Opinión
Al parecer la evidencia empírica respalda lo que pudo leerse como un juicio a priori de Hernán Calderón. Algo, desde hace mucho tiempo, viene oliendo mal en la Subtel. No solo debemos sorprendernos por los Penta sino preocuparnos, también, por aquellos que fueron designados para hacer transformaciones de fondo y que, al parecer, cuando acceden a cuotas de poder en el Estado, no solo reafirman sino que con su gestión consolidan el inequitativo statu quo existente.
Llamó la atención hace unas semanas que el presidente de Conadecus, Hernán Calderón, debido al fallo judicial de la Corte de Apelaciones sobre la banda de 700 MHz, haya hablado derechamente de un Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones “capturado” por los intereses de las grandes empresas que controlan el sector y que, precisamente, a raíz de ese fallo y del notorio cambio de opinión del ministro, puso nuevamente en tela de juicio la independencia de las autoridades de Gobierno respecto de los operadores –en este caso Entel, Movistar y Claro– que dominan, sin contrapesos, el área de las telecomunicaciones.
Y es que la experiencia al respecto es bastante dramática. Como se sabe, el historial de la Concertación –hoy Nueva Mayoría– es bastante polémico en el área de transportes y telecomunicaciones, donde no son pocos los casos de los ex subsecretarios o cercanos a los subsecretarios –Jorge Rosenblut (hoy presidente de Endesa), Christian Nicolai (hoy consultor de Entel), Andrés Wallis (hoy gerente corporativo de Movistar), Pablo Bello (hoy secretario general de la asociación gremial iberoamericana que controla a Movistar) o Felipe Simonsohn (hoy jefe de Asuntos Públicos de Entel y a la vez asesor del senador Felipe Harboe)– que han terminado trabajando para aquellos a quienes debían haber regulado. La excepción a la regla la constituye tal vez el ex subsecretario de Piñera, Jorge Atton, quien derechamente indicó que se jubilaba, una vez que abandonó el cargo, y que además impulsó varias acciones efectivas para aumentar la competencia, como la portabilidad numérica.
Es viernes 24 de enero de 2014 y luego de una tensa espera, Michelle Bachelet, haciendo gala de su autonomía, presenta a su primer gabinete. Al oficializarse el nuevo elenco de ministros que acompañarían a la Mandataria, destaca la aparición de nuevos rostros, muchos de ellos desconocidos hasta entonces en el ámbito público, pero varios con mucha experiencia y trayectoria en las respectivas áreas en que se desempeñarían. Uno de ellos era el flamante ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Andrés Gómez-Lobo Echenique.
[cita] El actual subsecretario de la Subtel, Pedro Huichalaf, quien se desempeñó como un abogado de muy bajo perfil en la fiscalía de esa Subsecretaría durante el Gobierno de Piñera, logró mantenerse en ese cargo –según se dice «off the record»– por un acuerdo entre el ex subsecretario Atton y el senador PPD. Es como si dicha Subsecretaría operara con criterios distintos a los de los gobiernos de turno, y donde se observa una estabilidad que traspasa las peleas políticas de las coaliciones que se disputan La Moneda.[/cita]
Ingeniero comercial de la Universidad Católica, pero ya con una extensa carrera pública desde 2007, cuando llegó como parte del «staff»de René Cortázar al Ministerio de Transportes y Telcomunicaciones, para asumir el desafío del Transantiago, que era el dolor de cabeza de la Presidenta Bachelet por aquella época. Se desempeñó allí como jefe de asesores, entre 2008 y 2010, pero luego permaneció como hombre de confianza del ministro Felipe Morandé, en la administración Piñera, cuya relación se había consolidado en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile (FEN). Aunque los contactos del ministro no solo se restringen al mundo de derecha o académico, se sabe que es militante PPD, que tiene una buena relación con Guido Girardi, quien es casado con Paula Echenique, de la misma familia que el ministro y con vínculos con el ex Presidente Piñera (El Mostrador, 10-02-2008, Los asesores de Piñera que trabajan para Cortázar). Pero no es el único caso. El actual subsecretario de la Subtel, Pedro Huichalaf, quien se desempeñó como un abogado de muy bajo perfil en la fiscalía de esa Subsecretaría durante el Gobierno de Piñera, logró mantenerse en ese cargo –según se dice «off the record»– por un acuerdo entre el ex subsecretario Atton y el senador PPD. Es como si dicha Subsecretaría operara con criterios distintos a los de los gobiernos de turno, y donde se observa una estabilidad que traspasa las peleas políticas de las coaliciones que se disputan La Moneda.
