Tobilleras electrónicas: tecnología que salva vidas y a la que Chile aún no le saca partido

Cada 28 minutos una mujer o niña es víctima de una agresión sexual en Chile. En el 95% de los casos, el agresor es un hombre. La violencia de género –en sus múltiples formas– es una emergencia permanente con rostro conocido y domicilio compartido.

Durante 2023, la Subsecretaría de Prevención del Delito registró 134.116 casos policiales por violencia intrafamiliar (VIF). Ocho de cada diez denuncias fueron realizadas por mujeres y, en igual proporción, los agresores fueron hombres. Ese mismo año, la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres contabilizó 51 femicidios, mientras que el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género reportó 43, revelando la persistente incapacidad institucional para actuar preventivamente.

En este contexto, sorprende constatar que Chile ya cuenta con una herramienta eficaz para prevenir nuevos ataques: el monitoreo telemático mediante tobilleras electrónicas para agresores. Se trata de una tecnología de probada efectividad, operativa desde hace años con éxito por parte de la empresa proveedora, pero subutilizada por razones que no responden a su capacidad técnica, sino a barreras institucionales, judiciales y de información.

Un sistema que funciona (cuando se usa)

El sistema permite establecer perímetros de exclusión geográfica que, al ser traspasados por el agresor, activan alertas en el dispositivo móvil de la víctima y en la central de monitoreo, lo que moviliza protocolos policiales inmediatos.

Los resultados son contundentes: no se ha registrado ninguna agresión a mujeres protegidas mediante este mecanismo. La tecnología, administrada por Gendarmería, presenta un 98% de cumplimiento, permite monitorear medidas cautelares y penas sustitutivas, y reduce la carga operativa policial, evitando el contacto entre víctimas y agresores.

Actualmente, cerca de 4.200 personas condenadas están siendo monitoreadas, pero el sistema tiene capacidad para más de 8.000. Aun así, su uso en casos de violencia intrafamiliar sigue siendo mínimo. En 2023 se presentaron 1.764 solicitudes, pero solo el 4% fue autorizado por los tribunales.

Y las cifras siguen. Solo en lo que va de 2025 ya se han registrado 19 femicidios, muchos de los cuales podrían haberse evitado con medidas de prevención más efectivas.

Trabas institucionales

Las razones de rechazo judicial son, en muchos casos, administrativas: direcciones imprecisas o proximidad geográfica entre víctima y agresor. Pero estas limitaciones no reflejan fallas del sistema, sino una falta de voluntad institucional para adaptarse a una herramienta moderna de protección.

A esto se suma un problema estructural: la falta de información. Muchas mujeres en situación de riesgo extremo ni siquiera saben que esta alternativa existe. El acceso desigual a la información y la desconfianza en el sistema judicial agravan una situación donde el tiempo es un recurso escaso y la vida está en juego.

Chile cuenta con la tecnología, la experiencia y los datos. Lo que falta es decisión política, voluntad judicial y una estrategia nacional para escalar el monitoreo telemático como una política pública real de prevención de la violencia.

En un país donde la violencia contra las mujeres sigue cobrando vidas, y dejando marcas invisibles, el acceso a información puede marcar la diferencia entre el miedo y la protección, entre el riesgo y la prevención, entre la vida y la muerte.