Educación, Presupuesto y gasto fiscal

En su último informe trimestral sobre la situación fiscal del país, el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) indicó que, para cumplir con la regla de balance estructural –que impide que nuestra deuda nacional llegue a niveles preocupantes–, el Gobierno debería tomar medidas adicionales de reducción de gasto y formular el Presupuesto para 2026 con recortes importantes. Ad portas de la tramitación del proyecto de ley de este último en el Congreso, quisiera señalar dos temas importantes que, en el área de educación, pueden ser determinantes para la trayectoria de la deuda pública en el futuro.

El primer elemento para considerar es la multitud de gastos permanentes en los que, desde el segundo Gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, ha incurrido el Estado. La gratuidad, por ejemplo, cuesta del orden de 2.500 millones de dólares anuales al fisco. A ella se suman grupos de políticas que son muy costosas, pero cuya efectividad ha sido cuestionada. Por ejemplo, la creación de oferta estatal de educación superior adicional en regiones.

Las reformas estructurales en educación comprometieron un gasto enorme y creciente que el Estado debe costear en un escenario de estrechez fiscal. El gasto asociado a la gratuidad ha aumentado año tras año, sin signos de desaceleración. Por otro lado, las diferencias por dependencia en los jardines Junji y VTF, en un nivel que requiere urgente inversión, siguen plenamente vigentes.

El segundo elemento por considerar corresponde a la tramitación del proyecto de ley que reorganiza el CAE y establece un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior, mejor conocido como FES. Este se trataría de un impuesto a los graduados, por un lado, que tiene como espejo un gasto constante del Estado en financiar los estudios de los beneficiarios –un sistema de reparto, donde los gastos son ciertos y los ingresos riesgosos–.

El gasto fiscal adicional podría llegar a ser equivalente al de la gratuidad, sin ingresos realmente ciertos y con un incentivo evidente a restarse para los individuos que esperan mayores ingresos. La diferencia entre lo que el Estado gaste en el FES y los egresados paguen al Estado será financiada con deuda fiscal. Dicha deuda será mayor cuanto más empeore la situación económica del país y los ingresos reales.

Comprometer al Estado a gastar cada vez más en la educación superior ha sido un error fiscal y de política pública. No solo se pierde la oportunidad de invertir en los niveles de educación parvularia, que son aquellos más rentables de la sociedad, sino que también se reduce el espacio del fisco para maniobrar en situaciones económicas de difícil solución.