Cómo el Mepco reflotó debate sobre la desigualdad en la presidencia de José Antonio Kast

Cuando se supo que el incremento histórico en el precio de los combustibles anunciado por el Gobierno afectaría particularmente a sectores socioeconómicos medios y bajos –representados en esas largas filas de vehículos haciendo colas para llenar el estanque en las bencineras–, la gente y varios políticos recordaron de inmediato una medida anunciada previamente y ubicada en las antípodas de lo que estaba pasando: la prometida rebaja del 27 al 23 por ciento del impuesto corporativo a las empresas.

El cruce entre ambas iniciativas –una ejecutándose y la otra en barbecho–, se ha leído como una demostración del alcance de la política fiscal implementada estas dos primeras semanas: un sector al que se le garantizarían beneficios y utilidades versus el resto, que asumiría el costo real de las modificaciones arancelarias. La inquietud fue incluso transmitida al propio ministro de Hacienda, durante la maratón de apariciones públicas que realizó el día martes.

–El país no puede tener las tasas de impuesto que tiene. Vamos a recuperar crecimiento y empleo –explicó Jorge Quiroz, aludiendo a la rebaja en los impuestos a las grandes corporaciones.

Detrás de esta afirmación, en esencia, está la aplicación de una doctrina económica que lleva más de 50 años en boga: la famosa curva de Laffer. En términos sencillos, la iniciativa plantea que las tasas elevadas de impuestos desincentivan el trabajo, el ahorro y la inversión, mientras que rebajarlas estimularía el crecimiento de la economía.

La teoría se implementó en el Gobierno de Ronald Reagan en los años 80 y luego en varios países conservadores alrededor del mundo, retomándose en Estados Unidos durante la primera y segunda administración de Donald Trump. Se trata de una carta de navegación que también ha empezado a ocupar el actual Gobierno del Presidente José Antonio Kast, sumado esto a la agenda de copamiento que forma parte del mismo manual de las derechas contemporáneas en el mundo, en particular el diseñado por Steve Bannon.

Si bien la tesis principal es que la reducción de impuestos generará suficiente crecimiento para compensar la caída en la recaudación –se estima que si se aplica en Chile se dejarían de percibir 1.800 millones de dólares–, no existen estudios académicos que avalen que este tipo de medida tenga una respuesta compensatoria equivalente. Para muchos economistas, de hecho, es un “instrumento comunicacional de propaganda” al servicio de cambios profundos.

La narrativa

“Puede sonar fantástico”, dice el economista del Foro de Desarrollo Justo y Sostenible, Osvaldo Rosales, quien agrega que “la experiencia ha demostrado sistemáticamente que el efecto sobre la inversión es positivo, pero muy marginal”. A esto se suma que el crecimiento –en la mayoría de los casos– es inferior a la recaudación por rebaja de impuestos, situación que a la larga provocaría un aumento del déficit fiscal.

Para que esta estrategia funcione –coinciden varios economistas– es importante un relato que justifique los cambios, como sucedió con la narrativa de una crisis fiscal insostenible, como la fallida versión de un “Estado en quiebra” que terminó con un oficio de Contraloría buscando explicaciones sobre los fundamentos de la alarmista publicación gubernamental en redes sociales.

Hasta Ignacio Briones, exministro de Hacienda del segundo Gobierno de Sebastián Piñera, comentó los alcances del bochornoso incidente: “La ignorancia es atrevida”, dijo, asegurando que desde 1931 nuestro país no cae en cesación de pagos o default, acepción correcta en vez del término “quiebra”, este último más acorde a una empresa que a un Estado.

A pesar de todo, la estrategia sigue en curso. Si bien cualquier rebaja sustantiva de impuesto a las grandes empresas debe pasar por el Congreso, la reducción de gravámenes corporativos abarcaría apenas el 1,9% del total de empresas que existen en el país, las mismas que concentran el 89% de las ventas a nivel nacional. O sea, los sectores más ricos de nuestra sociedad.

Las modificaciones al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) aceleraron en el fondo un debate que está en el corazón de los análisis sobre incremento de las bencinas y su correlato en los anunciados recortes tributarios a las grandes empresas: la administración real del modelo económico y sus auténticos beneficiados.

La verdad detrás del Mepco

Desestimar el consenso transversal que existía entre economistas para enfrentar el alza en los precios del petróleo, buscando amortiguar los vaivenes del mercado internacional a través del Mepco, no solo ha implicado un incremento histórico en el precio de las bencinas sino que además repercute en quienes precisamente se buscaba proteger con el mecanismo de estabilización de precios, indican los economistas.

Hoy, en cambio, serán precisamente los segmentos de ingresos medios y bajos los que deberán sortear una serie de efectos colaterales, como el aumento en los precios de bienes y servicios y los probables remezones de una eventual inflación. La decisión ya está tomada y las repercusiones están por verse.

Para algunos economistas, sin embargo, la alternativa de abandonar el Mepco no se condice con el rol de un “buen padre de familia” que debería asumir el Estado, como plantea Álvaro Galllegos, exsuperintendente de Pensiones y experto en materias de regulación financiera.

“En Europa prácticamente todos los países están bajando los impuestos específicos a los combustibles para amortiguar el efecto en su mercado doméstico. Brasil entiendo que está eliminando transitoriamente el impuesto a los combustibles, lo que en concreto es una reacción normal y esperable de Estados que hacen sacrificios para aliviar la situación de sus ciudadanos”, recalca.

La teoría del desbande fiscal descontrolado, asegura Rosales, es un mito instalado por la “falacia de la emergencia” –concepto acuñado en un estudio de diagnóstico económico– y no se condice con el relato de un país en ruinas, luego que el actual ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, revelara haber recibido una caja fiscal con apenas 40 millones de dólares a fines de 2025.

