Receta médica para anticonceptivos: ¿retroceso u oportunidad para empoderar la Salud Sexual?

Hace poco en nuestro país, se volvió a instaurar la normativa de solicitar receta médica de manera estricta, para la compra de anticonceptivos. Esto a generado polémicas en relación con la: “obstrucción a la prestación este servicio”.

La norma nunca se derogó

El Instituto de Salud Pública (ISP) y el Ministerio de Salud recordaron el 6 de junio que todos los anticonceptivos hormonales —salvo la píldora de emergencia, también conocida como “Pastilla del día después”— son de venta bajo receta simple emitida por médicos/as o matrones/as. La exigencia proviene del Decreto Supremo N.º 466 de 1984, reglamento que sigue plenamente vigente y que fija la categoría de estos fármacos como prescripción obligatoria.

La “excepción pandémica” y la confusión de 2025

Durante los confinamientos de 2021, el ISP permitió transitoriamente la venta sin receta en plataformas online para evitar quiebres de stock. Esa flexibilidad expiró con el fin de la alerta sanitaria, pero muchas usuarias asumieron que la regla había cambiado de forma permanente. El resultado: sorpresa y molestia cuando las farmacias empezaron a exigir la receta este mes.

Anticonceptivos: eficaces, pero no inocuos

Los anticonceptivos combinados duplican o triplican el riesgo de tromboembolia venosa en relación con no usuarias: de ~2 casos anuales por 10 000 mujeres a entre 5 y 12, según la progestina utilizada. El riesgo absoluto sigue siendo bajo, pero se eleva con tabaquismo, obesidad o migraña con aura; de ahí la importancia de una anamnesis(entrevista clínica exhaustiva y con enfoque de riesgo) antes de la prescripción.

Existen “Criterios médicos de elegibilidad”, estos combinan distintas condiciones y/o patologías, para discriminar si es seguro-o no- que la persona consuma este método. El/la profesional, es capaz de discriminar si es mayor el riesgo o el beneficio, y es capaz de entregar la información necesaria a la persona, en relación con los mejores métodos para cada caso.  Es importante entender que estos criterios son variables, y no constituyen un diagnóstico o una condición inalterable en el tiempo.

El costo, lo estético no se cuestiona, pero discutimos una consulta de salud

En Chile, una aplicación básica de bótox facial bordea los $300 000 a $350 000 CLP, sin cobertura de seguros ni exigencia de receta. No teniendo reparos en cuanto a la decisión informada de realizar tratamientos estéticos,en contraste, una consulta en el arancel público Fonasa parte alrededor de $4 750 CLP y en el sector privado ronda los $20 000 CLP (según planillas de arancel 2023-2025). La salud sexual es un derecho; invertir en una valoración clínica que evita eventos potencialmente graves parece, como mínimo, coherente.

La entrega de anticonceptivos cuenta con una canasta básica en la Central Nacional de Abastecimiento (Cenabast) que dispensa de forma gratuita el método indicado en el sector público y asegura el acceso a menor costo en el sistema privado. Además, ginecólogos/as y matronas, cuentan con distintos beneficios que pueden extenderse a usuarias/os en base a la consulta periódica del control ginecológico, que contempla no solamente la indicación de anticonceptivos, sino también el tamizaje de VPH y PAP o examen físico mamario, con imágenes complementarias en caso que se requiera.

Barreras reales, soluciones concretas

• Recetas de mayor vigencia. El ISP ya habilitó que las indicaciones con “uso crónico” se dispensen hasta por 12 meses y estudia extenderlas a tres años, sincronizadas con el examen de Papanicolaou(PAP).
• Refuerzo de la atención primaria. Las matronas prescriben sin copago en la red pública, pero se requieren horarios ampliados y posibilidad de diversificar las modalidades de atención, considerando por ejemplo la teleconsulta.
• Cobertura en seguros privados. Las ISAPRE deberían reembolsar la consejería anticonceptiva como prestación preventiva.
• Rol activo de las farmacias. Exigir la receta no basta; es clave redirigir a quienes no la tengan hacia centros de salud para evitar puertas cerradas.

Pedir receta no es tutelar o coartar los derechos sexuales de las personas y en particular las mujeres: es reconocer que los anticonceptivos son medicamentos, y por consiguiente riesgos asociados a su uso. Exigir un estándar de seguridad acorde,es parte de la labor del personal sanitario . El desafío es garantizar que ninguna persona quede sin método por trabas burocráticas, pero tampoco expuesta a riesgos evitables por automedicación. Regular con perspectiva de derechos implica acceso y calidad, no una sin la otra.