Consejo Fiscal Autónomo tira la cadena a propuesta de reajuste de sueldos al sector público

El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) advirtió ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados que el proyecto de ley de reajuste del sector público para 2026 no está completamente financiado y presenta una brecha de US$ 822 millones, lo que obligará al gobierno a realizar un esfuerzo exigente de reasignaciones presupuestarias y/o a un mayor uso de las provisiones del Tesoro Público.

Según expuso la presidenta del CFA, Paula Benavides, el organismo examinó los antecedentes entregados por el Ministerio de Hacienda y concluyó que las fuentes actualmente identificadas no alcanzan para cubrir el costo total del reajuste sin poner presión sobre el resto del presupuesto y las metas fiscales, en particular la de Balance Estructural para 2026. 

De acuerdo con la información oficial, el costo fiscal del reajuste asciende a US$ 1.668 millones, equivalente al 1,7% del gasto público aprobado, de los cuales US$ 876 millones corresponden al reajuste de remuneraciones y subvenciones y US$ 793 millones a beneficios adicionales como bonos, aguinaldos del sector pasivo, cotizaciones del empleador para Atención Primaria de Salud e incentivos al retiro.

Para financiar ese monto, la Ley de Presupuestos 2026 consideró que US$ 616 millones provendrían de la asignación 104 del Tesoro Público, mientras que otros US$ 230 millones se obtendrían por ahorros asociados a incentivos al retiro y el uso de la asignación 275. Aun así, el CFA calculó que queda una brecha de US$ 822 millones, equivalente al 0,22% del PIB, que deberá cubrirse con nuevas reasignaciones o con un mayor uso de las provisiones.

El problema, advirtió Benavides, es que este reajuste se financia en un contexto más estrecho que en años anteriores. Como resultado, las holguras en las provisiones se redujeron a solo 0,07% del PIB, muy por debajo de los niveles observados en ejercicios previos, lo que deja menos margen para absorber el mayor gasto sin afectar otras partidas del presupuesto.

Además, recordó que una parte relevante de las provisiones, en particular las de la asignación 275, están comprometidas por leyes permanentes y gastos aleatorios como bonos, indemnizaciones e incluso cotizaciones previsionales derivadas de la reciente reforma, por lo que no son recursos de libre disponibilidad.

En ese escenario, el CFA alertó que recurrir a reasignaciones no es un camino sencillo, ya que en 14 de las 31 partidas presupuestarias analizadas más del 50% del gasto corresponde a personal, lo que reduce fuertemente el espacio para recortar sin afectar el funcionamiento regular de los servicios públicos.

A esto se suma que el proyecto de reajuste incorpora gastos permanentes, por lo que, desde el punto de vista fiscal, debería contar también con fuentes de financiamiento permanentes, algo que no se cumple si se recurre a mecanismos transitorios como el diferimiento de contrataciones. 

El Consejo concluyó que el reajuste 2026 se formula en un escenario de estrés fiscal, marcado por déficits estructurales persistentes, incumplimientos de las metas de Balance Estructural, una deuda bruta cercana al nivel prudente y un bajo nivel de activos en el Fondo de Estabilización Económica y Social, por lo que insistió en que la Dirección de Presupuestos debe explicitar detalladamente cómo se cerrará la brecha de US$ 822 millones que hoy impide dar por financiado el reajuste del sector público.