Ministro Matus acepta recusación amistosa en caso Dominga: la hidra de mil cabezas

¡Hola! Seguramente muchos de ustedes recordarán la Hidra de Lerna, de la mitología griega. Aquel monstruo de múltiples cabezas al que, cada vez que Heracles (Hércules para los romanos) le cortaba una, le salían dos más en su lugar. Como metáfora de aquellos problemas que, aunque intenten solucionarse, siguen apareciendo, me resultó muy eficaz para explicar lo que pasa con minera Dominga y con los nuevos conflictos que amenazan con desatarse con el proyecto de Ley Marco de Permisos Sectoriales, que está en segundo trámite en el Congreso.

El caso Dominga ocupa el primer artículo de esta edición de Juego Limpio. ¿Qué sabemos? Que el TC rechazó la contienda de competencia que intentó trabar el Gobierno en contra del Primer Tribunal Ambiental, que a juicio del Ejecutivo estaba extralimitándose en sus funciones.

Aunque el fallo es taxativo en señalar que dicha contienda no era el camino, el tránsito de este proyecto está lejos de resolverse, más allá de que la empresa lo interprete a su favor y haya iniciado hace varias semanas ya los trámites para los permisos sectoriales.

¿Qué es lo nuevo? Que no se sabe qué va a pasar con la Corte Suprema, que debiera zanjar definitivamente la situación, pero que ahora está en veremos después que el ministro Jean Pierre Matus aceptara una “recusación amistosa” para marginarse de la causa. El problema es que participó de la discusión y fue el ministro encargado de redactar el fallo. En el mundo científico, el panorama se aprecia sombrío.

Un segundo artículo, de complicaciones similares, es sobre el proyecto de permisos sectoriales, muy esperado por el empresariado y en cuya aprobación el Gobierno tiene cifradas sus esperanzas de crecimiento. El proyecto promete bajar los tiempos en hasta un 70% en algunos casos. El mundo ambiental advierte problemas de constitucionalidad y de vulneración de derechos humanos.

Y se terminó la Conferencia de la ONU sobre los Océanos (UNOC3). Para conocer el alcance de esta cumbre y sobre la coordinación de la cuarta conferencia, que recaerá en Chile junto a Corea del Sur, conversamos en Juego Limpio con Heraldo Muñoz, excanciller chileno y uno de los principales responsables de la delegación nacional en Niza.

Para finalizar te comentamos de los problemas de financiamiento de los programas comunales de cambio climático. También, te anticipamos detalles de dos importantes eventos climáticos de alcance global que se desarrollarán esta semana.

Muy bien, ya quedaron avisados. Así que afírmense del pasamanos que Juego Limpio parte en 4, 3, 2, 1… ¡Arrancamos!

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Minera Dominga: la hidra de mil cabezas

El caso de Minera Dominga es lo más parecido a la figura mitológica de la Hidra de Lerna, esa criatura a la que se le cortaba una cabeza y le crecían dos en su lugar. El reciente fallo del Tribunal Constitucional (TC), la recusación amistosa que aceptó el ministro Jean Pierre Matus en la Suprema, las interpretaciones sobre si hay o no RCA, el fallo del Primer Tribunal Ambiental y el triple rechazo –hasta ahora– del Comité de Ministros, son algunas de esas mil cabezas.

¿Qué sabemos (o qué se interpreta) hasta hora? Veamos. La semana pasada, los altos ejecutivos de Andes Iron, encabezados por Pedro Ducci –gerente general y yerno de Carlos Alberto Délano–, discutieron toda una mañana sobre el tenor de la declaración pública, después que se conociera que el TC, por tres votos contra 1, decidió rechazar la contienda de competencia que intentó impulsar el Comité de Ministros contra el Primer Tribunal Ambiental (1TA), que declaró ilegal el rechazo a la RCA por parte del órgano político. La discusión era si se declaraban triunfadores de tomo y lomo y anunciaban la construcción de Dominga o si tomaban una posición más cautelosa. Ganó una versión intermedia.

