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Nueva Ley de Notarías: un portazo en la cara a la digitalización
Si queremos una institucionalidad eficiente, inclusiva y preparada para enfrentar los desafíos del siglo XXI, la tecnología debe ponerse al servicio de la fe pública. La digitalización no es una amenaza, sino una herramienta.
En plena era digital, cuando todos celebramos los avances de la tecnología y su impacto en la productividad, la reciente aprobación de la Ley de Notarías golpea duramente a quienes impulsan la digitalización y, por cierto, la modernización del Estado.
Luego de años de tramitación legislativa, en el Congreso le cerraron la puerta en la cara a la firma de escrituras públicas de forma electrónica, al optar por excluir el uso de firma electrónica avanzada para mantener la obligación de firmar estos documentos a punta de pluma y papel.
La decisión no solo contradice la promesa de modernización –que planteaba un notariado más ágil, transparente y cercano– sino que además restringe el avance tecnológico, poniéndole freno a la eficiencia que exigen los tiempos que corren.
¿Qué significa esto en la práctica? Que para realizar trámites como la constitución de una sociedad, la compraventa de un inmueble o el otorgamiento de un poder general notarial, las personas tendrán que seguir yendo físicamente a una notaría, con todas las barreras que ello conlleva.
Para las startups que impulsan el uso de la firma electrónica, parece un sinsentido, considerando los avances en herramientas de validación de identidad, trazabilidad digital y generación de documentos con plena validez jurídica.
Eliminar la oportunidad de mejorar la experiencia de miles de personas que requieren servicios notariales es dar un paso atrás como país, pero también es profundizar la brecha digital y desincentivar la inversión de empresas de base tecnológica que apostaban por un Estado más moderno.
Lo más paradójico es que muchos notarios estaban alineados con los avances. Sin embargo, aún hay espacio para el debate. Al menos vale la pena considerar que algunas escrituras sean digitales, siempre con altos estándares de seguridad y certificación.
Si queremos una institucionalidad eficiente, inclusiva y preparada para enfrentar los desafíos del siglo XXI, la tecnología debe ponerse al servicio de la fe pública. La digitalización no es una amenaza, sino una herramienta. Así la vemos todos los actores del ecosistema que seguimos empujando la modernización del país.
- El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.
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