“El Puente”, un documento bienvenido en el debate público

Se conoce la premura y a veces el oportunismo con que se elaboran los programas electorales. Se añade de prisa en un rincón del escritorio la propuesta que se dirige a tal parte del electorado del que se teme que se dé la espalda.

Es tal vez un mal inevitable de nuestras democracias. Pero, puede ser controlado si preexisten conjuntos coherentes de ideas en torno a los cuales el debate público pueda organizarse antes de la elección. Porque sirven a los futuros electos en sus esfuerzos programáticos y los obligan al mismo tiempo.

Es necesario, pues, saludar el esfuerzo, extendido durante un año y medio, que ha hecho un grupo de economistas para construir un plan. Con el tema unificador del estancamiento chileno: ¿cómo sacar al país del pantano de un crecimiento mediocre y hacerlo pasar al 4%? Su nombre, “El Puente”, refleja la intención consensuada. De hecho, algunas propuestas lo consiguen.

“¡No hay aquí otra cosa que un nuevo Ladrillo!”, dicen ya con desprecio algunos críticos bajo la constatación de que los autores se posicionan masivamente del lado “mercado” en el eterno eje “mercado/Estado” de los debates políticos.

¿Ladrillo? ¿Y por qué no? Aquí, la crítica se vuelve más bien contra la izquierda. ¿Por qué no existe tal documento promoviendo de manera sintética otras ideas? Un Ladrillo de izquierda, en cierto modo. La sempiterna crítica de la desviación neoliberal calienta el corazón de quien la emite, pero no ayuda si no se acompaña de un trabajo de concepción alternativa adaptado al Chile de hoy.

Me limito aquí, por falta de espacio, a tres temas más divisivos.

¿Y si el estancamiento no fuera más que el retorno a la normalidad?

A menudo se está incómodo al leer análisis sobre el estancamiento actual. Son muy prolijos sobre sus causas, pero nunca inician por un examen crítico del período de vivo crecimiento que lo precedió.

Al hacer esto, se olvida el carácter muy específico, casi anormal, de esos años dorados, esto en el marco de instituciones que eran y siguen siendo sólidas, notablemente en la gestión de la renta del cobre.

Alrededor de 1995-2005 se produjo la afortunada convergencia de un dividendo demográfico favorable y una masiva inversión pública y extranjera, para poner de pie todas las actividades llamadas de servicios públicos (utilities) en el sentido amplio. Disponer de servicios de energía, de comunicación, de agua, financieros, etc. que funcionan y que siguen los mejores estándares es un poderoso factor de crecimiento, a la vez por la estimulación de la demanda y por las ganancias de productividad. Pero estas ganancias no son replicables al infinito. Una vez en su lugar, ya no justifican inversiones complementarias importantes.

De hecho, hay que constatar que la fuerte ola de inversiones no ha engendrado más que moderadamente un proceso endógeno y autosostenido de crecimiento en otros sectores. El capital invertido en los servicios públicos, mayoritariamente extranjero, busca áreas donde puede reinvertir sus dividendos y las estadísticas muestran que regresan en gran medida al extranjero.

Quedan por supuesto oportunidades, notablemente en el sector agrícola y energético. Pero los polos manufacturero y de servicios exportables siguen siendo, por razones comprensibles, muy difíciles de promover. Les falta la integración regional propia para dar el tamaño crítico y amarrarse a una dinámica económica exterior, como han podido hacerlo países como Polonia, Portugal o Corea enganchados a poderosas zonas económicas. Falta la integración a cadenas de valor internacionales que permiten, en contacto con la competencia extranjera, construir sus ventajas productivos y ofrecer empleos de alto valor añadido.

Se ve pues la amplitud del desafío. Es un nuevo paradigma de crecimiento lo que conviene encontrar. “El Puente” señala justamente el lugar estratégico de la educación y de la organización estatal para este objetivo. Pero, se pierde a menudo en medidas secundarias. Bajar por ejemplo el impuesto de las empresas del 27% al 23,8% (promedio OCDE) no está a la altura del desafío, aunque figura en cabeza de las recomendaciones.

Un Ladrillo de izquierda pondría más en evidencia el rol indispensable de la inversión pública para reactivar el proceso, en particular para promover ciertos grandes proyectos industriales y financiar venture capital.

