BRAGA
Créditos: El Mostrador.
Sindicato de Prodemu acusa “maltrato institucional” y apunta a Karamanos y ministra Orellana
El sindicato de Prodemu acusa a la actual administración de “maltrato institucional”, responsabilizando a Irina Karamanos y a la ministra Antonia Orellana por decisiones que, afirman, precarizaron la fundación y pusieron en riesgo el pago de sueldos.
El Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de Prodemu (Promoción y Desarrollo de la Mujer) denunció que la fundación enfrenta un proceso de “maltrato institucional” bajo la actual administración, situación que, advierten, ha derivado en una precarización progresiva de su funcionamiento.
La organización sindical apuntó directamente a la expareja del Presidente Gabriel Boric, Irina Karamanos, y a la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, como responsables de las decisiones que habrían desencadenado la crisis. En un comunicado, el sindicato sostiene que “el punto de quiebre de esta historia tiene nombre propio. El capricho de Irina Karamanos”.
Según el documento, la eliminación de la Dirección Sociocultural de la Presidencia se realizó sin respaldo técnico ni planificación. “Por una decisión personal, ideológica y completamente irresponsable, se eliminó la Dirección Sociocultural de la Presidencia sin estudios, sin evaluación de impacto y sin un plan de transición. Las fundaciones fueron repartidas como paquetes incómodos entre ministerios que no tenían ni recursos, ni estructura, ni voluntad real para recibirlas”.
Las críticas también alcanzan a la gestión de la ministra de la Mujer, Antonia Orellana. El sindicato asegura que la secretaria de Estado firmó un contrato que excluye derechos laborales emanados de contratos colectivos, pese a que las negociaciones con ambas organizaciones sindicales de Prodemu ya se encontraban cerradas.
Desde el sindicato afirman la falta de recursos para el pago de los sueldos de enero, una situación inédita en la historia de la institución. “En 35 años de historia institucional jamás había ocurrido”.
En ese contexto, la agrupación concluye con una acusación directa: “Esto no es desorden administrativo, es maltrato institucional. No es una falla técnica, es negligencia política grave. Dos nombres resumen este desastre: Irina Karamanos, por destruir sin medir consecuencias; Antonia Orellana, por administrar, profundizar y legitimar ese daño”.