La captura de Nicolás Maduro y sus efectos en el mundo criminal venezolano

Para comprender el fenómeno criminal venezolano es recomendable observarlo en una perspectiva de al menos los últimos veinte años. Sin embargo, sí fijamos como punto de inflexión este 3 de enero de 2026, con la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores en Caracas y su posterior traslado a Nueva York para enfrentar cargos federales vinculados al narcotráfico, el denominado “narcoterrorismo” y el tráfico de armas.

La pregunta central es: ¿qué cambia para el orden criminal regional cuando cae la cúpula del poder? El escenario más probable no es la desaparición del crimen organizado, sino su reconfiguración, la que abre un período de incertidumbre marcado por disputas internas, donde aún no está claro qué facción, segmento o alianza criminal logrará prevalecer tras la salida del liderazgo central.

Cuando un Estado-plataforma, o un nodo estatal profundamente capturado por economías ilícitas, entra en desorden, ocurre lo que ya hemos observado en otros contextos: fragmentación, competencia por el control de las economías ilegales y reemplazo de intermediarios clave. La resiliencia criminal opera de forma similar a un sistema hidráulico: la presión ejercida en un punto no elimina el flujo, sino que lo redirige hacia otros espacios.

En este escenario, las redes que dependían de protección “desde arriba” tienden a atomizarse. Operadores logísticos, mandos militares o aduaneros corruptos, brokers financieros y estructuras de protección armada comienzan a competir entre sí para sobrevivir, lo que suele traducirse en picos de violencia de corta duración, ajustes de cuentas y disputas territoriales.

No obstante, en el caso venezolano existe un elemento adicional particularmente sensible: la presencia de poderes fácticos dentro del régimen que no parecen haber sido tocados por esta operación. Por el contrario, la salida de Maduro podría incluso abrirles nuevos espacios de maniobra, eliminando un obstáculo político y simbólico que, hasta ahora, concentraba decisiones y rentas. En lugar de un vacío absoluto, lo que podría emerger es un nuevo equilibrio criminal, menos centralizado, más opaco y potencialmente más volátil, con efectos que no se limitarán a Venezuela, sino que se proyectarán a toda la región.

La segunda gran derivada es el “vacío de coerción” interno y sus exportaciones. Venezuela no es solo territorio: es infraestructura criminal (puertos, pistas, fronteras porosas, oro/Arco Minero, contrabando, flujos migratorios, armas). Es esperable un período de desorden operativo: colectivos y otros grupos armados irregulares –fortalecidos por años de armas circulando y lealtades locales– pueden actuar como milicias de resistencia, custodios de economías ilícitas o brazos de extorsión de territorios geográficos definidos. Esto no se resuelve solo “sacando” a una cúpula: la base armada y los mercados ilegales tienden a permanecer y adaptarse.

Tercero: desplazamiento de rutas y presión sobre corredores regionales. Si el golpe corta o encarece el “servicio venezolano” (protección, salida aérea/marítima, documentación, puertos), las rutas se redistribuyen hacia nodos alternativos: Caribe, Guyana/Surinam, fronteras con Colombia y Brasil, y enclaves portuarios donde ya existen capacidades de contaminación de carga. El crimen organizado regional (y transnacional) suele leer estos cambios como oportunidades: comprar exfuncionarios con know-how, reclutar fuerza armada desmovilizada, y abrir nuevas ventanillas de corrupción en aduanas/puertos vecinos.

Cuarto: la narrativa “Maduro = cabeza de una organización criminal” reordena incentivos. En términos de señal estratégica, el mensaje de Washington es que la captura del Estado puede ser tratada como “empresa criminal” perseguible con herramientas extraordinarias. Eso puede producir dos efectos simultáneos y contradictorios: (1) disuasión sobre élites que dependen de viajes, dólares y sistema financiero; y (2) radicalización defensiva de facciones que sienten que no tienen salida política/negociada, empujándolas a blindarse con violencia, alianzas con actores armados y economías ilícitas.

Quinto: impacto sobre estructuras criminales que tienen una marca definida, como el Tren de Aragua. Si la intervención desarticula redes dentro de Venezuela, parte del ecosistema puede intentar replegarse fuera (más “franquicias” y células externas) o, al revés, perder coordinación y capacidad. El punto clave para la región –Chile incluido– es que, en un shock de esta magnitud, es común ver migración criminal (operadores que se mueven con familias/coberturas), dispersión de armas y búsqueda de nuevas rentas (extorsión, secuestro, control de mercados informales). No es automático, pero es un riesgo plausible en la fase de transición.

Sexto: el escenario más delicado es una transición prolongada con gobernanza débil. Si EE.UU. “administra” sin lograr rápidamente legitimidad local, monopolio de la fuerza y reconstrucción institucional, el país puede derivar a un modelo de “territorios competidos” donde lo criminal no solo sobrevive: gobierna por tramos. En ese caso, la región enfrentaría un “Venezuela-hub” distinto: menos centralizado, más opaco y con múltiples brokers violentos. Si, en cambio, la transición logra rearmar instituciones (justicia, policía, fronteras, control portuario) y cortar flujos de corrupción, el orden criminal regional se vería obligado a moverse y encarecerse, pero no a desaparecer.