Economistas y gran industria chocan en Comisión de Pesca por futuro de licencias transables

La Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos de la Cámara de Diputados del día 4 de agosto fue el escenario de una pugna que se inició desde la tramitación de la Nueva Ley de Pesca. Este lunes comenzó a tratarse el Título III del proyecto de nueva Ley General de Pesca, que busca regular las Licencias Transables de Pesca (LTP). Los expositores, divididos entre representantes de la gran industria, gremios de trabajadores, economistas, las pymes y representantes de la pesca artesanal, entregaron sus argumentos, dejando en claro que el mar, a pesar de su inmensidad, no es suficiente para todos.

La propuesta del Gobierno incluye pasar de licitar el 15% de las licencias industriales a licitar el 50% a través de subastas, situación que la Industria califica como “expropiación”. Parte de esos nuevos ingresos fiscales se destinarían a financiar la Plataforma Social para la pesca artesanal.

En apoyo a la posición del gobierno, el economista y académico de la Universidad Adolfo Ibañez, Raimundo Atal, sostuvo que las licitaciones no sólo son compatibles con la eficiencia, sino que además maximizan la recaudación fiscal. Criticó el sistema actual de licencias tipo A, calificándolo de “arbitrario y opaco”, y argumentó que las subastas bien diseñadas permiten una asignación más justa de los recursos. De ser así, planteó, lo óptimo sería subastar el 100% de los permisos de pesca. El profesor Atal estimó que entre 2016 y 2023, el Estado dejó de recaudar aproximadamente mil millones de dólares por no subastar todas las licencias industriales. “Las licencias asignadas por historia pagan hoy un impuesto específico mucho menor al valor de mercado que revelan las subastas, generando una discriminación arbitraria”, señaló el académico.

Por otro lado, José Montt, de la Agrupación de Pymes Pesqueras de la Macrozona Sur-Austral, respaldó el uso de subastas, pero criticó que el sistema actual beneficie a las grandes empresas con licencias históricas que pagan menos que los nuevos actores. Propuso subastar el 100% de las licencias industriales, reservar al menos un 30% para pymes y equiparar el impuesto específico de las licencias tipo A con el valor de las subastas tipo B. Montt también denunció la figura de los “pescadores de papel” que venden sus cuotas, creando una competencia desleal para las pymes de la macrozona sur.

La posición de las pymes se presentó como una suerte de bisagra entre ambos mundos. La Agrupación Gremial Agripes, a través de Francisco Vega y Cristian Sánchez, valoró positivamente el artículo del proyecto que reserva un 4% de la cuota para plantas procesadoras orientadas al consumo humano. Estos representantes destacaron el éxito del modelo pyme-artesanal, que ha generado más de cinco mil empleos directos e indirectos y que se enfoca en productos de alto valor agregado. Si bien sólo una de sus plantas ha accedido a subastas, mostraron optimismo ante las nuevas licitaciones de jurel a partir de 2026 y solicitaron que los criterios de adjudicación faciliten el acceso de pymes “reales y operativas”

El sector industrial, en una defensa de su modelo, levantó las banderas de la estabilidad laboral y la inversión. Macarena Cepeda, presidenta de Pescadores Industriales del Biobío, y representantes de SONAPESCA, como Felipe Sandoval y Héctor Bacigalupo, advirtieron que la reducción de las cuotas industriales y la propuesta de licitar un 35% adicional de estas licencias es una medida “incomprensible y carente de equidad”. Se expusieron cifras que pronostican una “pérdida de 389.000 toneladas” y que dejarían a muchas empresas operando “bajo el umbral de viabilidad”.

Luisa Zapata, dirigente del Sindicato de Trabajadores Congelados de Pacific Blue aseguró que la planta no resistirá la pérdida de la cuota y podría cerrar. A esta voz se sumaron otras, como las de Zenaida Reyes, quien señaló la “destrucción de una industria” y la de Pedro Rodríguez, quien propuso que el 90% de la captura se destine a consumo humano.

Por su parte, Tomás Menchaca, expresidente del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), advirtió sobre la “expropiación sin pago” que, a su juicio, representa la reducción de licencias sin indemnización, vulnerando garantías constitucionales. El experto en regulación de pesquerías, Julio Peña Torres, sobre el sistema de licitaciones afirmó que, en más de 60 licitaciones realizadas en Chile en las últimas dos décadas, “no ha existido ingreso de nuevos actores”. La razón, explicó, no es un “regalo del Estado”.

A esta línea se sumó el ex subsecretario de Pesca, Andrés Couve, quien, con datos de un informe de 2024, evidenció que las licitaciones no han logrado desconcentrar la industria ni generar mayor recaudación. Es más, sostuvo que la concentración aumentó, ya que las licencias adjudicadas a empresas más pequeñas terminaron siendo revendidas a las grandes.

En medio de este choque de visiones, la posición que representó a la pesca artesanal fue la del Consejo de Defensa del Patrimonio Pesquero (CONDEPP), en voz de Hernán Cortés, su presidente, que, lejos de las cifras macro, apoyó el proyecto de ley que crea un fondo para una plataforma social financiada con recursos provenientes de la licitación de cuotas industriales. Además, el dirigente defendió la propuesta del Ejecutivo como una oportunidad para redistribuir parte de la renta pesquera hacia políticas sociales estructurales, como seguros, pensiones y mecanismos de estabilización. Sostuvo que financiar esta plataforma mediante una proporción de los ingresos generados por la subasta de cuotas industriales es fiscalmente responsable, legítimo y coherente con una política pública de equidad.