En el caso del ministro Gómez-Lobo Echenique, en su declaración de patrimonio realizada en marzo de 2014, tras su llegada a la cartera, declaró poseer distintos títulos en acciones que, casi todas, tienen un denominador común: pertenecen a empresas controladas por el Grupo Matte, accionista relevante de Entel a través de Almendral. También Gómez-Lobo manifiesta poseer 2.352 acciones en Empresas Copec S.A., holding que reúne a las empresas del Grupo Angelini. La totalidad de estos papeles representan la cantidad de $16.488.096 (Poderopedia).
A un año de ejercicio del actual Gobierno, es uno de los ministros con menos aprobación (en la reciente Adimark sale como el ministro peor evaluado, con un 35%) y con bajo conocimiento (50%) por parte de la ciudadanía, pese a la permanente exposición pública del cargo, derivada de los problemas del Transantiago que, como se sabe, conocía con anterioridad. Era, en diciembre, uno de los candidatos a dejar su cargo, pues ha enfrentado serias dificultades para abordar los problemas derivados del transporte público en la capital y respecto de lo cual, como ocurrió en el Metro, los propios representantes de los trabajadores acusaron desidia por parte de la autoridad al no escuchar las múltiples advertencias que ellos venían haciendo y que habrían evitado la suspensión del servicio en varias oportunidades. Pero la ausencia de toma de decisiones no ha sido similar a otras áreas, ya que el secretario de Estado Gómez-Lobo ha desempeñado un rol más activo, precisamente en un área en que ha sido frecuente que ministros y subsecretarios, una vez que culminan sus mandatos, comiencen a trabajar para aquellas empresas que debían regular. Ello es otra de las facetas de lo que en la teoría económica se conoce actualmente como «la captura del regulador».
Mucho antes de llegar a ser ministro, el 24 de diciembre de 2010, La Tercera publicaba en su cuerpo de Negocios a toda página un estudio de Gómez-Lobo, que junto con Aldo González –a quien nombró como presidente del directorio del Metro y quien fue la primera víctima de los problemas de esa empresa– habían sido contratados por la Fiscalía Nacional Económica para investigar sobre la competitividad del mercado bancario. Su conclusión fue lapidaria y contundente: no había problemas de libre competencia y “la rentabilidad de los bancos era normal”. Un par de días después, en una carta al director, de Oscar Cabello, se ponía en tela de juicio la veracidad del informe en cuestión. En la misiva, Cabello se preguntaba si la falta de veracidad del informe se debía, acaso, a que ambos autores no estudiaron a fondo ese mercado. Por cierto, la misiva nunca tuvo respuesta de los dos autores de la investigación (LT, 26-12-2010).
