La sheriff Dorothy Pérez: ¿de heroína a villana para el mundo político?

“Evelyn Matthei es una especie de Dorothy Pérez en la política”. La frase –temeraria, por cierto– corresponde a Guillermo Ramírez, presidente del partido al que pertenece la candidata presidencial de Chile Vamos y fue pronunciada solo unos días antes de que la Contraloría General de la República (CGR) anunciara que tenía en la lupa a la AMZO (Asociación de Municipalidades de la Zona Oriente), exigiendo que los municipios de Vitacura y Las Condes aclararan millonarias subvenciones entregadas entre 2019 y 2021.

De paso, la CGR recordó que estaba investigando a la Municipalidad de Lo Barnechea. ¿Qué tienen en común estas tres comunas? Que han estado históricamente en manos de la derecha, más específicamente de Chile Vamos. De ahí lo audaz de la declaración del diputado Ramírez. Es cierto que la frase fue pronunciada en el fragor de la campaña de la exalcaldesa, no obstante, nuestra clase política no aprende de su propia historia. Es el país amnésico.

Tanto en Las Condes como Lo Barnechea, la CGR investiga los más de $14 mil millones transferidos por dichos municipios, solo en los últimos 3 años, a entidades privadas de seguridad que no son fiscalizadas. Recordemos también que en Vitacura Raúl Torrealba es investigado por la Fiscalía de Alta Complejidad Metropolitana Oriente por recibir millonarias sumas de dinero en efectivo por medio de los programas Vita, uno de los orgullos que lucía el exalcalde de RN hasta antes de caer en el Anexo Penitenciario Capitán Yaber.

El mundo político, en particular la derecha, partió aplaudiendo a rabiar a la contralora general, Dorothy Pérez, cuando lanzó la primera bomba de las licencias en el sector público. Funcional al discurso de la tríada Makaka –Matthei, Kaiser, Kast– de achicar el Estado, el anuncio de las 25 mil personas que estafaron a Chile se convirtió durante una semana en tema de campaña.

Además, a los pocos días, se sumó la investigación que la CGR estaba realizando al gobernador Claudio Orrego, con lo que la derecha no podía sobarse más las manos. Era un regalo caído del cielo, justo en momentos en que en el oficialismo comenzaban a gozar de mayores espacios en la prensa, debido a que son los únicos que realizarán primarias.

La centroizquierda se notó algo incómoda con el tema en un principio, de seguro porque interpretó que el Exocet lanzado desde la CGR apuntaba al corazón de sus cuadros en el Estado, aunque después respiró al enterarse de que la mayoría de los casos correspondía a funcionarios municipales y solo un 10% a personas colocadas en distintos organismos durante este Gobierno.

Y mientras Dorothy Pérez comenzaba a convertirse en la nueva sheriff del pueblo para la ciudanía, y el mundo político intentaba capitalizar para sus intereses la actuación de la contralora –incluida la desafortunada analogía de Dorothy Matthei–, la CGR lanzaba una segunda bomba, esta vez, apuntando a una cantidad importante de municipios gobernados de manera transversal de izquierda a derecha. En paralelo, venía una fuerte oleada de renuncias de funcionarios intermedios, a los que se sumaban exministros, asesores y familiares de políticos, como la señora de un diputado de Renovación Nacional.

A la sonrisa y los aplausos iniciales de la clase política chilena les siguieron la inquietud y el silencio. En Chile Vamos, Guillermo Ramírez dejó de comparar a Matthei con Dorothy Pérez; en La Moneda iniciaron investigaciones internas para no sorprenderse con nuevos casos; y los alcaldes encendieron las alarmas ante la fuerte asonada de la CGR: 32 municipios investigados por mal uso de recursos en período electoral en 2024.

Además, el ente fiscalizador informó que 342 municipalidades –de un total de 345 que existen en el país– no contaban con un plan vigente de seguridad, al que están obligadas por ley, lo que se sumó a la investigación por mal uso de 1.400 millones de pesos en Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea. Por algo ha llamado la atención que ni la Asociación de Municipalidades, ni ningún jefe comunal haya exigido la renuncia del alcalde de Macul, el republicano Eduardo Espinoza, pese a que se comprobó que viajó a Arica a dirigir un partido de fútbol y luego hizo el tour gastronómico a Tacna estando con licencia. Por lo visto, entre los alcaldes hay demasiada ropa tendida.

Y si bien la Contraloría General de la Republica no tiene facultades para fiscalizar a los poderes Legislativo y Judicial, el efecto causado por la sheriff Dorothy Pérez se extendió con rapidez a todo tipo de instituciones, generando una sospecha generalizada de todos los que se desempeñan en el Estado. La PDI confesó que identificó a diez funcionarios que habían usado el sistema de salir de vacaciones al extranjero con licencia; el Ministerio Público informó de 42 casos, incluidos 10 fiscales. La indignación ciudadana fue creciendo de tal forma que el Parlamento se vio obligado a pronunciarse. Claro que el Senado optó por cortar el hilo por lo más delgado: hará el cruce de información… pero de los funcionarios, excluyendo a los senadores. Obvio.

La Cámara, en cambio, trató de dar una señal más contundente. Su presidente anunció una investigación interna, pronunciando esa frase política que en estas semanas ha sonado como una paradoja y carecido de contenido: “Caiga quien caiga”, prometiendo que en un tiempo breve anunciaría los resultados, aunque no se casó con fecha. Pero el periodismo investigativo fue más rápido y publicó que dos parlamentarias, una del PC y otra de RN, habían viajado el extranjero gozando de licencia.

Y como suele ocurrir en este país, a partir de una investigación de un medio y la sensibilidad pública asociada a un escándalo, se destapó una práctica que ha unido desde los republicanos hasta el PC. Los parlamentarios chilenos ni siquiera necesitan de una licencia falsa para no asistir a las sesiones o irse de vacaciones durante la semana distrital. No está regulado. Y, claro, el primer mencionado por un medio fue el propio presidente de la Corporación, quien viajó a Estados Unidos cuando le correspondía estar trabajando en su distrito en Antofagasta.

Basta ver las votaciones que se caen por falta de quorum, o los diputados y senadores que recorren el país haciendo campaña, aquellos que entran por menos de un minuto a Sala para firmar y luego se retiran –Joaquín Lavín fue grabado por Chilevisión durante varias sesiones–, sin contar que viajan a todo tipo de eventos al extranjero, la mayoría intrascendentes. Solo en 2024, la Cámara otorgó 122 permisos para viajes internacionales, entre los 155 parlamentarios que la componen.

Aunque el “caiga quien caiga” de José Miguel Castro difícilmente se traduzca en algo concreto en la Cámara de Diputadas y Diputados, al menos visibilizó un privilegio que el 99,9% de los trabajadores chilenos no tenemos. Es decir, poder faltar al trabajo sin consecuencias de ningún tipo. Sin duda, la sonrisa inicial que generó Dorothy Pérez en algunos políticos chilenos –de todos los colores– ya terminó por desdibujarse.

La bola de nieve terminó por abrir un forado mayor entre alcaldes, diputados y senadores, por lo que no sería raro que, en un tiempo más, alguien esté pidiendo la destitución de Pérez o negándole recursos a la CRG cuando se discuta el Presupuesto de la Nación. Después de todo, en el país amnésico, pasar de heroína a villana –o viceversa– no cuesta nada.

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