La “varita mágica” del SII para generar “ricos” en Chile

La reciente renuncia del exdirector del Servicio de Impuestos Internos Javier Etcheberry por no pago de las contribuciones (impuesto territorial) de su parcela de agrado en Paine durante 9 años, provocó indignación pública debido al aumento meteórico de las mismas sobre la vivienda en Chile durante los últimos 20 años. Al parecer su renuncia  al cargo es solo la punta del iceberg de un conflicto social de inmensa envergadura, del cual todavía no se tiene plena conciencia en al ámbito político.  

El Gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, con el acuerdo de la derecha, reformó en 1998 la ley de “impuesto territorial” 17.235. El corazón de esa ley permitió la imposición de impuestos sobre la vivienda en base a un reavalúo fiscal de los roles habitacionales por parte del SII que se aplicó solamente al 23,2% de los propietarios, mientras que el 76,8% quedó exento de cualquier impuesto, incluyendo la liberación por pago de retiro municipal de basura.

El tope del valor de vivienda exenta de contribuciones se fijó en 47 millones de pesos en 2022. Este valor tope aumenta automáticamente tras cada reavalúo. La Ley 17.235 es el pilar económico para la mantención de las municipalidades en Chile: 40% para las comunas donde se encuentran los bienes raíces afectos y 60% para el Fondo Común Municipal que distribuye el dinero a las comunas restantes.

El proceso de reavalúo  fiscal de las viviendas en 2022 ilustra con precisión cómo 1.277.575 propietarios chilenos (23,2% de los roles habitacionales) pasaron a ser de la noche a la mañana “ricos” contra toda lógica de medición oficial de la pobreza o la riqueza en Chile. Según Mideplan, solo el 6% de los chilenos es “pobre” y,  según el World Inequality Record en 2022, solamente el 1% de la población concentra casi el 50% de la riqueza nacional. Según el banco suizo Credit Suisse, especializado en gestión de patrimonios, actualmente en Chile hay un total de 64 mil personas  con una fortuna superior al millón de dólares.

Es justamente en este contexto donde se discute la posible introducción de un “impuesto a la riqueza” que, según la candidata de la centroizquierda Jeannette Jara, afectaría exactamente a 1.200 personas. Si esto es así, ¿de dónde salen estos nuevos “ricos” afectos a contribuciones? Es muy fácil: el SII se permite hacer sus propias  y particulares mediciones, clasificando de “ricas” a las personas de clase media y estigmatizándolas como egoístas por criticar el alza de las contribuciones muy por sobre la inflación y el aumento de los salarios. En los tiempos que corren, tener un bien raíz avaluado por el fisco en 200 millones de pesos convierte a su propietario para siempre en “rico”. 

Para comprender este proceso conviene recordar que en 2022 el SII tomó la totalidad de los roles habitacionales existentes en Chile, que eran 5.506.790 unidades habitacionales, y les aplicó las nuevas “tarifas”. De este total, 4.229.215 viviendas quedaron exentas de contribuciones y el resto, es decir , 1.277.575, quedaron afectas a pagar por sus viviendas, aunque se tratara de su primera y única propiedad.

Los expertos tributarios coinciden en que los mecanismos de cálculo del avalúo fiscal son una verdadera “caja negra”. La mayor contradicción consiste en que en Chile ninguna vivienda afecta a contribuciones pierde valor por antigüedad, estado de la propiedad, o ubicación, porque el único criterio válido para el Estado es su potencial valor en el mercado inmobiliario y el aumento del valor por “dotación urbana” (cercanía al metro, hospitales, supermercados), como si todos los contribuyentes quisieran vender las casas donde viven ellos mismos.

