“Ninguna mujer se embaraza para abortar”: Gobierno ingresa proyecto de ley para interrumpir embarazo

Este miércoles, el Gobierno ingresó finalmente el proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo para su tramitación en el Congreso Nacional.

La iniciativa fue anunciada por el Presidente Gabriel Boric durante la Cuenta Pública del año pasado, junto con la modificación del reglamento para optimizar la aplicación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en tres causales. Estas modificaciones fueron visadas por la Contraloría General de la República el pasado 23 de mayo, lo que permitirá fortalecer el acceso de mujeres y niñas a este derecho ya establecido por ley.

“Hace un año, el Presidente Gabriel Boric ingresó un nuevo reglamento para las tres causales y también anunció un proyecto para el aborto legal. El día viernes en la tarde, la Contraloría tomó razón del reglamento que busca que lo que nuestro país ya acordó en 2017 funcione en todo el territorio y resguarde, en especial, a las niñas en la causal de violación, la más frecuente para ellas”, declaró Antonia Orellana, ministra de la Mujer y Equidad de Género.

En un paso significativo hacia el fortalecimiento de los derechos sexuales y reproductivos, desde el Gobierno anunciaron el ingreso de un proyecto de ley que regula la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 14 semanas de gestación. La propuesta contempla la incorporación de mecanismos específicos dentro del sistema de salud para asegurar su implementación efectiva.

El proyecto mantiene las disposiciones actuales sobre objeción de conciencia, tanto a nivel individual como institucional, tal como lo establece la legislación chilena. Además, pone énfasis en garantizar que el acceso a esta prestación se realice en el menor tiempo posible y que las mujeres cuenten con información clara y oportuna para tomar decisiones informadas.

“Los motivos para interrumpir un embarazo son muchos y no todos caben en las tres causales. Ninguna mujer se embaraza para abortar. A quienes apoyamos que esto sea una materia de política de salud pública, les invito a que demos un debate respetuoso”, agregó Orellana.

Asimismo, y teniendo en cuenta el debate que genera este proyecto, invitó a quienes están en contra a que “con confianza en la justicia de sus argumentos, se abran al debate y no se sigan imponiendo por más años los vetos a una discusión que, independiente de la disposición a darse, sigue ocurriendo”.

Por su parte, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, explicó que “si bien hemos avanzado mucho en temas de regulación de la natalidad, siempre siguen ocurriendo abortos, y el que sea en clandestinidad produce riesgos para la salud de las mujeres, riesgos que finalmente se traducen en hospitalizaciones que son aproximadamente más de 20.000 al año, y cerca de 260.000 en un acumulado de más de 10 años, aproximadamente”.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, señaló que “actualmente las mujeres que cometen aborto se encuentran criminalizadas o penadas en nuestro sistema u ordenamiento jurídico. Y eso es precisamente lo que con este proyecto se quiere terminar; es decir, que las mujeres que hasta un cierto plazo realicen un aborto por distintas razones no se vean expuestas a ser perseguidas penalmente”.

De acuerdo con una investigación realizada por Corporación Miles, entre 2012 y 2022 se abrieron 444 investigaciones por el delito de aborto en nuestro país, incluso cuando el 10 % de los casos se trataba de abortos espontáneos acreditados.

Proyecto de Ley de aborto legal

El costo financiero estimado de este proyecto es de $2.600 millones. Esto se divide, según Orellana, “en la provisión de los medicamentos que son necesarios, de acuerdo con las guías clínicas actuales de la Organización Mundial de la Salud, para la interrupción medicamentosa; como también en algunos recursos humanos”.

“Acá estamos estableciendo un plazo de 14 semanas. En muchos países del mundo, esto —bajo condiciones sanitarias seguras, no en la clandestinidad y sin tráfico de medicamentos— es un procedimiento que puede ser ambulatorio”, explicó la ministra de la Mujer.

Avances del Gobierno en derechos sexuales y reproductivos

En octubre de 2022, el Ministerio de Salud incorporó las agresiones sexuales agudas al sistema de Garantías Explícitas en Salud (GES), marcando un avance clave en la respuesta estatal frente a este tipo de violencia. Desde la entrada en vigencia de la medida, se han atendido 4.590 personas, de las cuales 4.018 son mujeres y 1.958 menores de 19 años, evidenciando la relevancia de contar con una atención oportuna, integral y garantizada en estos casos.

Asimismo, este año el Ministerio de Salud amplió las coberturas de Fonasa con un enfoque en salud sexual y reproductiva. Entre las novedades destaca la incorporación del examen de la hormona antimulleriana (AMH), una herramienta clave para evaluar la reserva ovárica, especialmente útil para mujeres que están planificando su maternidad. Además, en el marco de la actualización del arancel de la Modalidad de Libre Elección, se sumaron nuevas prestaciones, incluyendo tratamientos para la endometriosis y el acceso a anticonceptivos hormonales de larga duración.