorme”, subraya.

La misma postura defiende Nelson Caucoto, litigante en causas emblemáticas de derechos humanos, como el asesinato de Víctor Jara, el caso Degollados y Operación Colombo, entre tantas otras. “Podría hablar horas y horas acerca de mi experiencia en materia de justicia militar en tiempo de la dictadura, para que nos demos cuenta de que fue absolutamente lejano a la objetividad”, apunta.

En dicho sentido, Caucoto plantea una realidad que para algunos sectores parece olvidada. “Yo quisiera que alguien me dijera si hay una causa de detenido desaparecido que haya sido resuelta por la justicia militar”, inquiere. Luego se responde él mismo: “Es absurdo. La justicia militar va en retirada en todo el mundo. Solo para temas disciplinarios internos debiera existir, no para el tratamiento a civiles. Es un retroceso en materia de derechos humanos. Una involución”, concluye.