Los desafíos pendientes de la Ley REP: infraestructura, trazabilidad y cumplimiento

La discusión sobre la Ley REP y el desempeño de los sistemas de gestión creados bajo este modelo ha comenzado a mostrar sus primeros resultados concretos. Hoy conviven distintos SIG y GRANSIG —como GIRO, Resimple, ProREP o Campolimpio— que operan en ámbitos domiciliarios, no domiciliarios y agroindustriales, cada uno con estructuras y capacidades distintas.

Las empresas ya presentaron sus informes de cumplimiento, detallando cantidades de productos prioritarios, tasas de recolección y valorización, y la tarificación asociada, todo mediante la plataforma RETC de la SMA. Sin embargo, el verdadero diagnóstico aún está pendiente: corresponde a la Superintendencia validar y verificar la información, lo que permitirá conocer, por primera vez, indicadores reales de trazabilidad y desempeño. Solo entonces será posible evaluar con precisión cuánto hemos avanzado y qué tan robusto es el sistema actualmente.

En materia de metas, el desafío es igualmente significativo. Los decretos establecen exigencias graduales para cada producto prioritario, siendo envases y embalajes el último en contar con metas formales: 60% para cartón para líquidos, 70% para papel y cartón, 45% para plásticos y 65% para vidrio a nivel domiciliario; y metas aún más altas en el segmento no domiciliario.

Pero cumplir estos porcentajes no depende únicamente de las empresas ni de la existencia de sistemas de gestión. Requiere infraestructura, tecnología, trazabilidad y mecanismos que aseguren que la materialidad efectivamente vuelva al mercado en forma de nuevos productos. Sin una red suficiente de recolección, clasificación y valorización, las metas corren el riesgo de transformarse en objetivos deseables, pero difícilmente alcanzables.

Los sistemas, sean colectivos o individuales, han intentado organizarse bajo la lógica que permite la ley: trabajo con recicladores de base, convenios municipales, alianzas con centros de acopio y valorizadores. Pero la heterogeneidad es evidente.

Mientras neumáticos y envases ya cuentan con metas definidas, otros productos —como el textil— recién comienzan su camino regulatorio, pese a su enorme impacto: Chile genera más de 572 mil toneladas de residuos textiles al año (que equivalen al 7% de los residuos sólidos urbanos por habitante), y es el cuarto mayor importador de textil a nivel mundial con cerca de 123mil toneladas anuales, de acuerdo a los datos del Ministerio de Medioambiente. La validación de los reportes permitirá aclarar, por primera vez, cómo funciona realmente el modelo a nivel regional.

Es importante recordar que la Ley REP es gradual y no puede solucionar por sí sola la compleja gestión de residuos del país. Estamos en una etapa temprana, y la experiencia internacional —como la de España, con más de 15 años de implementación— demuestra que la educación ambiental y la participación ciudadana son factores decisivos.

No basta con regular: es indispensable que los consumidores comprendan la materialidad, separen correctamente y participen del sistema. La otra pieza clave es la trazabilidad. Sin mecanismos que verifiquen de manera independiente cuánto residuo regresa efectivamente al mercado, el modelo pierde credibilidad.

También persisten importantes brechas logísticas. La última información oficial (2019) contabilizaba 7.186 puntos verdes, 98 puntos limpios, 216 centros de acopio y 54 valorizadores, con una capacidad instalada fuertemente concentrada en la Región Metropolitana. Mientras menos infraestructura exista en regiones, más residuos deberán trasladarse para su valorización, con los consecuentes costos económicos y ambientales. La evaluación que realice la SMA será crucial para visibilizar estas asimetrías y orientar futuras inversiones públicas y privadas.

La Ley REP no es solo una obligación regulatoria: es una oportunidad para modernizar la gestión de residuos, impulsar innovación y construir ventajas competitivas en sostenibilidad. Pero para lograrlo, se requiere coordinación, infraestructura y una mirada país. El éxito del modelo dependerá de nuestra capacidad de construir, colectivamente, un sistema que funcione en la práctica y no solo en el papel.