Una Contraloría para la buena gobernanza

Las recientes noticias por la detección de irregularidades en las listas de espera que privilegió la atención de familiares de funcionarios del sistema de salud, así como el uso irregular de licencias médicas, donde más de 25 mil funcionarios públicos, entre los años 2023 y 2024, viajaron al extranjero mientras gozaban de ellas, ha reactivado la discusión sobre las actuales atribuciones de la Contraloría General de la República (CGR) y la necesidad de impulsar una serie de reformas normativas que propendan a su fortalecimiento institucional.

En la especie, la contralora Dorothy Pérez ha demostrado a poco andar de haber asumido el cargo en calidad de titular, que la General de la República no es un ente decorativo, sino que desempeña una esencial labor, eminentemente fiscalizadora, de carácter jurídico, contable y financiero, y que tiene sobre sus hombros la importante tarea de cautelar el principio de legalidad, es decir, verificar que las instituciones públicas actúen dentro del ámbito de sus atribuciones, respetando los procedimientos legales y utilizando eficiente y eficazmente los recursos públicos.

Valga señalar que, en el marco de su labor, la CGR realiza cinco valiosas e importantes funciones: la fiscalización de recursos y deberes públicos; la toma de razón; la potestad dictaminante; la emisión de normas contables; y el juzgamiento de cuentas, atribuciones que en definitiva posibilitan un adecuado control de la juridicidad de los actos administrativos, el resguardo del principio de probidad, una buena administración y el correcto uso de los recursos públicos.

Ahora bien, ¿son suficientes las actuales atribuciones con que cuenta el órgano contralor?

Por supuesto que no.

No es discutido que existen vacíos legales que dificultan el rol de la Contraloría en la fiscalización del aparato estatal, lo cual le impide actuar con mayor eficacia frente a casos de corrupción y negligencia en la función pública.

A este respecto, es clave consagrar normativamente que la renuncia de un funcionario no debería extinguir su responsabilidad administrativa ante posibles irregularidades cometidas durante su gestión. Además, resulta cardinal dotar a la CGR de facultades para aplicar directamente las sanciones en los sumarios que esta institución realiza, y para remitir los antecedentes o interponer la denuncia respectiva ante el Tribunal Electoral Regional, en el caso de que se propongan sanciones contra alcaldes(as) o gobernadores(as) regionales, previo sumario administrativo.

A mayor extensión, resulta imperioso entregar mayores atribuciones a la entidad contralora, a fin de que pueda requerir bases de datos o solicitar cartolas de bancos y antecedentes financieros de entidades bajo su supervisión, fortaleciendo de esta forma su rol fiscalizador.

En la misma línea, la contralora Dorothy Pérez, hace pocos días, formalizó ante el Senado una solicitud concreta: que se tramite un proyecto de ley que permita a la entidad que dirige contar con mayores herramientas para fiscalizar y sancionar.

Aparece de manifiesto la pertinencia y la necesidad de aprobar una “ley corta” que priorice atribuciones ampliadas para la Contraloría, así como reformas a la Ley de Bancos y a la Ley de Municipalidades, para robustecer su vital accionar; siendo muy probable que, de haber tenido estas facultades, se hubiesen podido prevenir casos de corrupción y de defraudación del erario fiscal que hoy nos impactan como sociedad.

Todas las organizaciones están expuestas al riesgo de la corrupción, en tanto el trabajo que lleva adelante la Contraloría resulta capital para prevenir, detectar y sancionar aquellos casos en que se viola la fe pública. Por ello, fortalecer el trabajo de la Contraloría es una inversión que no solo apoya el correcto proceso de toma de decisiones de los poderes del Estado y sus órganos, sino además resguarda el principio de probidad y el correcto uso de los recursos públicos.

Chile, al igual que otros países, experimenta una severa crisis de confianza ciudadana en sus instituciones públicas, y es positivo para nuestro Estado y su administración pública que la Contraloría General de la República incomode con su accionar y tenga dientes y garras más fuertes para fiscalizar al aparato público y proteger el patrimonio fiscal. Por ello, asumir este desafío implica no solo responsabilidad política, y apego al Estado de Derecho y a la democracia, sino además visión de Estado, que es lo que espera y reclama la ciudadanía.