Apenas un 4% de las mujeres en el mundo reside en economías que se aproximan a una igualdad jurídica plena, de acuerdo con el informe Women, Business and the Law 2026 del Banco Mundial. El estudio, que examinó 190 economías, concluye que en ningún país existe paridad legal total entre hombres y mujeres y que persiste una distancia significativa entre las normas escritas y su cumplimiento real.
El reporte sostiene que más de tres cuartas partes de la población femenina mundial vive en países donde la igualdad legal es solo parcial, una tendencia que también se replica en América Latina.
Tres pilares para medir la desigualdad económica
El informe evalúa la desigualdad económica de género sobre la base de tres dimensiones. La primera corresponde a los marcos legales, es decir, las leyes vigentes y el nivel de igualdad o de restricciones explícitas hacia las mujeres en diez áreas clave del ciclo de vida laboral.
El segundo pilar considera los marcos de apoyo, que incluyen políticas públicas y mecanismos que permiten implementar esas leyes en la práctica. El tercero se basa en las percepciones sobre el cumplimiento, construidas a partir de la opinión de expertos locales en cada economía.
En el análisis de marcos legales, América Latina obtuvo un promedio de 72,15 puntos sobre 100, posicionándose como la tercera región más avanzada del mundo en este ámbito. Sin embargo, el desempeño regional desciende al revisar los otros dos pilares: los marcos de apoyo alcanzaron 46,10 puntos y las percepciones sobre la aplicación efectiva llegaron a 55,28.
La diferencia refleja que, pese a contar con normas relativamente desarrolladas, la región enfrenta obstáculos relevantes para llevarlas a la práctica. La brecha entre legislación y realidad cotidiana aparece como uno de los principales frenos para avanzar hacia una igualdad económica efectiva.

Crédito: El Mostrador.
Colombia y las contradicciones regionales
En el detalle por países, Colombia figura entre las economías mejor evaluadas en marcos legales, con más de 81 puntos, tras impulsar reformas orientadas a combatir el acoso sexual en contextos educativos.
No obstante, el país integra el grupo de 55 economías que mantienen prohibiciones explícitas para que las mujeres realicen determinadas actividades económicas. En el caso colombiano, la legislación impide que trabajen en pintura industrial dentro del sector de la construcción.
En cuanto a los marcos de apoyo, Colombia obtuvo 72,50 puntos, un desempeño alto en comparación regional. Argentina, que le sigue en esta categoría, alcanzó 50,30 puntos, evidenciando diferencias en la capacidad institucional para respaldar la aplicación de las normas.
Avances y retrocesos en América Latina
El informe también identifica progresos en áreas como seguridad, emprendimiento y remuneración. Argentina, Brasil, Uruguay y Colombia incorporaron sanciones penales para enfrentar la violencia digital y el acoso sexual. Chile, por su parte, implementó una política pública específica para abordar la violencia de género en el transporte público.
Asimismo, Ecuador, Brasil y Chile promulgaron leyes que prohíben la discriminación crediticia y establecen criterios de género en la contratación pública. Brasil avanzó además en la obligación de que al menos un 30% de los directorios de empresas públicas y de capital mixto esté compuesto por mujeres.
Sin embargo, el reporte advierte retrocesos. Entre ellos, la derogación en 2020, por parte de Argentina, de una resolución que fijaba cuotas obligatorias de participación femenina en directorios corporativos.
Pese a los avances normativos, el Banco Mundial subraya que la principal dificultad sigue siendo la distancia entre lo que establecen las leyes y su implementación efectiva, así como la percepción de cumplimiento en la vida cotidiana.
Como resultado, la mayoría de las mujeres en América Latina no percibe que vive en un entorno de igualdad económica real, confirmando que la paridad jurídica plena continúa siendo una meta pendiente a nivel global.