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Tribunal de Brasil condena a los hermanos Brazão por el asesinato de la concejala Marielle Franco
Casi ocho años después del crimen, la justicia brasileña estableció que los dos políticos cariocas ordenaron el asesinato de la edil izquierdista en 2018, en lo que el juez instructor calificó como un crimen político marcado por la misoginia y el racismo.
Este miércoles, el Tribunal Supremo condenó a 76 años de prisión al exdiputado federal Chiquinho Brazão y a su hermano Domingos Brazão, reconocidos políticos de Río de Janeiro, por ordenar el asesinato de la concejala Marielle Franco en marzo de 2018. Con esta sentencia, quedaron condenados tanto los autores materiales como los intelectuales de uno de los crímenes políticos más impactantes de Brasil en la última década.
El atentado ocurrió la noche del 14 de marzo de 2018, cuando Franco se desplazaba en automóvil por el centro de Río junto a su conductor, Anderson Gomes. Un segundo vehículo se aproximó y, desde su interior, un expolicía militar abrió fuego con una subametralladora. La concejala recibió cuatro disparos en la cabeza y Gomes tres por la espalda. El caso fue visto por el Tribunal Supremo porque uno de los acusados contaba con fuero como diputado federal.
Ambos hermanos fueron declarados culpables de doble homicidio y de integrar una organización criminal armada. Chiquinho Brazão, de 64 años, había coincidido con Franco en el Concejo Municipal de Río, cuando él ya acumulaba varios períodos como concejal y ella iniciaba su carrera política.
Cuando Chiquinho fue detenido y acusado formalmente en 2024, ocupaba un escaño en el Congreso en Brasilia, al que debió renunciar. Por su parte, Domingos Brazão, de 60 años, fue apartado de su cargo como consejero del Tribunal de Cuentas de Río, aunque continúa percibiendo una remuneración mensual superior a la del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Según la investigación, los hermanos encabezaban una milicia, término que en Brasil se utiliza para describir a grupos delictivos integrados principalmente por policías que actúan al margen de la ley, dedicados a la extorsión y a negocios inmobiliarios ilegales. La confesión del sicario que ejecutó el ataque fue clave para identificar a los responsables intelectuales, y los jueces destacaron que sus dichos fueron corroborados con documentos y testimonios.
En tanto, el entonces jefe de la Policía Civil de Río, el comisario Rivaldo Barbosa, fue absuelto del doble homicidio por falta de pruebas directas. No obstante, fue condenado por obstrucción a la justicia y corrupción, tras acreditarse que recibía pagos de los Brazão, colaboró en la planificación del crimen y luego entorpeció la investigación para asegurar su impunidad.