Reformar la indemnización por años de servicio (IAS)

El Plan insiste en abandonar la IAS (que prevé una indemnización de un mes de salario por año trabajado en caso de despido, esto con tope). Su nivel se considera alto, bloquea la creación de empleo y aumenta la rotación del personal, notablemente por despidos preventivos el 12 mes de empleo para evitar la indemnización.

He aquí una medida que presenta un cierto apoyo largo, ya que la candidata Tohá retoma el principio en su programa de campaña.

Se recoge la idea de “flexiguridad” promovida activamente en Dinamarca, que consiste en proteger al trabajador más que al empleo. Allá no se indemniza al asalariado en caso de despido, sino que se le ofrece un apoyo financiero fuerte después (dos años de indemnización al 90% del salario).

Por lo tanto, El Puente prevé una indemnización, con un alza de 1,8 puntos de la cotización al fondo de cesantía individual, hoy en 1,6 puntos.

La idea tuvo su momento de entusiasmo en Europa antes de decaer algo. Se pudo observar que el sistema resistía mal en caso de crisis coyuntural fuerte, pues las empresas ajustan demasiado precipitadamente sus efectivos. Se notó también una falta de inversión en la formación continua vinculada a una mayor rotación de los efectivos.

Además, la compensación que el Plan ofrece a los trabajadores (el 1,8 puntos) no está a la altura de lo que pierden por el abandono de la IAS: 60% del salario anual neto para la persona con 10 años de cotización (cálculos del autor). Un pobre argumento de venta.

Alemania es reservada sobre esta opción. La IAS en ella es de medio mes de salario y no de un mes como en Chile. Hay probablemente un lugar de compromiso aquí. Hay que ver también que la flexiguridad se opera en Dinamarca en un contexto sindical muy diferente pues numerosas consultas tienen lugar antes de que intervenga un despido.

Un Puente de izquierda propondría como objetivo prioritario una mejora de las relaciones sociales dentro de las empresas, con instituciones de participación de los asalariados, mucho menos pesadez legal y un balance idóneo entre protección antes y después del despido.

Insistiría también en basar el seguro de desempleo sobre el fondo de cesantía colectivo y no sobre este actual mecanismo de ahorro forzado individual. Nos protegemos mejor de los riesgos por soluciones colectivas, como lo hacen todos los aseguradores.

El subsidio a salarios bajos formales

El Plan afirma que el bienestar social es indisociable del crecimiento económico. Para cumplir con esta proclama, propone un “INI Laboral”, un subsidio a bajos salarios en el sector formal. Su monto mensual será de hasta $80.000, destinado a trabajadores con ingresos brutos inferiores a $600.000.

El lector sabe mal lo que la propuesta busca: reducir el trabajo informal, aumentar el poder adquisitivo, reemplazar un gran número de ayudas sociales o permitir ampliar la base del impuesto sobre las personas hacia los tramos más bajos de ingresos. Un instrumento para cuatro objetivos, eso es mucho. Su efecto es muy diluido porque no se concentra a las solas personas que pasan durablemente del trabajo informal al formal.

Además, el monto parece bajo puesto ya que un empleo al salario mínimo estaría ya en la parte declinante de la ayuda. La propuesta análoga hecha por Ignacio Briones  y sus colegas de Horizonte apuntaba más alto, con la dificultad que, a un nivel más alto, habría tentación del empleador de aprovechar el subsidio para bajar el salario.

Sobre todo, persigue la idea de que si ayuda hay, esta debe siempre venir de un apoyo monetario del Estado. No se toma en cuenta que la solidaridad y la reducción de riesgo pueden estar inscritas en las instituciones mismas del Estado de bienestar sin pasar necesariamente por una transferencia monetaria específica.

La política social no tiene que funcionar sola así. Si Dinamarca impone más riesgo al trabajador ante el desempleo, es porque también se beneficia de salud y educación gratuitas. Hay que ver lo que significa una salud gratuita y financiada por un pagador único, sin el sistema dualista actual: la gente consume según su estado de salud, pero financia según su ingreso. El impacto redistributivo es mayor y sobre todo “silencioso” porque la población acepta fácilmente el principio.

Es pues, otra visión de la acción social y económica del Estado la que promovería un El Puente de izquierda si algunas buenas almas quisieran bien ponerse al trabajo. Agradecerían a los autores de El Puente actual por ponerlos en desafío. Y tal vez, edificar juntos un puente que abarque el arco político más ampliamente.