La tormenta perfecta

“Parásitos”, “grasa del Estado” y “operadores políticos”, son algunos de los adjetivos que se repiten cada vez más para referirse a los empleados públicos, terminando por constituirse en una especie de perverso sentido común, sin duda también alentado por conductas de malos funcionarios, que son una minoría. 

A pesar de que antes, este tipo de descalificación ha estado presente en nuestra historia, desde el retorno de la democracia no confluían factores que, alineándose con estos adjetivos, tuvieran la capacidad de redefinir inciertamente la gestión y la normativa del empleo público, como lo están haciendo ahora.

Estos factores operan en un contexto macroeconómico que puja fuertemente para reducir los niveles de gasto que se transforman en endeudamiento, entendiendo que el empleo público viene aumentando sostenidamente desde hace años sin importar el signo político de quien gobierne.

El primer factor de la tormenta es el mundo político, que con manifiesta irresponsabilidad ha enfrentado el problema de la modernización del Estado y, particularmente, el empleo público, haciendo primar siempre las conveniencias particulares, por sobre el interés general, al tratar de mantener a la mayor proporción de funcionarios (contratas y honorarios son la mayor parte de los empleados públicos) a merced de la arbitrariedad de quienes consideran este espacio como un botín de guerra, negándose hasta ahora a modernizar el Estatuto Administrativo.

Curiosamente, el segundo factor es la Contralora Pérez, que, apenas concluidas las negociaciones, con el mundo político, que le permiten asumir el cargo, desestima el criterio de “confianza legítima” que su antecesor había instalado para atacar el problema de la arbitrariedad en los despidos de funcionarios, que en ese momento (año 2016) estaba costando miles de millones de pesos al Estado, por la vía de indemnizaciones o reintegros sentenciados por los tribunales de justicia. Entregando así, en bandeja, un preciado botín a quienes la nombraron. Es importante señalar que lo actuado por el ex Contralor Bermúdez, operó sobre la inacción de quien estaba llamado en primer lugar a resolver el problema; el mundo político.

El tercer factor es la ciudadanía, que tiene una muy mala opinión sobre los empleados públicos, sean estas opiniones válidas o no. En los últimos años no existen estudios de opinión en que la evaluación sea positiva y los malos actos de algunos funcionarios refuerzan este juicio. Ello se ve, además, afectado por condiciones estructurales que convierten a los funcionarios en privilegiados; si consideramos por ejemplo que el recibir un sueldo predecible todos los meses es un privilegio en nuestro país.

El último factor viene del mismo mundo de las organizaciones de trabajadores del sector público, que no hemos tenido la capacidad de generar un debate legitimado en la base respecto del problema del Empleo Público, que, defendiendo derechos legítimos, nos permita ofrecer a la ciudadanía una propuesta que aporte a la modernización del Estado y al mejor servicio a nuestros usuarios. Esa es una tarea ardua, pero imprescindible.