La arquitectura como herramienta democrática

Cuando hablamos de arquitectura, solemos pensar en casas, o en diseños de edificios. Sin  embargo, la arquitectura es mucho más que eso. Las escuelas de arquitectura la definen a veces como “una disciplina que crea la forma de habitar en un territorio”. Dicha definición encierra múltiples dimensiones que ayudan a comprender mejor el quehacer humano y su forma de convivir. 

Desde las primeras civilizaciones, la arquitectura configuró la forma de habitar, estableciéndose jerarquías y sistemas políticos reconocibles en los territorios. Desde Mesopotamia hasta Egipto y luego en las urbes modernas, el espacio construido ha reflejado las diferencias sociales y, más aún, los sistemas políticos que las sustentan. No se trata solo de un hecho de segregación, sino de una consecuencia directa de decisiones políticas que configuran estas realidades. 

Los sistemas políticos que rigen a las sociedades dictaminan, de manera invisible, cómo habitamos. Las dictaduras, por ejemplo, son propensas a fragmentar y aplastar el tejido social, para mantener una comunidad poco consciente, difícil de organizar o de exigir  transformaciones. Pero incluso las democracias no están exentas de este riesgo. 

Platón, en su libro La República postulaba que la peor fórmula de gobernanza, con excepción de las dictaduras, era la democracia, pues al basarse en la “voluntad de las mayorías”, nada aseguraba que “el más votado” fuese el más idóneo. Entonces, muchas veces las sociedades, y en especial aquellas del tercer mundo, suelen tener gobernantes que, independientemente de sus intenciones, no necesariamente poseen la claridad ni la lucidez suficientes para que en su actuar político prevalezca el bien común a los intereses particulares o las urgencias del corto plazo. 

El caso de Brasilia es un ejemplo elocuente. Inaugurada en 1960 como la “Capital del  Futuro”, fue concebida bajo la premisa de democratizar el urbanismo: complejos habitacionales que procuraban dotar de dignidad tanto al trabajador como al diplomático, servicios accesibles y una arquitectura de vanguardia que, en palabras de Oscar Niemeyer, sería “una obra de arte dispuesta para que todo el pueblo pudiese apreciarla”.

Sin embargo –y como suele ocurrir–, el plano piloto se desvió. Pensado para 500 mil habitantes, se convirtió en un triste ejemplo de descontrol inmobiliario y demográfico. La ciudad modelo terminó expandiéndose sin orden ni justicia territorial, convertida en una mancha que desbordó los ideales sociales que le dieron origen. A la dictadura brasileña poco le importó mantener el legado de un proyecto progresista. 

En Chile, por esos mismos años, el Estado asumía con inteligencia el desafío de la vivienda mediante organismos como la CORVI y la CORMU, que, con recursos limitados, impulsaron  fórmulas para realizar verdaderas transformaciones urbanas. Sin embargo, la irrupción de la dictadura militar impidió que estos procesos continuasen.

El desmembramiento del Estado y la desaparición de la planificación territorial, consolidaron un modelo económico que profundizó la segregación y la desigualdad social. Mucho se ha tratado para revertir esto, pero la falta de conciencia política y económica nos hace repetir los mismos errores, mitigando los efectos sin atacar las causas. 

Hoy, más que nunca, es deber de la ciudadanía recordar que la planificación urbana y la arquitectura no solo son asuntos técnicos: son expresiones políticas. Comprenderlo es fundamental para construir un Estado desarrollista que piense más allá de los períodos electorales, y que haga del territorio un espacio de equidad, dignidad y verdadero desarrollo.