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Muerte y corrupción en la Jungla Chilena

por 17 noviembre, 2018

Muerte y corrupción en la Jungla Chilena
El Comando Jungla, ¿no es acaso una actualización, tal vez escandalosa por lo chabacana, de la ya conocida doctrina del enemigo interno, y de la lucha anti-terrorista diseñada en Estados Unidos? La aplicación sistemática de la Ley Antiterrorista en la Araucanía es obra de Lagos, y fue una política adoptada simultáneamente con la del Programa Orígenes, vía deuda con el Banco Mundial, para dividir a las comunidades haciéndolas competir por pequeños fondos y proyectos, en un enfoque típico de garrote y de zanahoria. Bachelet, ex-ministra de defensa de Lagos, continuó dicha estrategia en toda la línea. La policía militar ha actuado con Piñera igual que con los otros Presidentes para proteger la explotación forestal privada y permitir el avance de nuevos proyectos hidroeléctricos, mineros y carreteros, siempre resistidos por las comunidades locales.
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En realidad, no se explica tanto escándalo por el Comando Jungla, chabacanería aparte, la Araucanía estaba militarizada desde hace tiempo, y crímenes y montajes similares por parte de Carabineros se venían observando desde las primeras temporadas del siglo que ahora corre. Y es que el polémico Comando Jungla forma parte, al final, de un diseño geopolítico mayor y más antiguo, orientado a regir el Patio Trasero. Frei o Lagos o Bachelet mantuvieron el diseño intacto, y acaso, como se dice que hicieron con el modelo de desarrollo económico implementado por la dictadura, lo mejoraron.

La dictadura de Pinochet representó en Chile esa gran actualización continental del dominio americano, que comenzó con el golpe militar de 1964 en Brasil. Sabido es que, por si este fracasaba, el Comando Sur del ejército norteamericano tenía posicionado un porta aviones en el Atlántico, no lejos de Río de Janeiro. Sabido es que los agentes torturadores de las dictaduras latinoamericanas recibieron formación en la Escuela de las Américas, de la CIA, en Panamá, para coordinar el tipo de actividades que se desplegaron en cada país, como por ejemplo la Operación Cóndor.  

Volviendo al Comando Jungla, ¿qué es si no una actualización, tal vez escandalosa por lo chabacana, de la ya conocida doctrina del enemigo interno, y de la lucha anti-terrorista diseñada en Estados Unidos?. La aplicación sistemática de la Ley Antiterrorista en la Araucanía es obra de Lagos, y fue una política adoptada simultáneamente con la del Programa Orígenes, vía deuda con el Banco Mundial, para dividir a las comunidades haciéndolas competir por pequeños fondos y proyectos, en un enfoque típico de garrote y de zanahoria. Bachelet, ex-ministra de defensa de Lagos, continuó dicha estrategia en toda la línea.

Ni la pobreza ni el terrorismo definen la esencia del conflicto mapuche, que es un problema político y una lucha de liberación, con una importante raigambre histórica y cultural. De la pobreza podrán salir las comunidades si se inyectan dinero y oportunidades de trabajo, pero esto no solucionará el conflicto, porque, primero, no es la pobreza, sino la desigualdad relativa lo que produce el sufrimiento, y estamos buceando hace décadas en un modelo que hace proliferar las humillantes y obscenas desigualdades al infinito. Y segundo, porque lo que hay, desde el punto de vista mapuche, es nostalgia por la riqueza y soberanía perdidas allá en la Pacificación de la Araucanía, operación militar destinada a expandir los negocios de la escuálida burguesía chilena, sobre todo en su vertiente triguera, así como hoy Comando Jungla quiere consolidar y mantener la vertiente forestal de la mentada burguesía.

