Demandas colectivas en Chile: el repositorio que reconstruye 20 años de defensa del consumidor

Las demandas colectivas, también conocidas como acciones colectivas, son mecanismos legales que permiten a varios consumidores o usuarios unirse para presentar una reclamación conjunta contra una empresa o proveedor. Este tipo de acción se utiliza cuando muchas personas resultan afectadas por el mismo problema o incumplimiento. En Chile, su regulación principal se encuentra en la Ley del Consumidor (Ley N.º 19.496), que establece cómo y cuándo pueden ejercerse estos derechos.

Las demandas colectivas cumplen un rol clave en la defensa de los consumidores. A través de un solo juicio, es posible proteger los derechos de numerosas personas afectadas por una misma práctica o incumplimiento empresarial. Además, este mecanismo facilita la indemnización colectiva y la adopción de medidas correctivas que benefician al conjunto de los afectados.

Al mismo tiempo, las acciones colectivas actúan como un freno disuasivo frente a conductas abusivas del mercado, incentivando a las empresas a mantener prácticas más responsables y transparentes.

Para conocer más sobre las demandas colectivas, El Mostrador conversó con Camila Huispe, abogada de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile (Conadecus), quien encabezó, junto al abogado y socio de la corporación Antonio Olivares, la más reciente investigación en materia jurídica y de derecho del consumidor, centrada en la evolución de las demandas colectivas realizadas en Chile desde el año 2004.

¿Por qué son importantes las demandas colectivas?

“En ese sentido, nuestra asociación y el equipo jurídico se dio cuenta que faltaba un repositorio, un registro que pudiera recabar o integrar la totalidad de sentencias que se han dictado en materia de juicios colectivos. Queríamos algo mucho más especializado, solo en temas de acciones de consumo para poder facilitar el acceso a la justicia a la ciudadanía”, explica la abogada. 

Huispe recalca que para iniciar una demanda colectiva existen tres mecanismos. “Lo pueden hacer un grupo de consumidores de 50 personas o más siempre que estén representadas por un abogado. Ese es como se ha entendido doctrinariamente y jurisprudencialmente que ese es el mínimo garantizado para poder entablar una acción así y también se puede hacer a través de los legitimados activos que son el Servicio Nacional del Consumidor y en este caso Conadecus que es una asociación de consumidores”.

Además, agrega que cuando ocurre un hecho negativo de grandes características,  “las personas comienzan a reclamar, lo ideal es que se acerquen siempre a las instituciones a reclamar al Sernac o a Conadecus, adjunten los antecedentes y a ir a través de un estudio, se puede visualizar si al final hay una relación de consumo”.

Asimismo, la abogada explica que cuando se recurre a uno de estos mecanismos es en búsqueda de la justicia. “Lamentablemente la duración de estos procedimientos es larga, hay que decir que es larga. El promedio que nosotros pudimos detectar a través del estudio fue de cinco años, en promedio que duraban e incluso algunos casos llegaron a durar diez años. Entonces la justicia, lamentablemente, llega tarde para los consumidores, no es un mecanismo tan eficiente en ese sentido e inmediato”, advierte.

Bajo este sentido, es que Conadecus presentó “Jurisprudencia de Consumo”, el primer repositorio virtual que reúne más de veinte años de demandas colectivas interpuestas en Chile. La iniciativa busca facilitar el acceso libre y transparente a la información sobre este tipo de procesos, ofreciendo a la ciudadanía un registro público y sistematizado de sentencias. De esta forma, el proyecto pretende visibilizar cómo se han desarrollado y resuelto los principales casos de acción colectiva en el país.

La evolución de las demandas colectivas

Ejemplos emblemáticos de demandas colectivas en Chile incluyen el caso de la colusión de las farmacias, que expuso acuerdos ilegales para elevar precios de medicamentos y derivó en compensaciones masivas a consumidores; las acciones presentadas por cortes prolongados de suministro eléctrico, que obligaron a empresas distribuidoras a indemnizar a miles de clientes por daño moral; y las demandas por colusión en el mercado del pollo, uno de los mayores escándalos de coordinación de precios en el país, que marcó un precedente en la persecución de prácticas anticompetitivas.

Estas causas se convirtieron en hitos del uso de acciones colectivas como herramienta de defensa de los derechos de los consumidores. Sin embargo, Huispe destaca que estos “son ilicitos más bien que tienden a ver con el tema de la colusión, más que quizás a una relación de consumo”.

“Es un efecto colateral que se da de un daño entre los proveedores y entre la libre competencia de entre ellos, pero hay también otros casos bastante conocidos que solo atañen a la ley del consumidor. Por ejemplo, problemáticas con si aplica o no la ley del consumidor respecto a la interrupción del servicio básico”, agrega.  

Por otro lado, la abogada destaca que la evolución de las demandas colectivas han ido desde hechos que, en principio, parecían más evidentes hasta ilícitos que son mucho más sofisticados. “Por ejemplo temas que aún no están completamente regulados como es la inteligencia artificial en los mercados financieros, básicamente como todavía existen proyectos de ley que están entrando a regular esta materia, ya nos estamos hablando de los clásicos ejemplos en donde uno podía fácilmente detectar la infracción, sino que ahora cada vez se va sofisticando más y requiere también mucha más opinión técnica de un experto que te pueda indicar más o menos el nivel de tecnicismo que se requiere para poder detectar la infracción y que un abogado posteriormente pueda demandar en base a esa información”. 

Finalmente, la experta hace un llamado a visitar las páginas oficiales de sitios como Conadecus donde se puede encontrar información del repositorio de demandas colectivas realizadas desde 2004 hasta la fecha.