Afuera, el Gobierno, a través del SEA y los organismos ambientales, se tomaba la cabeza. El fallo era malo, no cabía ninguna duda, pero muchos de sus considerandos –en una larga resolución de 68 páginas– eran más bien leídos como una clara intención del TC de “quitarle el poto a la jeringa”, reduciendo el tema a un asunto de “legalidad” que debía resolverse en la Justicia ordinaria, o sea, en tribunales superiores como la Corte de Apelaciones y la Suprema. Vale decir, el caso se encontraba en la misma situación de antes de entrar al Tribunal Constitucional.

En la Suprema, el viernes recién pasado, hubo noticias. Desde hace ya muchos meses que en la Tercera Sala del máximo tribunal se ven las casaciones presentadas por organismos ciudadanos y por el SEA contra una de las primeras resoluciones del 1TA, que le dio luz verde (parcial) al proyecto. Hace unos días, se anunció que la Sala había llegado a un acuerdo y se nombró al ministro Jean Pierre Matus a cargo de la redacción.

El SEA lo recusó y pidió que se anulara el acuerdo. ¿Por qué? Porque Matus, a juicio del organismo de Gobierno, presentaba inhabilidad manifiesta por tener amistad con el abogado Marcelo Castillo, que había sido representante de un sindicato de pescadores que está a favor de Dominga. Matus rechazó que existiera tal inhabilidad, pero aceptó “una recusación amistosa”.

La pregunta qué queda es: ¿se apartó solo para la redacción del fallo o se declarará nulo el acuerdo? Hasta ahora nadie lo tiene claro.

Lo que sí está claro es que Andes Iron comenzó a tramitar los permisos sectoriales (otra Hidra de Lerna, pero de un millón de cabezas), dando por hecho que el caso está a punto de cerrarse a su favor, después de más de 10 años de tramitación. En comunicados solicita al Gobierno que deje de judicializar el caso, una estrategia –digámoslo– distorsionada, porque hasta la fecha de hoy la iniciativa de judicializar la causa siempre ha sido de la empresa. Una de las reuniones clave para Andes Iron será aquella entre Pedro Ducci y el delegado presidencial regional de Coquimbo, Galo Luna, fijada para este 24 de junio, cita en que la compañía buscará tender puentes para un trabajo colaborativo.

Para los organismos ambientales, aunque el fallo del TC constituye una derrota para la institucionalidad ambiental en Chile, en ningún caso el proyecto contaría con una Resolución de Calificación Ambiental favorable, puesto que el rechazo del Comité de Ministros aún está vigente. La empresa ha difundido la calificación favorable de la COEVA en 2021 como una aprobación del proyecto, ignorando que tras ello hay un rechazo del Comité de Ministros, apuntan.

En el mundo de la ciencia el panorama se aprecia sombrío. La primera conclusión a la que arriban es que, en este tipo de decisiones, la palabra de quienes argumentan con evidencia y no a través de lógicas políticas no se pondera con la debida relevancia. En un reciente comunicado, el Colegio de Biólogos es enfático. Considera especialmente alarmante la contradicción lógica del fallo que plantea que el “valor ambiental” de un territorio no es suficiente para impedir actividades productivas. Esta afirmación –advierte– ignora el propósito central de la legislación ambiental, que es precisamente evitar que esas actividades comprometan ecosistemas valiosos.

“La relativización del principio preventivo y su relegación a un criterio secundario debilita el estándar ambiental que Chile necesita consolidar”, afirma el Colegio de Biólogos, calificando el fallo como un precedente peligroso.

La historia aún no termina de escribirse.

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Permisos sectoriales: el proyecto que amenaza con ser la madre de todas las batallas

Como dije en el artículo anterior, si Dominga es la hidra de mil cabezas, el asunto de los permisos sectoriales es la de un millón de cabezas, debido a su complejidad y multifacéticas trabas.