En la misma columna citada al inicio, el presidente de Conadecus cuestionó el inexplicable y repentino cambio de opinión de Andrés Gómez-Lobo, desde su rol de coordinador del área del comando de la candidata Michelle Bachelet hasta su ascensión a ministro, respecto de los ripios que presentaba la licitación de la banda de7 00 MHz, que inició en 2013 el Gobierno de Sebastián Piñera. En efecto, como coordinador de la comisión de Transportes y Telecomunicaciones de la aspirante a La Moneda, Gómez-Lobo señaló en 2013, en relación a la licitación que Piñera impulsaba, lo siguiente: “El Gobierno está haciendo cosas a la rápida para dejarlas amarradas” y agregó enseguida: “Otra cosa complicada es lo que está haciendo la autoridad de adelantar la licitación de 700 MHz… Lo están haciendo ahora donde los únicos que tienen posibilidades de ganarla, probablemente, sean los incumbentes. Así se va a solidificar una estructura de mercado que tal vez no es la óptima. Por eso que creemos que se debería revisar esta licitación. Qué sentido tiene licitar ahora y no esperar a hacer un proceso con consulta al tribunal y que pueda dar garantías para los operadores entrantes. Por lo mismo, no creemos oportuno ni necesario acelerar la licitación de 700 MHz” (El Pulso, 6 de noviembre de 2013). Al ascender a secretario de Estado en la cartera cambió notoriamente de opinión y pasó a respaldar la licitación en curso, pese a que, como él mismo lo había vaticinado en la declaración a ese medio, fueron precisamente “los incumbentes” –Movistar, Entel y Claro– los que terminaron por adjudicársela, lo cual originó la demanda aún en curso, radicada en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) que sostiene la Corporación de Consumidores y Usuarios (Conadecus). Se comenta que la intención del ministro es dictar prontamente el decreto y que Conadecus, seguramente, volverá a impugnarlos en la Contraloría General de la República.
A mayor abundamiento sobre el tema, el pasado 5 de enero y luego de conocerse el fallo judicial que resultó negativo para la empresa querellante Telestar, la que acusó “condiciones discriminatorias” en las bases del concurso, el mismo ministro Gómez-Lobo, cambiando radicalmente de opinión sobre lo que había manifestado apenas unos meses antes, indicó que el reciente fallo “confirma la transparencia de los procesos de licitación que emanan desde esta repartición del Gobierno”. En la oportunidad, además, el secretario de Estado manifestó que “esta es una noticia muy positiva para las chilenas y chilenos que viven en zonas remotas, de difícil acceso o de baja densidad demográfica. Hay que aclarar que la conectividad promueve la inclusión social, y esa conectividad no sólo es física, sino también digital”, destacando, asimismo, los supuestos beneficios que generará la implementación de la licitación, ya cuestionada por la agrupación de consumidores.
En el caso de la Subsecretaría, quizá la única excepción a la regla, por ahora, la constituya el ex subsecretario de Telecomunicaciones Jorge Atton, quien proviniendo de una empresa de telefonía de propiedad privada –Telefónica del Sur– desempeñó un papel que en general puede calificarse de autónomo e independiente de las compañías que dominan el mercado, y quien al abandonar el cargo señaló que se retiraba del sector (La Tercera, 16-02-2014). Durante su gestión, que generó muchos reclamos por parte de los controladores de este mercado en Chile, las tarifas de telefonía móvil cayeron 20% y casi 50% las de banda ancha. Destacan en su gestión hitos como la neutralidad de redes, la portabilidad numérica, el término de la larga distancia nacional, el Reglamento de Telecomunicaciones (cuyo espíritu fue recientemente distorsionado por el actual subsecretario Huichalaf, mediante decreto interpretativo a solicitud de Entel) y el fin de las tarifas diferenciadas para llamadas on-net y off-net, que son la evidencia concreta de la cierta mejora que se observa en Chile desde 2010 en telecomunicaciones, aunque algunos especialistas indican que la licitación de 700 MHz no fue precisamente un acierto de Atton.
