Denuncian apartheid de género en Afganistán tras aprobación de polémico código penal

El Gobierno ‘de facto’ de Afganistán consolidó este año, de manera silenciosa y sin debate público, un nuevo código penal que institucionaliza la violencia de género ejercida desde 2021. Con esta normativa, las madres, hijas y esposas pasan a ser tratadas como propiedad de un marido o de un “amo”, sin garantías de acceso a la justicia ni protección frente a los abusos.

Desde comienzos de año, los jueces afganos aplican un marco legal que establece, por ejemplo, que un hombre puede recibir apenas 15 días de prisión por romperle el brazo a su esposa, mientras que el maltrato a un camello puede ser castigado con cinco meses de cárcel. El texto, compuesto por 119 artículos, legaliza la violencia contra las mujeres y la presenta como una herramienta de disciplina social y de “prevención del vicio”. En sus disposiciones aparecen términos como “amo” y “esclavo”, lo que ha generado alarma entre organizaciones de derechos humanos, que exigen su derogación.

Especialistas consultados coinciden en que este código representa la “dolorosa confirmación” de la realidad que enfrentan las mujeres desde el regreso al poder de los Talibanes en agosto de 2021. “Codifica un sistema ideológico en el que el castigo, la vigilancia y la coacción son instrumentos fundamentales de gobernanza”, resume el Instituto Georgetown para las Mujeres, la Paz y la Seguridad.

En la misma línea, Fawzia Koofi, exparlamentaria afgana y dirigente de Women for Afghanistan, advierte que “los talibanes siempre han encarado el trato con las mujeres como un sistema de apartheid. Y este nuevo código da a los hombres el poder de ser violentos contra ellas y torturarlas de forma legal”.

Uno de los ejemplos más claros de la indefensión que impone la norma se encuentra en el artículo 32. Allí se establece que solo si el marido golpea a su esposa con un bastón y le provoca una lesión grave, como “una herida o un hematoma corporal”, y la mujer logra demostrarlo ante un juez, el agresor recibirá 15 días de prisión. Otros tipos de violencia física, psicológica o sexual ni siquiera son mencionados.

Koofi cuestiona la viabilidad de recurrir a la justicia en este contexto. “En un lugar sin un verdadero sistema judicial, sin abogados defensores ni instituciones que protegen a las mujeres, ¿cómo se puede creer que una mujer irá a los tribunales sabiendo que 15 días después su esposo quedará libre de nuevo y podrá matarla por haberlo denunciado?”

La desproporción en las penas también queda reflejada en la protección de los animales. Otro artículo sanciona con cinco meses de cárcel a quienes maltraten animales o provoquen peleas entre camellos, ovejas, aves o perros. “Está bien que la crueldad contra los animales se penalice, pero ahora queda claro que la integridad física de un pájaro vale más que la de una mujer”, lamenta Koofi.

Desde 2021, los talibanes han promulgado más de 130 edictos que han reducido drásticamente los derechos de las mujeres. Han cerrado el acceso a la educación para las mayores de 12 años, una situación sin precedentes en el mundo, y las han excluido de la mayoría de los empleos. Según un informe reciente de ONU Mujeres, el 80% de las afganas está hoy fuera del sistema educativo y del mercado laboral. Para la ONU, este escenario configura un verdadero apartheid de género.

Ese entramado de restricciones ahora quedó formalizado en la ley. Entre otras disposiciones, el código establece que una mujer que visite reiteradamente la casa de su padre sin permiso del marido y no regrese cuando este se lo exija puede ser condenada a tres meses de prisión. La organización afgana de derechos humanos Rawadari, que obtuvo el borrador del texto en enero, advierte: “Esta disposición las expone a la violencia doméstica continua y les priva de la protección familiar y comunitaria, la única que queda para las mujeres víctimas cuando faltan las herramientas formales y legales”.

La normativa también institucionaliza una estructura social jerarquizada en cuatro niveles —eruditos, élites, clase media y clase baja—, lo que implica que un mismo delito recibe castigos distintos según el estatus del agresor. Esta diferenciación erosiona principios básicos como la igualdad ante la ley.

En términos generales, el nuevo marco legal deja a la población, especialmente a mujeres y niños, expuesta a la violencia arbitraria de familiares, vecinos e incluso desconocidos. El abuso deja de ser un delito para transformarse en una obligación religiosa y legal. “Cualquier musulmán que sea testigo de lo que se considera un ‘pecado’ está autorizado a imponer un castigo corrector en el acto para ‘prevenir el vicio’”, señala el texto, que faculta explícitamente a maridos y “amos” para castigar a sus esposas.

En el caso de los niños, el código solo sanciona ciertas formas de violencia física por parte de profesores cuando se constatan “fractura ósea”, “piel desgarrada” o “hematomas corporales”. Sin embargo, no prohíbe de manera expresa otros tipos de maltrato físico, psicológico o sexual, dejando amplios márgenes para el abuso.

Con este nuevo código penal, Afganistán consolida un sistema legal que normaliza la violencia y profundiza la exclusión de las mujeres, convirtiendo en ley una realidad marcada por la desigualdad, el miedo y la falta de protección.