Otro niño que perdemos
Señor director:
La muerte del joven de 14 años que se encontraba bajo el cuidado del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, en la ciudad de Arica, y que fue encontrado sin vida nos enfrenta, una vez más, a una verdad que duele y que incomoda: estamos llegando demasiado tarde.
Detrás de cada titular hay una historia que comenzó mucho antes. ¿Qué tuvo que pasar en la vida de este niño para terminar en una muerte tan trágica? ¿Cuántas señales se encendieron y no fueron escuchadas? ¿Cuántas oportunidades de cuidado, contención y reparación se perdieron en el camino?
Cuando un niño muere estando bajo la protección del Estado, no basta con buscar responsabilidades administrativas. La pregunta es más profunda y más exigente. Le falló su familia. Le falló su comunidad. Le falló el Estado. Le falló el sistema de protección. Pero, sobre todo, le fallamos todos como sociedad. Su muerte nos recuerda círculos de pobreza, marginalidad y abandono que se repiten generación tras generación.
Durante años hemos discutido diagnósticos, reformas, presupuestos y modelos de intervención. Y, sin embargo, seguimos constatando que para muchos niños y adolescentes el sistema llega fragmentado, desbordado o insuficiente frente a trayectorias de vida marcadas por la vulneración y el abandono. La protección no puede limitarse a custodiar; debe ser capaz de sanar, acompañar y ofrecer horizontes reales de desarrollo. Y sobre todo, debemos llegar antes! Prevenir, acompañar a familias que viven en la marginalidad y vulnerabilidad constante.
¿Cuántas muertes más tenemos que presenciar antes de movilizar los cambios estructurales que se requieren? ¿Cuántas historias truncadas más serán necesarias para comprender que la infancia más vulnerada no puede seguir esperando?
Este es un imperativo ético. La manera en que tratamos a los niños y jóvenes que han sido heridos por la vida habla de quiénes somos como país. Si no somos capaces de ofrecerles acompañamiento a sus familias, protección efectiva, reparación oportuna y vínculos significativos, entonces nuestra promesa de dignidad es incompleta.
La muerte de este adolescente no puede convertirse en una cifra más. Debe interpelarnos y obligarnos a actuar con sentido de urgencia, coordinación y responsabilidad compartida. Proteger a la infancia más vulnerable no es una tarea sectorial: es una responsabilidad colectiva que exige convicción, coherencia y decisión política sostenida en el tiempo.
Que su historia sea el punto de inflexión que nos impida seguir normalizando lo inaceptable.
Malena Simonetti
Juntos por la Infancia – 3xi
