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Créditos imagen: Congreso de la República del Perú
Nuevo presidente de Perú arranca su mandato citado a juicio por corrupción
A horas de asumir, José María Balcázar fue citado a juicio oral por apropiación ilícita, mientras el expresidente Pedro Castillo —condenado por rebelión— le pidió formalmente el indulto, abriendo un complejo flanco judicial y político en plena crisis institucional peruana.
Nada más asumir como presidente interino de Perú, José María Balcázar recibió una notificación que tensó aún más el frágil tablero político del país: el Poder Judicial lo citó a juicio oral por el delito de apropiación ilícita en agravio del Colegio de Abogados de Lambayeque (ICAL).
La resolución, emitida por el Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Chiclayo —dependiente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque—, establece que el proceso superó las etapas de investigación y control de acusación, por lo que corresponde avanzar a la fase de juzgamiento. La audiencia de inicio de juicio fue fijada para el 16 de junio de 2026 y la asistencia del mandatario es obligatoria. De no comparecer sin justificación válida, podría ser declarado reo contumaz, con orden de captura y continuación del proceso en su ausencia.
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Balcázar asumió la Presidencia este miércoles tras ser elegido titular del Congreso y, por sucesión constitucional, convertirse en jefe de Estado en medio de una nueva crisis política. La citación judicial se conoció apenas horas después de su investidura, agregando un flanco legal a un mandato ya marcado por la provisionalidad.
El caso se remonta a su gestión como decano del ICAL entre 2019 y 2020. Según la acusación fiscal, habría recibido directamente ingresos por colegiaturas, cuotas ordinarias y fondos mortuorios sin depositarlos en las cuentas oficiales del gremio, pese a requerimientos formales. Una pericia contable encargada por el colegio detectó montos no entregados a la nueva directiva, entre ellos 84.931,37 soles (cerca de 22 millones de pesos chilenos) cuyo destino no fue acreditado documentalmente. El Ministerio Público solicitó un año de prisión suspendida y el pago de 348.344 soles (aproximadamente 90 millones de pesos chilenos) como reparación civil.
Consultado por la prensa, Balcázar negó las acusaciones y aseguró que carecen de sustento. “No hay absolutamente nada. Eso está archivado inclusive. Pero como es la narrativa de pretender poner alguna duda sobre mi persona, no le hago caso ni le voy a hacer caso”, declaró a RPP. “¿Dónde está la prueba de que lo han condenado? No hay absolutamente nada”, añadió.
Expresidente Pedro Castillo solicita indulto
La controversia no termina ahí. En paralelo, el expresidente Pedro Castillo —quien cumple una condena de 11 años y cinco meses por rebelión tras su fallido intento de golpe de Estado en 2022— solicitó el indulto a Balcázar. La petición fue presentada por su exministro de Defensa y abogado, Walter Ayala, y remitida formalmente a la oficina presidencial.
En el escrito, Castillo invoca el “principio de humanidad” y alude a la “palabra empeñada” por Balcázar, quien antes de asumir había deslizado la posibilidad de evaluar un eventual indulto. “Esta mañana lo escuché decir que el indulto no está en agenda porque nadie se lo ha pedido. Entonces lo ponemos en agenda. El país lo está mirando”, afirmó Ayala.
Mientras tanto, el Colegio de Abogados de Lambayeque expulsó definitivamente a Balcázar el 13 de agosto de 2022 por infracción a su estatuto y al código de ética. En un comunicado emitido horas antes de su elección como presidente del Congreso, el gremio rechazó su postulación y expresó “profunda preocupación, indignación, malestar, dolor y tristeza”, exhortando al Ministerio Público y al Poder Judicial a actuar con imparcialidad y diligencia.
“En una sociedad que exige convivencia dentro del marco de los valores, principios e integridad, rechazamos categóricamente la posibilidad de que, aunque sea de forma interina, se elija a alguien que ha causado un grave perjuicio a su propio colegio profesional y a la dignidad de los abogados del Perú”, sostuvo el ICAL.
Así, el nuevo presidente interino inicia su mandato entre dos fuegos: un proceso penal que avanzará a juicio oral y una presión política que no da tregua.
