Opinión
En el siglo XXI, antecedentes sobre los y las estudiantes que cursan estudios en facultades de derecho del país, evidencian lo que se ha denominado la feminización de derecho. Existe, entonces, una genuina aspiración de que hombres y mujeres puedan desarrollar sus carreras profesionales, progresar en ellas conforme a sus méritos, sin que existan factores ajenos a estos que condicionen ese progreso. Siendo la realidad numérica de la sociedad y de la profesión la que es hoy, es imposible identificar una sola razón legítima por la cual solo el 20% de quienes integran el Tribunal Constitucional sean mujeres.
La conformación numérica del país se ha consolidado en una casi paridad entre hombres y mujeres. Sin embargo, en los espacios de toma de decisiones la presencia de mujeres sigue siendo minoritaria. ¿Por qué estamos enfrentados a una demanda por mayor presencia numérica de mujeres en diversas instancias del Estado? Parece una temática propia de una teoría de la justicia, la igualación de salarios y un trato que promueva las capacidades y acoja los aportes de todos y todas las integrantes de nuestra sociedad.
En esa misma dirección, se inscribe la demanda por la integración paritaria del órgano responsable de diseñar un nuevo orden para el país, que se expresa en la Constitución Política del Estado. Ese sentido anhelo y que cuenta con importantes consensos, también debe extenderse a la integración de los diversos órganos del Estado e, incluso, al mundo privado.
[cita tipo=»destaque»]La historia de la integración del TC evidencia una escasa participación de mujeres en el ejercicio de las complejas y relevantes funciones que le corresponde ejercer. En la actualidad, de los diez ministros que lo integran, solo dos son mujeres, su presidenta, María Luisa Brahm, y la recientemente nombrada, María Pía Silva.[/cita]
Hannah Arendt nos señala que debemos distinguir en el espacio público la mera opinión de un acto de juzgar, capacidad que requiere apertura y ampliación de la mente. Tal como nos los recuerda Jennifer Nedelsky durante su visita a Chile el año 2014, los juicios son válidos en la esfera pública para aquellos cuyos puntos de vista hemos tomado en cuenta. La diversidad es clave para lograr la empatía necesaria para juzgar, para lograr ponernos en las circunstancias de otros.
En las próximas semanas, la Corte Suprema tendrá la responsabilidad de designar un nuevo ministro o una nueva ministra para integrar el Tribunal Constitucional, ante el término del período de Domingo Hernández. Este, es un momento propicio para considerar en serio los antecedentes presentados por tres abogadas que aspiran a incorporarse al TC para aportar con sus saberes al desarrollo de la jurisdicción constitucional.
La historia de la integración del TC, evidencia una escasa participación de mujeres en el ejercicio de las complejas y relevantes funciones que le corresponde ejercer. En la actualidad, de los diez ministros que lo integran, solo dos son mujeres, su presidenta, María Luisa Brahm, y la recientemente nombrada, María Pía Silva.
No obstante, en el siglo XXI antecedentes sobre los y las estudiantes que cursan estudios en facultades de derecho del país, evidencian lo que se ha denominado la feminización de derecho. Existe, entonces, una genuina aspiración de que hombres y mujeres puedan desarrollar sus carreras profesionales, progresar en ellas conforme a sus méritos, sin que existan factores ajenos a estos que condicionen ese progreso. Siendo la realidad numérica de la sociedad y de la profesión la que es hoy, es imposible identificar una sola razón legítima por la cual solo el 20% de quienes integran el Tribunal Constitucional sean mujeres.
En la transformación que nuestra sociedad está viviendo, la presencia más paritaria de hombres y mujeres en la construcción de la justicia constitucional, es un imperativo más para una sociedad que aspira a una distribución más justa del poder y a avanzar hacia una sociedad plural, diversa y más igualitaria.
Las demandas por mayor paridad son, en el fondo, una manera de avanzar hacia la sociedad que anhelamos las 41 abogadas y académicas de Derecho que respaldamos esta columna.
