Opinión
Una renuncia al futuro: la decisión del Gobierno frente a la Educación Sexual Integral
La pregunta que queda en el aire es esta: ¿qué le dice un país a su infancia cuando decide no darle herramientas para comprender el mundo y las formas que habita?
Hay decisiones políticas que no solo omiten una ley, sino que abandonan convicciones. La reciente negativa del Gobierno a redactar y enviar al Congreso un proyecto de ley sobre Educación Sexual Integral (ESI) es una renuncia a la responsabilidad que el Estado tiene frente a niñas, niños y adolescentes.
La ESI no es un deseo de nicho ni menos una ideología de unos pocos, sino que es un derecho y una herramienta fundamental de protección.
En países que la han implementado, como Argentina, España o Suecia, se ha demostrado que previene abusos, embarazos adolescentes no deseados, infecciones de transmisión sexual y reduce la violencia de género. Más aún: la ESI amplía horizontes. Enseña a las personas jóvenes a reconocer su cuerpo, a respetar la diversidad, a construir relaciones libres de violencia y a ejercer su ciudadanía con autonomía.
Que un Gobierno decida no avanzar con este proyecto no es neutral. Es alinearse, por omisión, con quienes han hecho de la ignorancia un programa político. Con quienes piensan que hablar de sexualidad es corromper, y callar es proteger. La historia demuestra lo contrario: callar nunca ha protegido a la infancia, ha protegido a los abusadores.
Este silencio legislativo tampoco ocurre en el vacío. Llega en un momento donde las fuerzas reaccionarias, dentro y fuera del país, despliegan una cruzada contra todo aquello que nombra lo diverso. La misma matriz que combate la igualdad de género, los derechos LGBTIQ+, o la memoria de las luchas feministas, es la que hoy celebra que no exista una ley de ESI.
La pregunta que queda en el aire es esta: ¿qué le dice un país a su infancia cuando decide no darle herramientas para comprender el mundo y las formas que habita? La respuesta es brutal: le dice que no confía en ella. Que prefiere el riesgo del abuso antes que el poder de la educación.
En Fundación Iguales insistimos: la educación sexual integral es una deuda democrática y una urgencia social. Si este gobierno decide no asumirla, la sociedad civil y las comunidades educativas seguiremos recordando que la infancia merece algo mejor que el miedo y el silencio. Y que una democracia sin coraje para proteger a quienes lo necesitan es apenas una sombra.
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