Auditar la sostenibilidad: la reforma fiscal que Chile no ve

Chile quiere liderar la transición hacia una economía sostenible. En discursos, en regulaciones, incluso en la Estrategia Nacional del Litio, se repite la idea de que “ser verde” traerá más inversión y progreso. Pero hay un punto que suele quedar fuera de la conversación: ¿cómo sabemos si lo que se reporta sobre sostenibilidad es verdad?

Hoy, las empresas chilenas están obligadas a publicar información sobre sus prácticas ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) gracias a la Norma de Carácter General 461. Desde 2026, deberán además cumplir los estándares internacionales IFRS S1 y S2, que exigen más detalle y uniformidad. Hasta ahí, el avance es enorme.

El problema es que nadie está obligado a auditar esos datos. Es como entregar un balance financiero sin que lo revise un auditor externo. Mientras tanto, el mercado observa. Y pone precio a la confianza.

Chile paga actualmente un riesgo país, la llamada prima que exigen los inversionistas para prestarle dinero de 118 puntos básicos. Está mejor que Perú, pero sigue más caro que Uruguay. Cada punto extra significa millones de dólares al año en intereses que terminan saliendo de los impuestos que pagamos todos.

Aquí está la conexión que pocos ven: varios estudios internacionales han demostrado que cuando los datos ESG son auditados con rigor, los inversionistas cobran menos por prestar dinero. Un estudio sobre más de 4 mil reportes empresariales revela que las empresas que verifican sus informes de sostenibilidad pueden reducir sus costos de financiamiento en hasta 0,6 puntos porcentuales en mercados de deuda, y entre 0,23 y 0,32 en capital propio.

No es menor: en enero, Chile salió al mercado internacional y colocó un bono sustentable por US$ 2.500 millones. Al principio, se esperaba que pagara una tasa de 1,375% sobre los bonos del Tesoro de Estados Unidos, pero terminó consiguiéndola en 1,05% gracias al alto interés de los inversionistas. Esa diferencia significa millones de dólares de ahorro en intereses para el país. Por lo tanto, si la confianza en la información sostenible sigue creciendo, esos márgenes podrían reducirse aún más.

En otras palabras: auditar la sostenibilidad es mucho más que un ejercicio reputacional; es una herramienta para pagar menos intereses y tener más recursos para salud, seguridad o infraestructura.

Aquí entra la gran disyuntiva que hoy discuten reguladores y empresas en todo el mundo. La norma internacional ISSA 5000, aprobada este año, distingue dos tipos de auditoría para la sostenibilidad:

• Limited assurance: un nivel moderado de revisión. El auditor dice que “no encontró nada extraño”, pero sin asegurarlo del todo.
• Reasonable assurance: una revisión mayor, casi al mismo nivel que la auditoría financiera. El auditor firma positivamente que la información es fiable en todos sus aspectos materiales.

La Unión Europea, por ahora, exige solo el nivel limitado, pero planea avanzar al razonable hacia 2028. Sudáfrica, pionera en reportes integrados, alcanza cerca del 80% de empresas que obtienen algún tipo de aseguramiento externo sobre sus datos ESG.

Esta debería ser la próxima gran discusión política. Las fuerzas de centroderecha, que históricamente han vinculado la disciplina fiscal con la confianza de los mercados, están en posición privilegiada para liderar este debate. No se trata solo de transparencia ética, sino de una herramienta concreta para pagar menos intereses por la deuda pública, sin subir impuestos ni recortar programas sociales.

En un escenario de estrechez fiscal, reducir la prima de riesgo es, en esencia, una reforma fiscal silenciosa, y quien la impulse podría marcar la diferencia en la próxima elección presidencial. ¿Cuánto costaría? Quizás mucho menos que cualquier programa de subsidios. Y con retornos directos en confianza, acceso a capital y reputación internacional.

Seguir con auditorías limitadas o, peor, sin auditoría, es correr el riesgo de pagar más intereses y exponerse a demandas por greenwashing, sobre todo después de la aprobación de la Ley 21.595, que endureció las sanciones por información falsa en materias económicas y ambientales.

Chile tiene en sus manos convertir la verificación de la sostenibilidad en una palanca de ahorro fiscal. Es el tipo de reforma inteligente y de bajo costo que atrae inversión y fortalece nuestra posición internacional.

¿Elegiremos el seguro barato que deja dudas, o la auditoría profunda que paga sola? Esa es la verdadera decisión que la centroderecha, y cualquiera que aspire a gobernar, debería poner sobre la mesa.