En una rápida pasada por los distintos incumbentes en este tema, se ha dicho que están en contra del crecimiento o de una reforma que dé certezas a los inversores y seguridad de que los estándares ambientales no terminarán debilitados.

Primero, hagámonos una idea de la magnitud del problema de los permisos sectoriales. La línea de transmisión Kimal-Lo Aguirre –que constituye el proyecto más relevante que contribuirá, entre otros aspectos, a la descarbonización en Chile– debe afrontar 4.900 permisos. Tal como lees: casi 5 mil, y no se está exagerando.

Dentro de las presentaciones que ha hecho el Gobierno para socializar el proyecto que aspira a ser aprobado este año, al ministro de Economía le ha tocado hacer frente a muchas interrogantes. La más recurrente es: bueno, ¿y se reducen los permisos? La respuesta es no. Kimal-Lo Aguirre seguirá teniendo que tramitar 4.900 permisos. La apuesta está dada en que los plazos se acorten y se simplifiquen mucho dichos permisos.

Haciendo el guiño a dicha simplificación, veamos rápidamente en qué consiste el proyecto en tres niveles.

A nivel institucional:

• Se crea una nueva institucionalidad encargada de la coordinación y evaluación de autorizaciones.
• Se implementa una ventanilla única digital para gestionar trámites en línea.
• Se publican reportes de desempeño institucional, con indicadores de cumplimiento y eficiencia.

A nivel de sistema:

• Se habilitan declaraciones juradas para permisos de bajo riesgo, en lugar de autorización formal.
• Tramitación paralela de permisos que antes eran secuenciales.
• Interconexión de plataformas y ventanillas únicas.
• Implementación de sistemas de evaluación anticipada y coordinación de permisos clave.
• Revisión y rediseño de más de 40 trámites en áreas como salud, construcción, medio ambiente, aguas, energía, etc.

A nivel de permisos:

• Se establece examen de admisibilidad para filtrar solicitudes incompletas o fuera de norma.
• Regulación del número de iteraciones (idas y vueltas) entre autoridades y solicitantes.
• Incentivos a funcionarios públicos por cumplimiento de plazos.
• Aplicación del silencio administrativo positivo en casos definidos (esto significa que, si una institución a cargo de un permiso se demora más del tiempo establecido, el solicitante puede pedir que se dé por aprobado).

Aunque falta buena parte de la discusión parlamentaria, en distintos espacios el Ejecutivo ha confesado su confianza en que la iniciativa será aprobada sin mayores contratiempos, aun cuando su implementación quedará definitivamente para el próximo Gobierno. ¿En qué radica su confianza? En que el mundo empresarial está muy ansioso de que la reforma empiece a ejecutarse ya. La promesa es que reducirá en un 30% los tiempos de los proyectos grandes, y en un 70% los de los proyectos medianos y pequeños. Y la proyección es que, con estas medidas, aumente el PIB en 2,4% en 10 años por dinamismo en inversión.

Confrontación con mundo ambiental

En la vereda de enfrente hay preocupación. Los organismos ambientales adelantan que darán una dura pelea y que ya tienen un número no menor de parlamentarios alineados. Aun cuando hay dos reformas que se tramitan de forma paralela –la reforma al SEIA y la de los permisos sectoriales–, es esta última la que concentra su preocupación. ¿Por qué? Porque debilitaría la institucionalidad ambiental.

La primera preocupación, y tal vez la mayor del proyecto de Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, es que permitiría que actividades sanitarias, ambientales y urbanas se realicen sin autorización previa del Estado, reemplazando permisos por declaraciones juradas.

Según una minuta presentada ante la Comisión de Derechos Humanos, esto vulnera el deber constitucional del Estado de proteger a la población (art. 1° CPR) y pone en riesgo derechos fundamentales como la vida, la salud (art. 19 Nº 1 y Nº 9) y el medio ambiente (art. 19 Nº 8).