Sí merece una descripción aparte uno de los últimos decretos que hizo el subsecretario de Piñera y que se refería a la fijación tarifaria de telefonía móvil, que estableció una caída de 73% en los cargos de acceso (interconexión) de las compañías móviles, que a su vez rebajaría en 20% las tarifas que paga el público. En castellano, el último decreto tarifario que dejó la administración Bachelet, con el subsecretario Pablo Bello, fijó el precio de la interconexión en $ 64 por minuto, en cambio, la administración Piñera al concluir su mandato la había establecido en $ 11,9 como precio promedio. Jorge Atton se había hecho cargo de la tesis del Presidente de Conadecus, quien en una columna señaló que el precio para el nuevo periodo no podía ser superior al promedio de los países de la OCDE, que ya era de $12 por minuto (El Mostrador, 17 de octubre de 2013), generando una verdadera revolución en el sector, y por cierto, el enojo de los grupos controladores del área, los que apelaron el decreto en Contraloría, pero en definitiva no lograron echarlo abajo.
En 2013, como parte del proceso de regulación tarifaria y ante las señales que se emitían desde el gobierno de Piñera,en cuanto a que podría venir una rebaja notable en los cargos de acceso para las empresas Claro, Movistar y Entel –monopolizadoras de este mercado–, encargaron el estudio llamado “Estimación de la demanda por telefonía móvil y una proyección para el periodo 2013-2018” a los profesionales Andrés Gómez-Lobo Echeñique y José Luis Lima, texto común que las tres compañías dominantes presentaron a Subtel al momento de abrirse la discusión tarifaria para los próximos cinco años. En primer lugar, llama la atención que Entel, Claro y Movistar presenten el mismo informe para proyectar la demanda futura, cuando precisamente uno de los cuestionamientos a este mercado –que fue lo que reclamó Telestar y Conadecus– es la condición monopólica que ejercen las tres. A su vez, también es curioso que se contrate para elaborar dicho informe a quien ya venía trabajando con el equipo sectorial de quien sería la candidata y probable Presidenta de Chile. No es una eventualidad que mientras el informe estaba en desarrollo, Gómez-Lobo se transformara, como lo indica la propia página del comando presidencial, en el coordinador de Transporte y Telecomunicaciones (10 de julio de 2014) postprimarias, aunque, desde hacía un tiempo, ya era parte del equipo de la presidenciable. Al encargar el estudio a Andrés Gomez-Lobo, ¿las empresas sabían algo que el resto de los chilenos no conocíamos?
Como se sabe, la investigación de ambos profesionales fue uno de los argumentos que las tres empresas presentaron al momento de justificar la propuesta tarifaria ante la administración Piñera (ya habían hecho lo mismo con el subsecretario Bello, en la anterior administración de Bachelet). La extensa investigación de Gómez-Lobo/Lima partía indicando que “el objetivo del presente estudio es estimar la demanda por telefonía móvil en Chile y sus servicios relacionados y realizar una proyección de la demanda, tanto de abonados como tráficos, hacia el futuro. El objetivo final es proveer información útil y fundamentada requerida para la fijación del cargo de acceso a la industria móvil, proceso que comenzó en el año 2013”. El informe era uno de los apoyos técnicos que, complementados con otros, emplearon las empresas dominantes para presionar por una tarifa de interconexión de $30 por minuto, totalmente fuera de los niveles actuales de la OECD.
Finalmente, el Gobierno de Piñera avanzó en su propuesta, dictó el decreto que fue con toma de razón a Contraloría y donde fue objetado nuevamente por las tres empresas dominantes, instancia en la que, sin embargo, fueron derrotadas.
Al parecer la evidencia empírica respalda lo que pudo leerse como un juicio a priori de Hernán Calderón. Algo, desde hace mucho tiempo, viene oliendo mal en la Subtel. No solo debemos sorprendernos por los Penta sino preocuparnos, también, por aquellos que fueron designados para hacer transformaciones de fondo y que, al parecer, cuando acceden a cuotas de poder en el Estado, no solo reafirman sino que con su gestión consolidan el inequitativo statu quo existente hoy entre tres operadores monopólicos y millones de chilenos sin voz. Es de esperar que en el futuro no nos encontremos con ex autoridades del actual Gobierno siendo consultores de algunas de estas tres compañías o, peor aun, ocupando puestos ejecutivos en las mismas.
