Programas de gobierno y la seguridad

Estas últimas semanas se han conocido las propuestas de programa de gobierno de algunas candidaturas presidenciales. Considerando que quedan menos de tres meses para las elecciones –al menos para la primera vuelta presidencial–, resulta necesario revisar qué plantean los distintos postulantes a La Moneda. AthenaLab hizo un recorrido en las propuestas programáticas (revisar aquí) relacionadas con materias de seguridad nacional, política exterior, defensa, seguridad pública e inteligencia, de los tres candidatos que hoy, de acuerdo con las encuestas disponibles, están con mayores posibilidades de pasar al balotaje: Jeannette Jara, José Antonio Kast y Evelyn Matthei.

Sin entrar en detalles de cada documento, es posible identificar algunas ideas que es necesario destacar. Primero, hay una clara orientación a dar énfasis a medidas para enfrentar el crimen organizado, lo que es muy valorable, considerando que constituye la principal preocupación de los chilenos. En este sentido, todos coinciden en identificar este problema como el asunto de mayor urgencia y prioridad, además de relacionar la seguridad con el desarrollo del país, lo que resulta muy positivo.

También hay coincidencia en la preocupación por abordar la problemática fronteriza e implementar planes de seguridad para gestionar la migración irregular, evidenciando interés transversal por reforzar el rol de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) en este ámbito. También las propuestas convergen en la necesidad de mejorar la infraestructura carcelaria de acuerdo con la crisis que vive el país, enfatizando la necesidad de ampliación de la infraestructura para absorber la sobrepoblación y permitir una clasificación adecuada de los reclusos.

En el ámbito de la seguridad interior, la recuperación del espacio público también es mencionada como prioridad en las tres candidaturas, lo que va en la dirección correcta. No obstante, el foco de las intervenciones es diferente.

Mientras Jara enfatiza la actuación de las policías para enfrentar el delito en flagrancia (mediante unidades especializadas), así como intervenciones estatales de servicios públicos para mayor presencia del Estado, Kast destaca la rápida recuperación de espacios convertidos en campamentos y la necesidad de recuperar calles y plazas mediante un plan de comercio ilícito. En el caso de Matthei, se da relevancia a la importancia de la tecnología para este fin.

Preocupa el poco énfasis que se da –los tres candidatos– al problema de la corrupción, pues es sabido que el crimen organizado necesita al Estado para operar. Además, si bien las propuestas reconocen la importancia de la persecución del dinero para desbaratar el crimen organizado, las medidas están centradas en el fortalecimiento de instituciones como la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y congelamiento de recursos, sin centrase en el rol que jugarán las policías y del Ministerio Público como instituciones centrales en la persecución del delito.

Por otra parte, también en seguridad pública, se puede destacar que hay diferencias importantes en el rol que se asigna a la prevención y los programas que se busca implementar, así como el papel que se les asigna a privados y municipalidades en esta materia.

En cuanto a aspectos de seguridad nacional, política exterior y defensa, hay debilidad o ausencia de planteamientos concretos. A modo de ejemplo, un asunto omitido en las tres propuestas es una mirada global de la seguridad nacional y avanzar en el establecimiento de una institucionalidad capaz de sustentar, integrar y coordinar a todas las agencias e instituciones del Estado en este asunto.

En los distintos programas abunda la palabra “seguridad” y las medidas para hacer frente al crimen organizado desde una perspectiva policial, pero no se hacen cargo con una mirada global y sistémica de más largo plazo. Por otra parte, los tres textos convergen en reconocer la urgencia de crear un sistema de inteligencia nacional más moderno, integrado y eficaz. Sin embargo, no todos avanzan con la misma claridad en medidas que se dirijan en esa dirección, pues pareciera que no se entiende muy bien esta función esencial y su papel en la seguridad del Estado.

Respecto de la política exterior, llama la atención la ausencia de propuestas o medidas en un área tan relevante para el país, salvo una de las candidaturas, que plantea algunas ideas generales. En Defensa Nacional, solo dos postulantes a la Presidencia de Chile proponen medidas reales en la materia, lo que es importante, pero no se enfrentan asuntos urgentes y estratégicos clave –o se hace de manera parcial–, como son el Servicio Militar Obligatorio, la industria de defensa, la mantención de capacidades estratégicas y la interoperabilidad conjunta de las Fuerzas Armadas.

No obstante, cabe destacar la preocupación de uno de los programas por un asunto relevante y sensible como es la retención del talento en las instituciones de la Defensa.

Finalmente, lo que se evidencia es que, en general, las propuestas se concentran en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, lo que era esperable, pero olvidan que los problemas de seguridad pública, en particular, y de seguridad nacional, en general, van mucho más allá y son bastante más complejos.

Así, con los vacíos e indefiniciones advertidas, pareciera que se evitan algunos asuntos que deberían estar en el debate nacional y se observa una mirada más bien de corto plazo y no de manera global y estratégica. Lo anterior es fundamental para resolver la actual situación de seguridad del país y crucial para enfrentar amenazas que afectan la seguridad de los chilenos. Se entiende que estos documentos sean más bien declarativos, sin detalles específicos, pero se extrañan definiciones sobre objetivos, recursos y plazos algo más concretos.

La invitación es a informarse de la mejor forma y seguir con atención cómo se complementan estas propuestas en el tiempo, pues es posible pensar que hay mucho más detrás de estos documentos y los candidatos van a tener la oportunidad de explicarlos.