El peligro estaría en que estas modificaciones afectarían normativas claves como el Código Sanitario, al permitir el uso de aguas contaminadas sin autorización si se presenta una declaración; en urbanismo, se instalarían letreros en bienes públicos sin revisión municipal previa; y se eximiría de permisos a proyectos industriales sensibles, confiando solo en el autocontrol del interesado.

Según los organismos medioambientales, la desregulación contradice además principios constitucionales e internacionales como los de prevención, precaución y no regresión, debilita la fiscalización pública y traslada la responsabilidad al ciudadano común, quien solo advertirá los daños una vez ocurridos.

En una minuta técnico-legislativa, las ONG advierten que el artículo 7, letra a), del proyecto de Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, vulnera el artículo 19 Nº 23 de la Constitución, al permitir que se pueda “usar, gozar o disponer” de bienes nacionales de uso público mediante simples actos administrativos o incluso mediante declaraciones juradas, cuando estos bienes son por naturaleza inalienables, imprescriptibles e incomerciables.

La minuta concluye que esta desregulación permitiría una apropiación de facto de bienes que deben permanecer afectos al interés general, y propone suprimir o modificar sustantivamente dichas disposiciones para mantener la coherencia constitucional y evitar riesgos de privatización encubierta de recursos colectivos.

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Heraldo Muñoz y la cumbre de los océanos: “Fue aprobado por aclamación que Chile y Corea del Sur coorganizarán la UNOC4”

El viernes de la semana pasada terminó en Niza la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos (UNOC3). En la edición recién pasada dedicamos el número casi entero a explicar la relevancia del encuentro multilateral.

Ahora nos concentraremos en los resultados y lo haremos a través de una entrevista con Heraldo Muñoz, excanciller de Chile, y uno de los interlocutores más importantes de la delegación nacional, que encabezó las conversaciones en nombre del país, una vez que el canciller Alberto van Klareven y la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, regresaran a Chile tras participar de los dos primeros días de la cumbre.

Antes de partir con la entrevista, les dejo algunos tips.

• Se alcanzaron 55 ratificaciones al Tratado de Alta Mar (High Seas Treaty), quedando cerca del mínimo de 60; se espera que entre en vigor el 1 de enero de 2026, 120 días después de la ratificación final.

• Se lanzó un fuerte llamado global a ratificar el tratado, destacando urgencias como la pesca ilegal, contaminación plástica y daños por clima.

• Se avanzó en negociaciones clave relacionadas con el moratorio al dragado en aguas profundas y se reafirmaron compromisos para proteger el 30 % de los mares para 2030, en línea con el Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal.

• Se produjeron más de 1.000 compromisos voluntarios, incluyendo un fondo de €8.700 millones para economía azul sostenible y el lanzamiento de una futura instalación de financiamiento oceánico hacia 2028.

-¿Heraldo, cómo fue sacar adelante la discusión sobre el Tratado de Alta Mar?

-Fue muy positivo haber llegado a este acuerdo o este tratado que se ha firmado sobre la biodiversidad más allá de las jurisdicciones nacionales, es decir, más allá de las 200 millas, sobre la denominada alta mar. Y este tratado que se llama, por sus letras en inglés, BBNJ, es un tremendo logro multilateral.

Hasta ahora una cantidad muy significativa de países ya lo ha firmado. El problema es la ratificación. Se necesitan 60 países para la ratificación, y en la conferencia que tuvimos en Francia, Emmanuel Macron llamó a avanzar en ese sentido y, de hecho, durante la conferencia varios países anunciaron la ratificación. Ya vamos en más de 50.

-¿Cuándo vence el plazo, Heraldo?

-No hay plazo, no hay plazo, pero estamos muy cerca. De hecho, los franceses estaban diciendo que ellos creen que de aquí a la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, en septiembre, vamos a estar sobrepasando los 60. ¿Qué significa eso? Que al estar implementado, al estar ratificado, se puede empezar el proceso de implementación, y ahí viene algo muy importante para Chile.

-¿La postulación de Valparaíso para ser sede del tratado de la BBNJ?

