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EFE
China advierte tomar represalias tras anulación de concesión portuaria en el Canal de Panamá
La Corte Suprema de Panamá declaró inconstitucional la concesión que permitía a Panama Ports Company operar dos puertos clave del Canal panameño.
El Gobierno de China aseguró que adoptará “todas las medidas necesarias” para proteger los derechos e intereses legítimos de sus empresas, luego de que la Corte Suprema de Panamá declarara inconstitucional la concesión que permitía a Panama Ports Company (PPC), filial del conglomerado hongkonés CK Hutchison, operar dos puertos estratégicos en el Canal de Panamá.
La advertencia fue realizada este viernes por el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Guo Jiakun, durante una conferencia de prensa en Pekín. ““El Gobierno chino tomará todas las medidas necesarias para salvaguardar firmemente los derechos e intereses legítimos y legales de las empresas chinas”, dijo. Sin pronunciarse directamente sobre el contenido del fallo ni cuestionar de forma explícita la independencia del poder judicial panameño.
La reacción de China se produjo un día después de que el máximo tribunal panameño invalidara la ley y las medidas que sustentaban la concesión otorgada a PPC. Esto, tras las observaciones de una auditoría estatal que detectó irregularidades en el contrato y presuntos perjuicios económicos para el Estado.
Panama Ports Company administra los puertos de Balboa, en el Pacífico, y Cristóbal, en el Atlántico, ambos ubicados en los accesos del canal interoceánico. Aunque estas terminales operan de forma independiente a la Autoridad del Canal de Panamá, su ubicación les otorga un alto valor estratégico en una de las rutas comerciales más importantes del mundo, por donde transita entre el 3% y el 6% del comercio global.
La concesión original fue firmada en 1997 y prorrogada automáticamente en 2021 por un nuevo periodo, en medio de denuncias por condiciones desfavorables y posibles actos de corrupción.
Desde la empresa, CK Hutchison rechazó el fallo judicial, argumentando que carece de fundamento legal y contradice el marco bajo el cual Panamá aprobó la concesión. La compañía afirmó que se reserva el derecho de recurrir a instancias judiciales nacionales e internacionales, incluido un eventual arbitraje, y advirtió que la decisión pone en riesgo la estabilidad laboral de miles de personas vinculadas directa e indirectamente a la actividad portuaria.
El caso también genera incertidumbre sobre una operación paralela de venta de activos portuarios de CK Hutchison, que involucra más de 40 terminales a nivel global y que estaba siendo negociada con un consorcio liderado por la gestora estadounidense BlackRock, con participación de Mediterranean Shipping Company y la naviera china Cosco. Consultado por este proceso, el Gobierno chino evitó hacer comentarios y se remitió a la posición oficial de la empresa.
Anteriormente, el presidente Donald Trump había criticado públicamente la presencia del operador hongkonés en el Canal de Panamá, calificándola como una forma de “control chino” sobre la vía, e incluso llegó a amenazar con recuperar el control estadounidense del paso interoceánico.
El presidente panameño, José Raúl Mulino, recalcó que la soberanía sobre la vía no está en discusión y afirmó que el canal “es y seguirá siendo panameño”, enfatizando que las decisiones judiciales responden a procesos internos del país.
