El desafío de la seguridad municipal para el próximo gobierno

La seguridad pública sin duda estará en el centro de las preocupaciones del próximo gobierno. Uno de los desafíos principales para las autoridades será visualizar cómo integrar el desarrollo de políticas nacionales de prevención del delito con el trabajo territorial que desarrollan los municipios y esto por una situación muy concreta: la necesidad de implementar una nueva institucionalidad en seguridad.

Desde el punto de vista nacional, la ley que creó el nuevo Ministerio de Seguridad Pública estableció la necesidad de constituir un sistema de seguridad pública que está integrado por los órganos de la administración del Estado con competencia en estas materias, el Ministerio Público, las Municipalidades y otras entidades públicas y privadas. Aquí el desafío principal es generar protocolos para el intercambio de información, además de estrategias, planes y programas que sean coherentes entre sí. Pero además, la Ley de Municipalidades encarga a los municipios promover el desarrollo de acciones de prevención social y situacional, además de la adopción de medidas en el ámbito de la seguridad pública a nivel comunal. En este sentido, el plan comunal de seguridad pública es el instrumento principal que le mandata la ley y que permitirá que los municipios coordinen sus acciones con la autoridad regional y nacional.

Un hecho muy significativo es la reciente aprobación de la ley de seguridad municipal, que implicará un enorme esfuerzo de una acción coordinada para la seguridad pública. Por ejemplo, se establece que las municipalidades podrán colaborar coordinadamente con las policías en el ejercicio de sus funciones y con el Ministerio Público en cuestiones tan relevantes como la entrega de información georreferenciadas de sistemas de televigilancia, análisis de patrones delictivos a nivel local y reportes periódicos de factores criminógenos a nivel comunal, entre otros.

Las municipalidades, además, deberán adecuar su gestión a la más reciente y nueva ley de seguridad municipal, lo que incluye, por ejemplo, reglamentar todo lo relacionado con la contratación y evaluación de los inspectores de seguridad, el sistema de control de consumo de drogas para los funcionarios municipales mencionados en la ley, el regular las funciones de coadyuvantes que los inspectores municipales realizarán en su relación con las policías y todo lo relacionado con la coordinación de acciones intercomunales.

Un objetivo demandante del proyecto de seguridad recientemente aprobado es la necesidad de integrar la información de televigilancia que los propios municipios están recabando. Al respecto, la norma establece la necesidad de integrar las capacidades y el tratamiento de imágenes, sonidos y señales que los municipios tienen, en el marco integrador del Ministerio de Seguridad Pública. Lo mismo deberá hacerse en relación con el tratamiento masivo de información sobre vehículos motorizados, siempre cautelando la protección y privacidad de datos que establece la ley.

La nueva norma de seguridad municipal establece, además, nuevos roles para los inspectores municipales. Ellos podrán controlar el comercio ambulante estacionado en la vía pública e incautar mercancías, podrán requerir la exhibición de documentos de identidad para las personas mayores de 18 años en sus labores de inspección y fiscalización, y podrán intervenir en calidad de coadyuvantes en las actividades desarrolladas en procedimientos policiales. Todas estas nuevas funciones requieren el establecer reglamentos y protocolos adecuados para especificar el tipo de procedimientos que se establecerán.

Como es posible advertir, las nuevas regulaciones están ampliando las capacidades de las municipalidades de intervenir en la seguridad pública del país, pero aquello requiere de un enorme esfuerzo de planificación (definición de planes y estrategias), especificación de funciones (aprobación de reglamentos y protocolos), y el establecimiento de formaciones masivas de estos nuevos contingentes municipales para evitar la sobreposición entre los distintos agentes que participan en la  prevención del delito.

Sabemos que una mala implementación puede terminar en un desastre, y en seguridad pública los desastres tienen el potencial de provocar costos en vidas humanas.  De ahí la relevancia de delinear cursos de acción que permitan coordinar el nivel nacional, regional y municipal de un modo a la vez organizado y diferenciado.