Minsal endurece requisitos y condiciona acceso de niñeces trans a programa de acompañamiento

El Ministerio de Salud (Minsal) publicó el pasado 5 de diciembre una nueva circular que modifica las condiciones de acceso al Programa de Acompañamiento a la Identidad de Género (PAIG) para niños, niñas y adolescentes trans. A partir de esta instrucción, los menores de 14 años deberán contar con autorización familiar para ingresar al programa.

Se trata de la circular N°8, firmada por el subsecretario de Redes Asistenciales, Bernardo Martorell Guerra, la que ordena a todos los servicios de salud exigir un “documento que establezca la autorización para la participación en el Programa de Acompañamiento a la Identidad de Género, en todos los niños, niñas y adolescentes menores de 14 años”.

La medida se sustenta en la Ley N°21.722 de Presupuestos del Sector Público para 2025, normativa que establece que “deberá garantizarse la autorización de los padres, madres o representantes legales para la participación en dicho programa en el caso de niños y niñas menores de catorce años”.

El mismo marco legal advierte que “constituirá una vulneración grave al principio de probidad ejercer coacción, amenazas, presión indebida o cualquier forma de intimidación sobre los padres, madres o representantes legales de los niños, niñas o adolescentes involucrados, con el fin de que accedan a autorizar participación en contra de su voluntad”.

En esa línea, la circular precisa que “para que el NNA menor de 14 años pueda ingresar al PAIG deberá contarse además con la autorización de su padre, madre, o representante legal, bastando para este efecto con la autorización de uno de ellos”. A su vez, establece que “la manifestación de voluntad del niño, niña o adolescente será suficiente para permitir su ingreso al PAIG solo si este tiene 14 años o más”.

El cambio introduce una diferencia sustantiva respecto del Decreto Supremo N°3, publicado el 29 de agosto de 2019 durante el segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera, que reglamentó la aplicación del artículo 26 de la Ley de Identidad de Género sin fijar una edad mínima para acceder al PAIG ni exigir consentimiento familiar, limitándose a la obligación de informar.

En particular, el artículo 5 de dicho reglamento señalaba que “la voluntad del niño, niña o adolescente de participar en el programa deberá ser informada a su representante legal. Si el niño, niña o adolescente tuviere más de uno, solo se informará al que dicho niño, niña o adolescente señale”.

Lineamientos posteriores también apuntaban en esa dirección. Las orientaciones técnicas aprobadas en 2023 por la Subsecretaría de Salud Pública, bajo la administración del presidente Gabriel Boric, recomendaban acciones de sensibilización y eventuales medidas de protección frente a la oposición familiar, incluyendo la coordinación con Oficinas Locales de la Niñez u organismos judiciales cuando existiera sospecha de vulneración de derechos. Directrices similares habían sido establecidas en 2021, durante el gobierno de Piñera, en las “Recomendaciones para la implementación del programa de acompañamiento para niños, niñas y adolescentes trans y género no conforme”, donde se señalaba que la oposición del representante legal “no obsta el acceso del niño o niña al programa”.

Movilh acusa al Estado de dejar a niños trans en la “indefensión”

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) denunció que la nueva circular del Minsal deja a niños y niñas trans menores de 14 años en una situación de vulnerabilidad, al supeditar su acceso al PAIG a la autorización de sus familias.

En una declaración pública, la organización sostuvo que esta exigencia deja “sin resguardo a quienes sufren discriminación en sus propios hogares”. “Esta medida contradice el espíritu de la Ley de Identidad de Género, su reglamento y las propias orientaciones técnicas del Minsal de 2021 y 2023, que reconocían la necesidad de acompañar y proteger a niños y niñas trans incluso cuando sus familias se oponen”, acusaron.

El Movilh precisó que el cambio se habría adoptado en virtud de la Ley N° 21.722 de Presupuestos del Sector Público para 2025, la que dispone que “deberá garantizarse la autorización de los padres, madres o representantes legales para la participación en dicho programa en el caso de niños y niñas menores de catorce años”.

“El resultado es grave: menores que requieren apoyo estatal quedan en la indefensión, privados de orientación, contención y protección, no por falta de derechos, sino por la negativa de adultos que pueden discriminar o invisibilizar su realidad”, concluyeron.