Caso licencias médicas: ¿y el Parlamento cuándo?

No cabe duda de que estamos ante uno de los peores escándalos vividos en el país. Y eso que ya nos acostumbramos –lamentablemente– a los desfalcos al Estado y la falta de ética y de escrúpulos. El listado es grande: las platas políticas de Penta y SQM, los raspados de la olla, el Riggs de Pinochet, el MOP-Gate, el Pacogate, las fundaciones truchas, ProCultura, entre otros.

Sin embargo, hasta ahora, podíamos apuntar con el dedo a parlamentarios y dirigentes políticos como los culpables, los corruptos. Hoy, en cambio, hemos podido comprobar –con dolor, vergüenza y rabia– que miles de chilenos, la mayoría comunes y corrientes, esos que no salen en los medios ni en las RRSS, son los protagonistas de esta negra historia, de la que estamos conociendo solo la punta del iceberg. 

Porque, de seguro, los 25 mil que tuvieron la desfachatez de salir al extranjero estando con licencia, son el porcentaje menor entre los miles y miles que deben haber usado el mecanismo del fraude como una práctica normal. Y, por supuesto, estamos hablando aquí de un sistema de complicidades que permite que esto ocurra.

Médicos inescrupulosos que otorgan permisos con liviandad, organismos estatales que no controlan –¿no se supone que Fonasa debe fiscalizar el reposo en su hogar del paciente?–, empleadores que hacen la vista gorda –¿cómo es posible que un funcionario presente 30 licencias en un año, como ocurrió en una municipalidad del sur?– y finalmente, un funcionario público, un empleado y su familia que se burlan del resto saliendo de vacaciones a Brasil o Miami. 

Este fraude masivo no es más que un síntoma de un ciudadano que desde hace unos años pasó a convertirse en un crítico acérrimo del que esté en el poder, sin importar su signo político, de un ciudadano exigente que espera soluciones rápidas a sus problemas, pese a que desprecia y desconfía de los partidos políticos y los políticos, el Estado y todas sus instituciones. Porque si a este fraude en el sector público, liderado por funcionarios de municipalidades, sumamos un espejo de esta situación en el mundo privado, probablemente llegaremos a constatar el más grande desfalco de la historia del país. 

Ya no es vergüenza ajena, como cuando nos horrorizamos con los casos SQM y Penta, sino que ahora es vergüenza propia, esa en que las sociedades se miran al espejo y descubren que tienen más miserias de las que pensaban. Chilenos que se saltan la fila, chilenos que no pagan el Transantiago, chilenos que quieren que les eliminen el pago del tag aunque lo usen a diario.

Ciudadanos que no tienen problemas en solicitar una licencia por una condición o enfermedad que no padecen para evitar el trabajo, la responsabilidad o simplemente tomarse vacaciones extras, y tienen al frente a un profesional que avala esa conducta, significa que estamos ante un problema profundo, ante un momento de oscuridad, que nadie va a lograr enmendar por más promesas que nos hagan en estas elecciones.

Y, claro, el doble estándar y nuestra mala memoria parecieran golpearnos con fuerza de manera cíclica. Si hoy los chilenos nos escandalizamos y manifestamos asombro y rabia, conviene recordar que hace solo unos años, en junio de 2004, María Luisa Cordero era expulsada del Colegio Médico luego de una investigación que ratificó la entrega de licencias falsas, denunciado esto por un programa de televisión que grabó el modus operandi de la psiquiatra.

Cordero señaló, con soberbia, que la tenía sin cuidado la expulsión. Y, claro, en ese entonces, a nadie pareció importarle esta grave conducta, tanto así que en 2021 Renovación Nacional le ofreció ser diputada por la colectividad. Hoy, el partido es de los que ha puesto el grito en el cielo por las licencias falsas. Cosas de la política chilena.

Pero volvamos al escándalo que sacude al país y que pareciera estar recién comenzando. Desde que estalló el caso, hemos asistido a cientos de declaraciones de nuestros políticos, condenando de manera transversal el hecho y ofreciéndonos proyectos de ley para evitar que esto se repita –a un problema, le sigue una ley en Chile–, junto a un desfile de personas que, al menos, han tenido la valentía de renunciar a sus cargos, así como otros que fueron expulsados, a las pocas horas de conocida la lista de involucrados.

En Metro renunció uno de sus gerentes y la empresa desvinculó a 23 trabajadores. En el Gobierno Central –que tiene 12.503 casos– se iniciaron sumarios, 1.102 empleados abandonaron sus puestos para evitar ser investigados y, también, se develó que 250 médicos colombianos que habían emitido licencias falsas –igual que en el caso de la Dra. Cordero– huyeron del país.

Y el fraude también arrastró a dos amigos cercanos al Presidente Boric, uno en Magallanes y otro en la Subsecretaría de Telecomunicaciones, así como a las hermanas de Manuel Monsalve y del exfiscal Gajardo. Pero molesta que el único alcalde involucrado en el fraude, Eduardo Espinoza (Macul), del Partido Republicano, no haya dado un paso al costado.

El jefe comunal de Macul viajó a Arica a dirigir un partido de fútbol para luego visitar Tacna. Espinoza señaló que su médico le había “aconsejado” el periplo, argumento tan absurdo como infantil. Pero más allá de las excusas, no es posible que se les haya pedido la renuncia a funcionarios de rango intermedio y que quien debería predicar con el ejemplo continúe como si nada en el puesto. Claro, el hilo se corta siempre por lo más delgado.

Sin embargo, y pese al ambiente de tensión que se vive en distintas reparticiones públicas y municipios –incluidas las FF.AA. y Carabineros, que vendrán en próximo reporte de la Contraloría General de la República–, ha molestado en la ciudadanía que el Parlamento no estuviera incorporado en esta ingeniosa y exhaustiva investigación liderada por Dorothy Pérez, más aún con la dura condena realizada por parlamentarios a los involucrados en el Ejecutivo y las municipalidades.

La Constitución consagra la autonomía de los poderes del Estado, de ahí que la Ley 10.336, que regula el funcionamiento de la Contraloría General de la República, limita las facultades de este órgano fiscalizador, excluyendo a esos poderes. 

Pese a lo anterior, y considerando la gravedad del problema, tanto el Parlamento como el Poder Judicial deberían haber actuado con celeridad y ponerse plazos cortos para entregar los resultados de sus propias investigaciones internas. Según la última encuesta CEP, el Congreso es la institución con menor credibilidad del país y las sospechas respecto del comportamiento de sus integrantes van en aumento.

Diputados que no asisten a su trabajo, las faltas de quorum en las votaciones, la “semana distrital” que nadie fiscaliza, así como los múltiples viajes al extranjero de sus integrantes –en 2024 hubo en la Cámara 122 permisos… de un total de 155 diputados–, obligan a transparentar el tema de las licencias. 

No es posible que el presidente del Senado, Manuel José Ossandón, le haya dado un plazo perentorio de 30 días a Gabriel Boric para informar del resultado de los sumarios, mientras la Cámara Alta no transparenta “cómo estamos por casa”. Podría apostar a que, el día en que se conozca el tema de las licencias en el Parlamento, se producirá un terremoto político. Por lo mismo, ojalá que tanto la Cámara de Diputadas y Diputados como el Senado realicen una investigación con un organismo externo –podrían tomar la metodología usada por la Contraloría– y que entreguen los resultados en un plazo breve. Tal vez 30 días, como le exigió Ossandón al Presidente de la República