Vivir más no basta: el desafío que abre la nueva ley de envejecimiento

La aprobación reciente de la Ley Integral de Envejecimiento en Chile es, sin duda, una buena noticia. Reconoce al envejecimiento poblacional como un asunto de interés público y expresa una voluntad política largamente postergada: dejar de mirar la vejez como un tema marginal y comenzar a abordarla como parte del desarrollo del país. En una sociedad que envejece con rapidez, este avance merece ser valorado.

Pero precisamente porque se trata de un paso relevante, conviene preguntarse si es suficiente. Chile no solo envejece: vive más tiempo, y lo hace en un contexto social, económico y cultural muy distinto al de décadas anteriores. La longevidad actual no se parece a la vejez que conocíamos. No es solo una cuestión de más personas mayores, sino de vidas más largas, más diversas y también más desiguales.

La evidencia internacional es clara en este punto. Vivir más no es únicamente un logro sanitario; es un desafío estructural. Estudios recientes de la OCDE muestran que, a medida que se extiende la esperanza de vida, también se prolongan los años en que las personas requieren apoyos cotidianos, cuidados y redes sociales que no siempre están disponibles ni garantizadas. La longevidad, en otras palabras, tiene un costo continuo que nuestras políticas aún no asumen plenamente.

Durante años, las respuestas al envejecimiento se han apoyado en una lógica conocida: la responsabilidad individual. Ahorrar más, cuidarse mejor, adaptarse como se pueda. Sin embargo, los estudios longitudinales sobre envejecimiento advierten que este enfoque es insuficiente y, en muchos casos, injusto. No todas las personas llegan a edades avanzadas con las mismas condiciones, ni con la misma capacidad de “comprar” bienestar, salud o autonomía. Cuando la longevidad se privatiza, se estratifica.

Aquí aparece una de las tensiones centrales que la nueva ley apenas alcanza a esbozar: el riesgo de una longevidad profundamente desigual. Para algunos, los años adicionales se viven con seguridad, participación y propósito. Para otros, se convierten en una extensión de la precariedad, la dependencia mal resuelta y la soledad. La diferencia no la marca la biología, sino las trayectorias sociales acumuladas a lo largo de la vida.

Uno de los puntos más críticos sigue siendo el de los cuidados. La investigación es contundente: sin sistemas de cuidados robustos, la longevidad se vuelve frágil. No se trata solo de dependencia severa, sino de apoyos cotidianos que permiten sostener la autonomía y prevenir el deterioro. Hoy, ese trabajo recae mayoritariamente en las familias —y de manera desproporcionada en las mujeres— reproduciendo una carga silenciosa que el envejecimiento acelerado solo profundiza.

A esto se suma un debate que Chile aún aborda con timidez: el del trabajo, la participación y el sentido en la segunda mitad de la vida. Vivir más tiempo desborda la idea tradicional de jubilación como retiro definitivo. Muchas personas quieren seguir aportando, trabajando o participando socialmente, pero se enfrentan a un mercado laboral rígido y persistente en su edadismo. El resultado es un enorme desperdicio de capital social en un país que no puede darse ese lujo.

La nueva ley debe leerse, entonces, como lo que es: un punto de partida, no un punto de llegada. Gobernar la longevidad exige algo más ambicioso que marcos generales. Requiere tratarla como una transformación estructural, comparable a los cambios tecnológicos o climáticos, capaz de atravesar pensiones, salud, cuidados, vivienda, trabajo y cohesión social.

Chile ha hecho bien en reconocer el envejecimiento como un asunto de Estado. El desafío ahora es mayor y más incómodo: decidir si la longevidad será un derecho compartido o un privilegio que se compra, si los años adicionales serán tiempo ganado para vivir con sentido o tiempo acumulado de desigualdad.

Porque vivir más, por sí solo, ya no basta. La pregunta urgente es otra: qué estamos haciendo para que esos años valgan la pena, y para quiénes.

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