Denuncian incumplimiento de legislación aplicable al cierre de centrales termoeléctricas a carbón

En el contexto del Plan de Descarbonización -iniciado en 2019 mediante un acuerdo voluntario entre el gobierno de Sebastian Piñera y las empresas generadoras dueñas de las centrales a carbón-, al 31 de diciembre de 2025, en Chile se ha logrado el cierre de 14 de las 28 centrales que operaban en el país en 2019 (es decir el 50%); no obstante, ninguna de ellas ha cumplido con la regulación sectorial y ambiental aplicable a su cierre, informaron este miércoles varias ONG ambientalistas.

De las 14 centrales a carbón retiradas a diciembre de 2025, siete no cuentan con una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) debido a que comenzaron a operar con anterioridad al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

Estas unidades son Tocopilla U-12, U-13, U-14, U-15 de Engie en Tocopilla; Ventanas 1 y 2 de AES-Andes en Quintero/Puchuncaví, y Bocamina 1 de Enel en Coronel.

Pese a lo anterior, estas unidades sí están afectas, y deben cumplir normas sectoriales -establecidas en el Código Sanitario y la Ley General de Urbanismo y Construcción, entre otras regulaciones-, referidas al desmantelamiento, transporte y disposición final de desechos, infraestructura de agua para enfriamiento y remediación de suelos contaminados, entre otros asuntos, según el comunicado.

Las otras 7 centrales que dejaron de operar entre 2019 y 2025 que contaban con RCA son: Norgener 1 y 2 de AES-Andes en Tocopilla; las centrales Tarapacá en Iquique y Bocamina 2 en Coronel, ambas propiedad de ENEL, y las centrales de ENGIE Mejillones 1 y 2 e Infraestructura Energética Mejillones (IEM), en Mejillones; todas ellas sí cuentan con una RCA, pero ninguna ha cumplidido con los compromisos de presentar planes de cierre o ejecutar acciones de abandono, desmantelamiento y remediación establecidas como condiciones en sus respectivas autorizaciones ambientales.

Cierre incompleto

Sara Larraín, directora de Chile Sustentable, destaca que es muy positivo para la población local y para el clima haber logrado que el 50% de las centrales a carbón que operaban en el país hubiesen cerrado entre 2019 y 2025.

Sin embargo, Larraín pone en relieve que estos cierres no se pueden concretar de cualquier forma.

“Hoy día, lamentablemente, la contaminación, las canchas de acopio de carbón, los cenizales, los ductos al mar y la infraestructura están quedando en las comunidades como un pasivo ambiental, eso no implica una transición justa. Estos cierres se deben ajustar a lo que dicta la ley”, resalta.

La denuncia

Fundación Greenpeace, Fundación Chile Sustentable y AIDA han ingresado una denuncia ante la Superintendencia del Medio Ambiente, destacando, en primer lugar, el incumplimiento de las empresas generadoras, de las obligaciones establecidas en las Resoluciones de Calificación Ambiental de siete centrales termoeléctricas a carbón que han cesado sus operaciones entre 2019 y 2025, específicamente en lo relativo a la presentación, ejecución y fiscalización de sus planes de cierre.

Adicionalmente, las ONGs denuncian la omisión por parte de las empresas generadoras, de medidas de desmantelamiento, remediación y gestión de residuos comprometidas en las RCA, generando el riesgo de pasivos ambientales permanentes en los territorios históricamente afectados por la contaminación industrial.

Por último, AIDA, Greenpeace y Chile Sustentable acusan la utilización por parte de las empresas generadoras, de mecanismos administrativos, como las Consultas de Pertinencia, para modificar sustantivamente las condiciones de cierre de las centralestermoeléctricas, sin someter dichas modificaciones a evaluación ambiental, eludiendo el cumplimiento íntegro de las obligaciones ambientales vigentes.

“Estos hechos, considerados en su conjunto, configuran un incumplimiento sistemático de la normativa ambiental aplicable, afectando el derecho de las comunidades a un medio ambiente libre de contaminación y debilitando los objetivos de una transición energética justa en nuestro país”, expresó la abogada de Greenpeace, Roxana Núñez.