Las denuncias por un posible abuso sexual y trato discriminatorio contra Julio Iglesias, presentadas por dos extrabajadoras de las mansiones que el cantante mantiene en el Caribe, sumaron nuevos antecedentes que elevan la complejidad del caso. De acuerdo con una investigación conjunta de elDiario.es y Univisión, difundida este martes, ambas mujeres aseguran haber sido víctimas de agresiones sexuales, acoso y abuso de poder mientras trabajaban como personal interno en las residencias del artista en República Dominicana y Bahamas durante 2021.
Tras la denuncia interpuesta el pasado 5 de enero en España, la Fiscalía de la Audiencia Nacional abrió una investigación contra Iglesias. En las últimas horas, además, se conocieron nuevos elementos que refuerzan el relato de las denunciantes.
Entre los antecedentes recopilados figura documentación médica a la que accedió elDiario.es, que da cuenta de la realización de exámenes de VIH, hepatitis, clamidia y pruebas de embarazo, todos bajo la especialidad de ginecología. Según las extrabajadoras, estos controles se aplicaban exclusivamente al personal femenino y no guardaban relación con sus funciones domésticas. Añaden que las pruebas se realizaban sin consentimiento informado y en un contexto en el que existía el temor a perder el empleo.
Las mujeres también describieron la realización de ecografías pélvicas y análisis de embarazo, procedimientos que, según su versión, se llevaron a cabo en un ambiente que percibieron como discriminatorio y lesivo para sus derechos laborales.
Rebeca, nombre ficticio de una de las exempleadas, relata que “él nos mandó a las chicas al ginecólogo y hacernos examen general. Había 10 o 12 chicas. Allí nos hicieron todo, el ginecólogo nos chequeó todo. Solo a las chicas”. En la misma línea, Carolina, otro nombre ficticio, señala que “ellos nos mandaron al médico, a todas. Me hicieron pruebas de enfermedades de transmisión sexual. Nos hicieron ecografías y pruebas de sangre para ver si teníamos algún tipo de enfermedad. No me pareció normal”.
Carolina agregó que, si bien en otros trabajos había pasado por controles de drogas o VIH como requisito de contratación, nunca antes había sido sometida a exámenes médicos de ese tipo en residencias similares.
Controles médicos durante el empleo y cuestionamientos por prácticas discriminatorias
La investigación del medio español también detalla que los controles médicos no se realizaron como requisito previo a la contratación, sino una vez iniciado el periodo laboral en las villas. Ninguna de las mujeres costeó las pruebas y todas fueron atendidas por el mismo profesional de la salud. Según relatan, aunque nunca se les indicó de manera explícita que los exámenes fueran obligatorios, entendieron que se trataba de una condición implícita del trabajo. “No dijeron exactamente la palabra obligatoria, pero si estábamos trabajando allí… Nadie dijo que no. Eso era todo así en la casa”, recuerda Rebeca.
En relación con estos procedimientos, fuentes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) consultadas en la investigación señalan que este tipo de prácticas constituyen una forma de discriminación. “Las pruebas ginecológicas y los test de embarazo sin motivo suponen discriminación por razón de sexo tanto en la contratación como en el periodo de trabajo, pues solo se hacen a las mujeres”, indicaron. A ello se suma que la legislación de República Dominicana contempla sanciones para los empleadores que sometan a sus trabajadores a pruebas de VIH.
Bajo este sentido, las mujeres que denuncian posibles abusos sexuales. Asimismo, comentan que han contado con el acompañamiento de la organización internacional Women’s Link, explican que durante años optaron por guardar silencio debido al temor y a la presión asociados a la notoriedad pública y la posición de poder del cantante. No obstante, señalan que la decisión de hacer públicos sus testimonios responde a la intención de que otras posibles víctimas se sientan alentadas a denunciar. “Yo creo que el impacto de que nosotras acudamos a la justicia es enviar ese mensaje a todas las víctimas de esta persona, de Julio Iglesias, a que hablen y que crean en la justicia. Que entiendan que no fue algo que les pasó a ellas nada más. Esto es algo que esta persona viene haciendo desde hace muchos años”, aseguran.
El impacto social y el debate político por los honores a Iglesias
Las denuncias por posibles abusos sexuales contra el cantante han generado repercusiones que trascienden la esfera pública y alcanzan el ámbito institucional tanto en lo judicial como en lo social. En ese contexto, el Gobierno de España evalúa la posibilidad de retirarle la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, uno de los principales reconocimientos culturales que otorga el Estado.
El caso también ha provocado reacciones en el plano político, con posturas divergentes entre las distintas fuerzas. Desde sectores de izquierda, como Más Madrid, se ha manifestado una “condena rotunda y apoyo inmediato a las víctimas”, junto con la solicitud de que se revoquen los honores concedidos al artista. En contraste, tanto el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ambos del Partido Popular, han descartado retirar los reconocimientos institucionales.
En ese marco, Ayuso respondió en la red social X a la petición de Más Madrid de retirar la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid, concedida en 2018. “Las mujeres violadas y atacadas están en Irán, con el silencio cómplice de la ultraizquierda”, declararon. Sus declaraciones motivaron la reacción de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, quien instó a la dirigente madrileña a “ubicarse”: “Mezcla frívolamente temas muy serios y cuestiones que no son comparables. Creo que lo único que pretende es un protagonismo que, en este caso, tienen que tener las víctimas”, afirmó la ministra.