A modo de ilustración, por ejemplo, si un departamento de 90 metros cuadrados en un edificio antiguo de Providencia pagaba cuotas trimestrales de contribuciones de cerca de 53 mil pesos en 2008, ahora en junio de 2025 paga casi 254 mil pesos por una sola cuota. Esto significa un aumento de 381% de las contribuciones durante los últimos 17 años (en promedio un aumento de casi 10% anual). Si esto no es abuso, entonces todo vale. Lo “mágico” es cómo el Estado de Chile genera los “ricos”.

Según La Tercera, la Tesorería General de la República había recaudado por concepto de las tres primeras cuotas de contribuciones hasta septiembre de 2024 la suma total de 1.874.342 millones de pesos (cerca de 2 mil millones de dólares), lo que implicó un incremento de 11.6% en relación con lo que había recaudado en 2023. 

En relación con 2022, cuando se recaudaron 1,9 billones de pesos (millones de millones), el aumento  anual del cobro en contribuciones había sido de 16.6%. De esta manera, el Estado maneja inmensas y crecientes sumas de dinero sin ninguna posibilidad para el contribuyente de exigir rendición de cuentas: ni ante tribunales ni ante la propia máquina burocrática del SII. Se paga a todo evento.

Si se mira la situación de las comunas “pobres”, tampoco sus habitantes ven mejorías en su entorno: calles rotas, rayadas, dotación habitacional en pésimo estado, comercio ambulante, parques abandonados y tomados por drogadictos, inseguridad ciudadana, mala iluminación y basurales ilegales por doquier. Basta recorrer las comunas de Valparaíso y Viña del Mar para comprobar esta dramática situación que lo único que provoca es una verdadera impotencia colectiva.

Esta política de cobro con perseguidora solo al patrimonio de la clase media no resiste ninguna prueba de racionalidad ni política ni social. Socaba la confianza de los ciudadanos en el Estado por su alta ineficacia en términos de bienestar social y económicamente, porque desincentiva el esfuerzo por ahorrar para una vivienda mejor. Nadie en su sano juicio podrá pensar que los viejos de las comunas así consideradas “ricas” se hacen con la edad cada vez más millonarios solo por efecto de la “varita mágica” del reavalúo fiscal. Hay viejos que deben salir a trabajar para evitar el embargo de sus casas y pagarle al Estado las galopantes contribuciones. 

Ante esta escandalosa mentalidad de “blanco o negro”, ningún líder de la clase política se pregunta la cuestión fundamental: ¿por qué se libera a un 76.8% de los propietarios de viviendas más baratas de cualquier obligación tributaria, urbana o social, por mínima que sea? ¿Y cuáles son los motivos para gravar por ley al 23,2% restante con la mantención de la totalidad del parque habitacional del país y sus infraestructuras, liberando al Estado y a las propias comunas para asumir sus responsabilidades? ¿Acaso no es posible cobrar contribuciones a todos los propietarios según sus reales entradas económicas y no sobre avalúos fiscales espurios?

O bien: ¿cómo Chile no es capaz de eximir al menos a los viejos de los impuestos a la primera vivienda automáticamente? Al parecer es mucho más fácil y conveniente electoralmente gravar a la clase media presentándolos como “ricos”, para crear una falsa imagen de  solidaridad fiscal sin tomar medidas reales para desconcentrar la riqueza en Chile. 

Contrasta la alta eficacia y firmeza del Estado para aumentar la recaudación fiscal de las contribuciones con la opaca e ineficiente administración de estos recursos. Se trata de una verdadera “caja de Pandora” para la democracia, pues, en vez de tener un efecto “redistributivo”, se centra en gravar sin contemplaciones a la clase media al más puro y duro estilo de las monarquías medievales.

La mezquina política de exención del impuesto territorial tampoco resuelve el problema de fondo, que es garantizar justicia tributaria según riqueza “real” y no “por decreto”. Es imprescindible agudizar la capacidad de percibir la compleja realidad de los propietarios de bienes raíces en Chile con el debido sentido de las proporciones, si no se corre el riesgo de que el tema de las contribuciones se transforme en un mero botín electoral para que todo quede igual.