Penalizar las denuncias falsas: una amenaza al acceso a la justicia de las mujeres

En los últimos días, un grupo de parlamentarios presentó en el Congreso un proyecto de ley que busca sancionar penalmente las llamadas “falsas denuncias” de abuso sexual y establecer mecanismos de reparación para las personas acusadas. La iniciativa se presenta como una respuesta a supuestos abusos del sistema, pero omite una pregunta central: ¿qué efectos tendría una norma así en el acceso a la justicia de las mujeres que viven violencia sexual y de género?

Denunciar violencia de género ya es, en sí mismo, un proceso difícil, riesgoso y muchas veces revictimizante. Las mujeres enfrentan miedo, dependencia económica, presiones familiares, estigmatización social y una profunda desconfianza en las instituciones. En ese contexto, introducir la amenaza de una sanción penal por “denuncia falsa” agrega una capa adicional de riesgo: no solo hay que denunciar la violencia, sino también evitar que el sistema interprete la denuncia como falsa si no logra acreditarse.

Desde los estándares internacionales, este enfoque es profundamente problemático. Así lo ha advertido recientemente el MESECVI, mecanismo de seguimiento de la Convención de Belém do Pará, al señalar que existe una diferencia fundamental entre una denuncia falsa y una denuncia no probada. La denuncia falsa exige dolo, es decir, la intención consciente de mentir, algo excepcional. En cambio, la mayoría de las denuncias que no terminan en condena no son falsas, sino el resultado de investigaciones deficientes, falta de pruebas disponibles o fallas estructurales del sistema penal.

Confundir estas situaciones no solo es jurídicamente incorrecto, sino profundamente injusto. En la práctica, este tipo de iniciativas trasladan el costo de la ineficacia estatal a las propias mujeres. Cuando una investigación fracasa, el problema deja de ser la falta de debida diligencia del Estado y pasa a ser la conducta de quien denunció. Desde una perspectiva feminista, esto invierte el foco del problema: en lugar de fortalecer la capacidad del Estado para investigar bien, se castiga a quienes buscan protección.

Además, estas propuestas generan un fuerte efecto disuasivo. El mensaje implícito es claro: “Si no puedes probarlo, mejor no denuncies”. En contextos donde la violencia sexual y de género ya está ampliamente subdenunciada, este tipo de normas profundizan el silencio y refuerzan la impunidad. No se trata de un efecto colateral, sino de una consecuencia previsible de sistemas que descreen de las mujeres y priorizan la protección del denunciado por sobre el derecho de las víctimas a ser escuchadas.

No es casual que estos proyectos se sostengan en estereotipos misóginos persistentes: la idea de que las mujeres denuncian por venganza, celos o beneficio personal. Sin embargo, la evidencia muestra lo contrario. Las denuncias falsas son estadísticamente marginales, mientras que la violencia sexual es un fenómeno masivo y estructural. Desplazar el foco hacia un problema sobredimensionado no fortalece la justicia; debilita la respuesta institucional frente a la violencia.

El estándar internacional es claro. Tal como señala el MESECVI, la prioridad de los Estados debe ser mejorar la investigación penal, garantizar la debida diligencia, erradicar estereotipos de género en el sistema de justicia y asegurar que denunciar no sea un riesgo, sino un derecho efectivo. Penalizar las denuncias falsas no protege la justicia: la debilita, refuerza la impunidad y aleja a las mujeres del sistema que debería protegerlas.