Rosales contradice la teoría que plantea que el país se cae a pedazos, asegurando que Chile tiene un nivel de deuda bajo y posee la mejor clasificación de riesgo de América Latina. Además, cuenta con una inflación bajo el 3%, se generaron 750 mil empleos y 600 mil personas salieron de la pobreza.

Para Carlos Ominami, exministro de economía de Patricio Aylwin, aumentar el nivel de endeudamiento era una posibilidad razonable para enfrentar la crisis del petróleo: “Kast en la campaña del año 2021 planteó ponerle límites al endeudamiento, asegurando que no podía ser más del 50%. Creo que entre castigar tan severamente a los consumidores y transportistas, era mejor que el país hubiera podido aumentar su nivel de endeudamiento. No me parece un escándalo en absoluto”.

Lo verdaderamente escandaloso, agrega el exsenador, sería la rebaja del impuesto corporativo del 27 al 23%. “La verdad es que el sesgo a favor del gran empresariado de este Gobierno es francamente brutal. Imagínate que durante la emergencia en tiempo de Piñera se subió el impuesto corporativo y ahora se está haciendo exactamente lo contrario. No se me ocurre otra palabra para explicarlo, creo que es impúdico”, apunta.

Otras medidas, más de lo mismo

La reducción de impuestos corporativos no es el único beneficio previsto para las grandes empresas y fortunas del país.

Entre otras propuestas en esta línea, destaca la de rebajar temporalmente el impuesto a las herencias y donaciones, como parte del Plan de Reconstrucción económica elaborado por la actual administración. La idea es reducir la tasa del impuesto, que hoy grava con un 25% los montos sobre $1.000 millones, buscando inyectar recursos frescos a las arcas fiscales.

Si bien el plan cumpliría con los objetivos de recaudación, la crítica de algunos economistas apunta a la misma estrategia. “La pregunta de fondo es nuevamente la misma: ¿cuántas familias chilenas de sectores vulnerables o medios están en condiciones de transmitir herencias de más de mil millones? La respuesta, nuevamente es obvia: una cúpula muy selectiva de altísimos ingresos”, puntualiza Rosales.

Ominami sostiene que se trata de una medida regresiva, porque mientras por un lado se permite adelantar el pago, por otro lado implica una condonación sustantiva del impuesto, lo que significa en el fondo una menor recaudación fiscal. “Es como hacerse trampa en el solitario”, dice.

Para el economista Andrés Solimano, doctor en Economía del Massachusetts Institute of Technology (MIT), la medida es “innecesaria fiscalmente y tiende a transmitir intergeneracionalmente la desigualdad”. “No planteo que no se dejen herencias, pero creo que si reduce o elimina el impuesto a quienes pudieron acumular riqueza, es un mecanismo perpetuador de la desigualdad”, señala.

Hay otra medida que también genera controversia. Si bien en un comienzo se planteó una eliminación gradual de las contribuciones o impuesto territorial –inserto en las 40 medidas del Plan de Reconstrucción Nacional–, el diseño actual busca en una primera instancia eximir del pago a los adultos mayores por su primera vivienda. Aunque la propuesta final, al parecer, seguiría siendo progresiva.

De ser así, aluden varios economistas, la iniciativa afectará el financiamiento del Fondo Común Municipal (FCM), mecanismo que constituye la principal fuente de recursos de los municipios y que apunta a una redistribución solidaria entre las municipalidades de mayores ingresos y aquellas que recaudan menos dinero.

“Si consideramos que las contribuciones las pagan alrededor de un 25% de contribuyentes y el resto está exento, entonces claramente se favorecería a la población con más recursos del país. Aunque es un beneficio más amplio, en él también estarían incluidos los segmentos más ricos”, apunta la economista y consultora independiente Jacqueline Saintard.

Su implementación favorecería particularmente a beneficiarios de las comunas más ricas del país, como Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea y, en menor medida, también a Providencia y La Reina. Esto implicaría un golpe muy fuerte a municipios cuyo financiamiento depende en gran medida del Fondo Común Municipal, que en el caso de algunos como Cerro Navia, Renca y Pedro Aguirre Cerda representa un 60% de sus recursos totales.

En resumen, asegura Osvaldo Rosales, sería pasar de un instrumento netamente redistributivo a un “traspaso de fondos muy significativos a los grupos de mayores ingresos, empresas y familias. Una situación que, en verdad, no tiene explicación en un contexto de aguda crisis fiscal, como ellos lo están planteando”.

Tampoco tiene mucha explicación entre los economistas la anunciada exención tributaria del impuesto a la ganancia de capital, una medida que buscaría incentivar la inyección de capital en el mercado bursátil.

Aparte de considerarse una propuesta que no implicaría una recaudación sustantiva, la iniciativa, según Rosales, apunta a más de lo mismo: “Abrir las opciones para que las ganancias se multipliquen, pero la verdad es que el crecimiento es más complejo y no depende meramente de los impuestos”.

Para Álvaro Gallegos, el conjunto de medidas lo que busca en el fondo es otra cosa. “Esto es básicamente una defensa de los privilegios de los segmentos de mayor patrimonio, para evitar que se vean amenazados por una mayor carga tributaria. Ese es el fondo del asunto: es una disputa por el excedente económico”, subraya el economista.

Lo peligroso de estas medidas –agrega Gallegos– es que apuntan a proteger a segmentos de mayores ingresos y patrimonio, “a costa de debilitar la capacidad estatal para proveer los servicios públicos que se requieren para que vivamos en una sociedad cohesionada. Recuerda que en la entrada del Servicio de Impuestos Internos en Estados Unidos hay una inscripción que dice que los impuestos son el precio que se paga por vivir en una sociedad civilizada. Más claro, echarle agua”, concluye.