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“Un debate necesario”: el desafío de equilibrar la protección infantil y la reinserción social”

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María Ignacia Olave Hola
Por : María Ignacia Olave Hola Periodista de El Mostrador.
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Nicolás Pietrasanta, sociólogo y jefe de Estudios en Fundación Amparo y Justicia, analiza los avances y fallas del sistema chileno para proteger a niños de abusadores sexuales condenados.


En el marco del lanzamiento del podcast Un Llamado a Actuar, que aborda historias reales de explotación sexual infantil bajo la organización Actuar es Urgente. El proyecto pone en el centro las voces de quienes han sido víctimas de esta grave vulneración de derechos.

El objetivo es sensibilizar a la sociedad sobre la complejidad de este delito, visibilizar los mecanismos de captación utilizados por los explotadores y, sobre todo, cuestionar el rol de las instituciones que debieran proteger a la infancia.

Cada uno de los cinco episodios fue reconstruido a partir de testimonios reales recogidos en causas judiciales entre 2022 y 2023. Los guiones fueron adaptados para su narración en formato podcast y dramatizados por jóvenes adultas de la organización Tremendas. Cada historia está acompañada por una entrevista a una persona experta de la red de Actuar Es Urgente, quienes analizan las fallas estructurales y las condiciones sociales que permiten que este delito ocurra.

El rol del sistema chileno

En Agenda País conversamos con Nicolás Pietrasanta, sociólogo y jefe de Estudios y Políticas Públicas en Fundación Amparo y Justicia. Pietrasanta analiza las falencias y avances del sistema chileno para prevenir y sancionar delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, a partir del quinto episodio, donde se relata la experiencia de John, un joven víctima de abuso por un agresor con antecedentes penales.

El especialista explica que, aunque Chile cuenta con un sistema diseñado para evitar estos casos —el Registro de Inhabilidades— su funcionamiento presenta problemas que impiden una protección efectiva. “En el año 2018 en la Fundación Amparo y Justicia, solicitamos información por transparencia a dos instituciones. Primero al Poder Judicial, que son quienes establecen las condenas, dictamina las condenas sobre este tipo de casos y también al Registro Civil que se encarga de gestionar el que el  registro efectivamente contenga la información señalada en estas condenas y nos dimos cuenta  que había aproximadamente un 60% del total de personas condenadas que estaban en el registro“, detalla. Este registro debería ser consultado obligatoriamente por instituciones que contratan personal en contacto con menores, pero existe poca fiscalización y su uso no es obligatorio en empleos esporádicos o informales, aumentando así los riesgos.

“Un debate necesario”

El sociólogo afirma que, en países como Estados Unidos, existe un debate sobre la apertura del registro a ciudadanos para prevenir riesgos en entornos familiares o sociales. Sin embargo, en Chile esta discusión aún no está instalada, debido a temas normativos, confidencialidad y el riesgo de estigmatización de personas que ya cumplieron su condena. “También genera un problema que también hay que resolver como país en este tipo de debate y que tiene que ver con la posible estigmatización que recaería sobre personas que ya fueron condenadas, que cumplieron sus penas, perdón, y hoy día están en libertad porque uno podría decir: ‘perfecto, ellos ya cumplieron, ¿por qué no podrían hoy día reintegrarse en la sociedad?’. Pero como sociedad también nos podríamos preguntar: ‘perfecto, que se reintegren, pero ¿por qué trabajando con niños? que se reintegran mejor en otros espacios“, reflexiona Pietrasanta.

Reparación integral para las víctimas

Pietrasanta destaca que el daño psicológico y emocional que sufren las víctimas es tan grave como el daño físico. Por ello, el Estado debe asegurar programas efectivos de intervención psicológica y social, pero también enfatiza la importancia del acceso a la justicia. “Creo que hay algo que es sumamente importante y que a veces dejamos de lado, que es el acceso a la justicia. Cuando estos casos se conocen por el sistema judicial, es porque hay un anhelo de alguna persona que ingresó esa denuncia de que se haga justicia de alguna manera, de que el caso pueda investigarse con la debida diligencia, que se hagan las diferentes labores investigativas para esclarecer qué ha ocurrido”, declaró.

Avances fundamentales

En cuanto a las condiciones para evitar la revictimización durante el testimonio, Pietrasanta resalta la implementación en Chile, desde 2019, de la Ley de Entrevistas Biograbadas. “ Es una herramienta bastante útil que si se aplica de manera oportuna y por un entrevistador acreditado, que es como ocurre hoy día en el país, puede ayudar bastante a esclarecer este tipo de hechos“, explica. Este método ha demostrado aumentar la probabilidad de formalización, sentencia y condena en casos de explotación sexual.

Finalmente, Pietrasanta invitó a valorar los avances, aunque reconoce que el camino es largo. “Hemos avanzado en cosas bien relevantes. Una, la ley de entrevistas biograbadas que te comentaba. Creo que tampoco hay que perder de vista la nueva institucionalidad que también tenemos, que no tiene más de 10 años de antigüedad. Estamos hablando de la Defensoría de la Niñez, la Subsecretaría de la Niñez, el Servicio de Reinserción Social Juvenil, las reformas que se le hicieron al SENAME, que hoy día es el servicio conocido como Mejor Niñez. Entonces, estas instituciones, a lo mejor uno esperaría siempre más de ellas, pero son instituciones jóvenes, están asentando sus prácticas, tienen que probar aquello que están implementando para ver si funciona y yo creo que de verdad vamos por buen camino“, concluye el experto.


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