-Chile tiene mucha legitimidad, nos reconocen a nivel mundial como líderes en materia de protección oceánica. Chile ha presentado la postulación de Valparaíso para acoger la Secretaría del Tratado. Eso significaría, si llegara a ocurrir, sería un logro muy importante, creo que ayudaría enormemente a Valparaíso, y por eso es que estuvieron presentes en la delegación no solo el ministro de Relaciones Exteriores, que la lideraba, junto a la ministra del Medio Ambiente, sino que estaban el gobernador de Valparaíso, la alcaldesa de Valparaíso, y otros representantes.

Aquí hay otras ciudades que se han presentado. Bruselas, por ejemplo, es la competencia principal de Valparaíso. Después que se había ido el canciller y la ministra, estuve a cargo de la delegación, y había algunos países que nos decían: “Bueno, Bruselas ya tiene muchas instituciones y hay muchas instituciones de Naciones Unidas en Europa: en Viena está Energía Atómica; en Ginebra, hay múltiples; en Francia está la Unesco; en Roma está la FAO. En América Latina, entonces, sería muy importante que contara con una sede de un tratado global”. Y que esta quede en Chile, sería un gran logro y un gran reconocimiento.

-Junto a ello había otra agenda muy importante: la posibilidad de coorganizar la UNOC4 junto a Corea del Sur. ¿Se concretó esa posibilidad?

-Esto no es una posibilidad. Ya fue aceptado y aprobado por aclamación. En mi último día me tocó presentar en el plenario de la conferencia la propuesta que ya acordamos con Corea del Sur, para que junto a Chile coorganicemos la Conferencia de Naciones Unidas 4, que sería el 2028, que sería la última conferencia antes de la fecha clave del 2030, cuando se van a analizar muchos de los objetivos de la protección oceánica.

–¿Significa que esa conferencia va a ser en Chile?

-No, la reunión va a ser en Corea del Sur, pero va a ser coorganizada por Chile, así como Francia y Costa Rica en esta oportunidad. Lo que pasará es que muchas reuniones clave de esa conferencia se realizarían en Chile, y estamos hablando de la posible implementación de este acuerdo sobre alta mar, entonces estaríamos frente a momentos bien significativos, además del establecimiento de las áreas marinas protegidas del 30% respecto al 2030.

Puedes ver la entrevista completa AQUÍ.

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Falta de recursos frena implementación de la Ley Marco sobre Cambio Climático

A tres años de la promulgación de la Ley Marco sobre Cambio Climático, su implementación avanza a paso lento, particularmente en los niveles regionales y comunales. Según un informe de la Contraloría General de la República –al que accedimos en Juego Limpio–, a octubre de 2024 solo cuatro regiones de las dieciséis existentes contaban con un Plan de Acción Regional aprobado. En el caso de los municipios, el escenario es aún más crítico: menos del 10% muestra avances en la formulación de los Planes de Acción Comunal de Cambio Climático (PACCC).

Una de las principales trabas es la falta de recursos técnicos y financieros. Así lo confirmó Cecilia Ibarra, académica de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile e investigadora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2): “Es una carga pesada para las comunas. No tienen los recursos ni el personal para enfrentar este desafío”.

El problema no es para nada menor, es estructural. La ley no define con claridad qué institución debe fiscalizar y sancionar el incumplimiento en la elaboración de los PACCC.

Para que entendamos el alcance, es importante recordar que La Ley Marco sobre Cambio Climático (Ley 21.455), promulgada el 13 de junio de 2022, establece metas como alcanzar la carbono neutralidad al 2050 y mejorar la resiliencia del país frente al cambio climático. Para lograrlo, contempla una arquitectura de planificación que parte desde lo sectorial y nacional hasta lo regional y comunal.

Es ahí, en lo último, en los niveles subnacionales, donde están rezagados.

