Información desactualizada sobre la participación de parlamentarios en diversas sociedades fue publicada por la Fundación Ciudadano Inteligente y luego difundida por varios medios de comunicación. Esto provocó un error en torno al número de sociedades que se le adjudicaban a los congresistas y a la vez a los posibles conflictos de interés que estos pudieran tener a la hora de legislar.
“Me molesta que se haya hecho un trabajo mal, que afecta la situación política general y que nos deja en entredicho”, aseguró esta mañana el diputado UDI, José Antonio Kast, a raíz de la información que entregó la Fundación Ciudadano Inteligente y que fue publicada hoy en este medio. El diputado Kast tiene participación en 11 sociedades, no en 43 como aseguraba la Fundación, y por ende, sólo una de ellas (aunque sin movimientos) está actualmente fuera de su declaración de intereses, algo que se encuentra regularizando.
La situación de Kast se repite con otros parlamentarios y dentro de la bancada UDI existen varios afectados. La posibilidad de iniciar acciones legales contra la Fundación se está evaluando dentro de este partido, puesto que “la Fundación ha difundido información falsa”, imputándoles a los parlamentarios un delito, tal como asegura el diputado Kast. El tema ya fue planteado al interior de la colectividad y será decido el próximo lunes, junto al Presidente de la Cámara de Diputados, Patricio Melero (UDI).
La Fundación Ciudadano Inteligente trabajó durante un año en su página “Inspector de intereses” y recogió información –en el Servicio de Impuestos Internos (SII) y el Diario Oficial– sobre la participación en sociedades de todos los parlamentarios, como también de sus acciones, para detectar posibles conflictos de interés. Una vez terminada la investigación, la Fundación envió cartas y mails a los parlamentarios solicitándoles corroborar la información, donde se les planteó lo siguiente:
“Estamos en conocimiento de la posibilidad de errores en las fuentes de datos consultadas, por lo que primero compartimos con usted estos resultados. En caso que la información aquí planteada no sea correcta, usted puede enmendarla en el breve plazo enviando los antecedentes necesarios al correo electrónico inspector@ciudadanointeligente.cl antes del jueves 6 de octubre del 2011. En el caso de no recibir respuesta de su parte, asumiremos que la información que le presentamos es la correcta”.
El problema estuvo en que al menos cuatro parlamentarios, sí dieron una respuesta a la Fundación Ciudadano Inteligente y en algunos casos, no la acompañaron de los documentos que acreditaran lo que decían. El criterio de la Fundación, como asegura el encargado de la investigación Manuel Arís, fue que sin los papeles que dieran cuenta de la desvinculación del parlamentario a la sociedad/es, no se cambiaba la información.
[cita]Uno de los parlamentarios afectados es Juan Carlos Latorre (DC), quien envió una carta de respuesta a la Fundación Ciudadano Inteligente, cuando ellos solicitaron la información, en la cual explicaba que su declaración de intereses estaba completa –con 3 sociedades y no 14 como ellos planteaban. Sin embargo, el diputado asegura que esta información “no fue tomada en cuenta”, agregando que la Fundación “no tiene derecho a desprestigiar a los parlamentarios”.[/cita]
Uno de los parlamentarios afectados es Juan Carlos Latorre (DC), quien envió una carta de respuesta a la Fundación Ciudadano Inteligente, cuando ellos solicitaron la información, en la cual explicaba que su declaración de intereses estaba completa –con 3 sociedades y no 14 como ellos planteaban. Sin embargo, el diputado asegura que esta información “no fue tomada en cuenta”, agregando que la Fundación “no tiene derecho a desprestigiar a los parlamentarios”.
En la misma situación está Patricio Vallespín (DC), quien envió los antecedentes solicitados por la Fundación en la fecha correspondiente y recibió una respuesta positiva, en la que le decían que iban a cambiar la información incorrecta. Sin embargo, Vallespín explica que no lo hicieron y que “no se dieron el trabajo de revisar los antecedentes que les envié”. El diputado valora la iniciativa de la Fundación, pero cree que un estudio como este, que “dice que hay intereses comprometidos que no son tales, amerita una investigación más rigurosa”. Vallespín tiene participación en dos sociedades, no tres, y una de ellas no está declarada. Esta última no presenta movimientos desde el 2002 y el diputado la va a cerrar.
Vallespín le advirtió a la Fundación Ciudadano Inteligente que su fuente de información era “insuficiente” y que era necesario hacer una investigación más rigurosa. Lo mismo le planteó el diputado Kast, quien envió respuesta a la Fundación, explicando que la información que poseían estaba “totalmente desactualizada”, puesto que en la mayoría de los casos su participación en las sociedades había cesado antes del año 2000. Pero no envió los documentos que acreditaran sus palabras y la información errada salió a la luz pública. La equivocación fue corregida ayer por la Fundación, luego de que el abogado del diputado Kast presentara todos los antecedentes que comprobaban que sólo participa en 11 sociedades.
Pero no toda la información que publicó la Fundación Ciudadano Inteligente está errada. En el caso del diputado Alberto Robles (PRSD) las 10 sociedades que se le atribuyen, de las cuales sólo 4 están declaradas, están vigentes. Frente a esto, el diputado Robles declaró a El Mostrador que “no me acordaba que tenía esas sociedades, hace muchos años que ya no funcionan y agradezco la iniciativa (de la Fundación), porque sino no me hubiera dado cuenta. Voy a actualizar mi declaración de intereses”. Sin embargo, discrepa con los posibles conflictos de interés a los que se lo asocia en la página, puesto que “ese cruce con proyectos de ley es poco fino, ahí se equivocan. Una cosa es tener una sociedad y otra es tener intereses en votar proyectos de ley que afectan a la salud de las personas”.
La Fundación Ciudadano Inteligente explica que a los parlamentarios se les dio la oportunidad de corregir la información que ellos poseían y en que varios casos se hizo cuando les enviaron una respuesta respaldada por documentos. Manuel Arís, encargado de la investigación, explica que “no es la intención perjudicar ni dañar la imagen de los políticos”, pero que el problema estuvo en que no entregaron la información que ellos solicitaban y por ende, “entendimos que la información estaba bien”. A la vez, agrega que a medida que los parlamentarios vayan entregando más antecedentes, ellos están totalmente dispuestos a corregir los errores que pudieran surgir.
