Debate del aborto: deuda democrática urgente

En Chile hay quienes aún se niegan a hablar sobre aborto. Pero ese silencio tiene consecuencias: cada año, decenas de mujeres enfrentan procesos judiciales por abortos fuera de las tres causales. Y cientos más viven en la incertidumbre jurídica y sanitaria por no tener acceso a un aborto seguro y legal. Este no es un debate ideológico: es una realidad concreta que afecta nuestras vidas.

Por eso, el proyecto de ley de aborto por plazos a la Cámara de Diputadas y Diputados representa un paso necesario y urgente. No se trata de imponer una visión, sino de algo básico: habilitar una conversación democrática sobre un tema que existe, nos atraviesa y no puede seguir siendo ignorado.

Lo hemos dicho una y otra vez: el aborto existe, con o sin ley. Y cuando no hay una legislación que lo garantice de forma clara y segura, quienes más sufren las consecuencias son las mujeres con menos recursos y quienes no tienen redes de apoyo.

La desigualdad en el acceso al aborto es una forma de violencia estructural: quienes tienen medios económicos lo pueden hacer y quienes no, ven afectados sus proyectos de vida. Una reciente investigación de Corporación Miles reveló que, entre 2012 y 2022, 444 personas fueron criminalizadas por el delito de aborto voluntario, y de ellas un 87,2% son mujeres.

Se trata de un fenómeno que puede afectar a cualquier persona, pues, de este universo, un 10% de las personas había sufrido una pérdida reproductiva espontánea y jamás debió enfrentar la Justicia. Al revisar estas causas en detalle, en un 43% de los casos hubo violaciones al debido proceso. Estos datos reflejan una política de persecución que vulnera la confidencialidad médica y criminaliza eventos reproductivos.

A esta criminalización se suman hechos inaceptables como los casos de anticonceptivos fallidos. Desde 2020 se suman 8 alertas de este tipo y en 2020 al menos 227 mujeres quedaron embarazadas tras consumir el anticonceptivo defectuoso Anulette CD, distribuido por el Estado. Pese a la decisión de no ser madres en ese momento, y de haber tomado todas las precauciones a su alcance para evitarlo, el Estado les falló por partida doble: por la entrega de estos medicamentos y por no ofrecerles la alternativa de interrumpir estos embarazos no planificados de manera segura y legal.

Por eso, frente al ingreso del proyecto de ley que busca legalizar el aborto hasta las 14 semanas de gestación, el llamado es claro: no más censura al debate. Es deber del Congreso habilitar esta discusión y escuchar a una ciudadanía que quiere decidir. Exigir que este proyecto se tramite no significa imponer una visión, significa habilitar una democracia real.

El aborto legal no es una amenaza: es una garantía mínima de dignidad. Y las chilenas no somos ciudadanas de segunda categoría. Merecemos que nuestras decisiones reproductivas sean respetadas, que el Estado garantice condiciones de salud dignas y que la ley nos proteja, no nos persiga.

Esta es una invitación a todas y todos: conversemos, escuchemos, debatamos con argumentos. Tenemos una oportunidad histórica de saldar una deuda democrática y de justicia social. No la desaprovechemos.