Ahora bien, al dichoso y efectista Comando Jungla, es posible sacarle aún más jugo, si se lo estruja por el lado de las acusaciones que se dejaban oír hacía por lo menos 10 años atrás, cuando se decía en la prensa chilena que elementos de la CAM, y otros grupos mapuche habían recibido entrenamiento en Colombia, por parte de las FARC. La demolición controlada de las Torres Gemelas el 9/11, no solamente permitió a Bush junior y Dick Cheney y compañía, como lo tenían previsto, suspender el imperio de la ley y de las garantías civiles dentro del territorio norteamericano, sino que además sirvió para acelerar la ofensiva contra las FARC mediante la militarización del Plan Colombia, y la hipertrofia del ejército de este último país, que ahora vende servicios mercenarios a aliados de Washington tales como Arabia Saudí, que ha empleado colombianos para atacar al pueblo de Yemen, o se ofrece como brazo fuerte de la OTAN en el subcontinente, para hacerle frente a la ya maltrecha revolución socialista de Venezuela.

En el contexto de la guerra contra el terrorismo lanzada por Bush, Cheney y compañía, el movimiento mapuche fue colocado apenas debajo del movimiento zapatista de Chiapas, como amenaza al orden geopolítico establecido en este continente. Aunque parece harina de otro costal, la ocupación militar de Haití revela idéntica sumisión de los ejércitos sudamericanos a un plan geopolítico mayor y diseñado afuera: ahí los ejércitos de Chile y de Brasil hicieron la tarea de proyectar poder en el Caribe, cuando parecía inminente un colapso del régimen cubano.   

Volviendo a la Araucanía, la policía militar actúo ahí para proteger la explotación forestal privada y permitir el avance de nuevos proyectos hidroeléctricos, mineros y carreteros, siempre resistidos por las comunidades locales y grupos de activistas de la ecología y los derechos humanos. De hecho, el carácter actual del movimiento mapuche, en parte puede ser leído como una reacción ante este último ciclo de ofensivas capitalistas en el territorio.

Grandes piezas de hormigón y fierro son transportadas en lentas caravanas de camiones ciclópeos a través de polvorientos caminos rurales, e invariablemente la policía militar escoltaba, sin costo, estos emprendimientos privados que violaban, como la represa Ralco, la propia Ley Indígena chilena. En este último caso, el presidente Frei, con intereses directos en subcontratistas en las obras de Ralco, nos enseñó de una vez y para siempre, a quienes estábamos atentos, la colusión entre el dinero y la política, lo que Gabriel Salazar llamó la clase político-empresarial. De modo que la corrupción sistémica de las instituciones chilenas, de la presidencia a la policía militar, viene ocurriendo hace tiempo, y resulta, además, perfectamente funcional al diseño geopolítico capitalista de cuño norteamericano.     

Ni la pobreza ni el terrorismo definen la esencia del conflicto mapuche, que es un problema político y una lucha de liberación, con una importante raigambre histórica y cultural. De la pobreza podrán salir las comunidades si se inyectan dinero y oportunidades de trabajo, pero esto no solucionará el conflicto, porque, primero, no es la pobreza, sino la desigualdad relativa lo que produce el sufrimiento, y estamos buceando hace décadas en un modelo que hace proliferar las humillantes y obscenas desigualdades al infinito. Y segundo, porque lo que hay, desde el punto de vista mapuche, es nostalgia por la riqueza y soberanía perdidas allá en la Pacificación de la Araucanía, operación militar destinada a expandir los negocios de la escuálida burguesía chilena, sobre todo en su vertiente triguera, así como hoy Comando Jungla quiere consolidar y mantener la vertiente forestal de la mentada burguesía.    

El recuerdo de la abundancia perdida, y el desierto inútil de los monocultivos de pinos y eucaliptus, son motivaciones más que suficientes para que la juventud mapuche se aboque a estudiar su historia, y a encarnar el punto de vista de sus mayores en la disputa con el Estado y la sociedad chilenas. Y para nosotros, chilenos de Chile, será imposible reconocerlos como otros a los mapuche en la práctica, mientras nuestro Estado continúe sometido a los designios geopolíticos del Tío Sam.   

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.

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