El CR2 ha sido un actor clave en la génesis y seguimiento de esta legislación. Desde 2015 ha contribuido con estudios comparados, asesorías al Congreso y observaciones técnicas durante el proceso legislativo. Incluso, creó el Observatorio de la Ley Marco, activo desde 2018, para monitorear su implementación.

Antoine Maillet, investigador precisamente del CR2, advierte que el problema con los municipios es que “muchos los perciben como una exigencia impuesta desde el nivel central, sin una utilidad práctica clara, especialmente aquellos sin experiencia en planificación ambiental”.

Para evitar la distorsión, Maillet propone medidas concretas como monitoreo de brechas de capacidades y recursos, incentivos por cumplimiento anticipado, creación de un fondo de acción climática y fortalecimiento de redes de colaboración.

Otro aspecto que se señala como urgente es mejorar la coherencia entre los planes regionales y comunales, que actualmente avanzan en tiempos desalineados. Es vital que estos instrumentos se conecten para que las medidas tengan impacto real, precisan los expertos.

A pesar del rezago, los investigadores ven con esperanza la posibilidad de corregir el rumbo. Pero la condición es clara: se necesitan recursos, coordinación institucional y compromiso político real para que la Ley Marco deje de ser una promesa sobre el papel y se convierta en una herramienta efectiva contra la crisis climática.

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Eventos ambientales: Conferencia de Bonn y justicia climática

En esta edición quiero anticiparles dos eventos muy relevantes en términos climáticos para el mundo: la Conferencia de Bonn 2025 y la Opinión Consultiva sobre Justicia Climática para América Latina.

Conferencia de Bonn

En un escenario global marcado por fenómenos climáticos extremos y costos económicos crecientes, la Conferencia de Bonn 2025 –que se desarrolla entre el 3 y el 13 de junio en Alemania y que sirve como antesala de la COP30 en Brasil– se realiza bajo fuerte presión por acelerar la acción climática.

La advertencia de la OMM sobre un 87% de probabilidades de superar el límite de 1,5 °C antes de 2029, junto con pérdidas globales estimadas en 320 mil millones de dólares solo en 2024, subraya la urgencia del momento. Pese a ello, solo 22 países han actualizado sus compromisos nacionales (NDC) y solamente el Reino Unido mantiene una trayectoria compatible con el Acuerdo de París.

En Bonn se espera que las negociaciones definan una hoja de ruta clara sobre financiamiento climático –con foco en adaptación, pérdidas y daños– y sobre cómo implementar el Objetivo Global de Adaptación, que se revisa con 490 indicadores. También destaca una iniciativa brasileña para combatir la desinformación climática, respaldada por la ONU y la Unesco.

Con la mirada puesta en Belém, Brasil, esta cumbre intermedia será clave para medir el real compromiso internacional con una transición justa, ambiciosa y basada en ciencia.

Opinión Consultiva sobre Emergencia Climática y Derechos Humanos

Este evento lo recomiendo muy especialmente a periodistas y, en particular, de regiones. Les cuento que este miércoles 18 de junio se llevará a cabo la conferencia virtual de alto nivel en el marco de la próxima Opinión Consultiva (OC) sobre Emergencia Climática y Derechos Humanos, que será emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Este hito legal marcará la vez primera en que la Corte IDH aborda de manera directa la interrelación entre el cambio climático y los derechos humanos, con el potencial de influir en la jurisprudencia ambiental en toda la región. Con su dictamen, la Corte precisará las obligaciones que tienen los Estados del continente para proteger los derechos de las personas afectadas por la crisis climática.

La conferencia contará con la participación de personas expertas en derecho, jóvenes activistas y organizaciones regionales, quienes analizarán el significado de esta decisión para la justicia climática global, las comunidades afectadas y el futuro de la justicia intergeneracional.

El evento será público y en formato on-the-record. Para participar puedes registrarte AQUÍ.

PRESENTADO POR:

Hemos llegado al final de la presente edición de Juego Limpio y no olviden que, si tienen algún comentario, duda o información que quieran compartir, pueden escribirme a juegolimpio@elmostrador.cl.